De mal en peor

Cae "parche" del gobierno para evitar millonario juicio

Judiciales siguen adelante con la demanda por el 26% de aumento salarial.

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Festejo: judiciales tomaron la caída de los artículos de la ley como una victoria. Foto: M. Bonjour.

Los judiciales volvieron a torcerle el brazo al Poder Ejecutivo. El tercer intento del gobierno para evitar el millonario pago de un aumento salarial del orden del 26% a los funcionarios, el cual se generó por un error en la Ley de Presupuesto de 2010, fracasó dado que la ley 19.310 corrió la misma suerte que sus antecesoras y sus artículos más importantes (2, 8 y 9) fueron declarados inconstitucionales.

Así las cosas, el juicio iniciado por los judiciales y que se encuentra en apelación luego de recibir una sentencia favorable, se mantiene en todos sus términos y de ganar, Rentas Generales deberá apelar a más de 120 millones de dólares para financiar el aumento en cada período de gobierno.

Los judiciales recibieron la noticia como un "triunfo", aunque precisaron que ahora el gobierno tiene la "oportunidad" de sentarse a la mesa y negociar a cuenta del eventual resultado del juicio, un aumento del 8% e incluirlo en el Presupuesto que se discute en el Senado.

Ayer, El País consultó a senadores del Frente Amplio que prefirieron no opinar hasta no leer el fallo de inconstitucional emitido por una Corte Ad hoc integrada por ministros de los tribunales de Apelaciones.

Igualmente, admitieron que la salida a lo que calificaron como un gran "embrollo" deberá ser política y negociada.

Un embrollo.

Todo comenzó cuando en la ley de Presupuesto de 2010 que envió el gobierno de José Mujica se resolvió aumentar el sueldo de los ministros de Estado (equiparándolo al de los senadores). No se tuvo en cuenta que de esa manera se aumentaba también el salario de ministros de la Suprema Corte, y como al de ellos estaban enganchados porcentualmente los salarios de los escalafones 2 al 7, se generó una bola de nieve. Los judiciales promovieron una demanda para cobrar los aumentos de enero a abril de 2011 y recibieron sentencias favorables.

El Parlamento aprobó dos leyes interpretativas para dejar sin efecto los aumentos, pero ambas fueron declaradas inconstitucionales.

La última solución, o parche como le llaman los funcionarios judiciales, fue la ley 19.310, promulgada en enero de este año. Se estableció una partida de 459 millones de pesos, suficiente para abonar tres sueldos, a cambio de que la Suprema Corte acordara "una solución de carácter general que cuente con la adhesión del 70% de los funcionarios".

"La adhesión a la solución que se proponga mediante dicho procedimiento seguida de la aceptación de la suma que resulte del mismo, implicará, de pleno derecho, la renuncia del funcionario a promover cualquier tipo de reclamación en sede administrativa o jurisdiccional o el desistimiento de las que eventualmente hubiere promovido", sostiene la ley.

Para la Corte integrada, este artículo "significa una modificación salarial, de sentido negativo, razón por la que previó acuerdos de carácter general con adhesión calificada de los funcionarios, solución que solo puede entenderse en carácter de renuncia en hipótesis de afectación de derechos, también violatoria de la norma constitucional".

También fue declarado inconstitucional el artículo 2 de la ley, que pretendía interpretar una ley de 1985 para que bajo el concepto de "dotación" que reciben los ministros de la Suprema Corte quedaran incluidas "la totalidad de las sumas que por cualquier concepto puedan percibir, independientemente de su fuente de financiamiento, grupo u objeto de gasto al que se impute, se encuentren o no alcanzadas por las contribuciones a la seguridad social e impuestos. Solo podrán agregarse el sueldo anual complementario, prima por antigüedad, beneficios sociales y los aumentos generales que correspondan".

De esta manera, se perjudicaba a los funcionarios dado que, según la sentencia de la Corte, los sueldos se enganchan por el salario y el resto de las partidas (por todo concepto) que perciben los ministros.

También cayó el artículo 9, que modificaba el Código General del Proceso y excluía al Poder Judicial para que a partir de la vigencia de la ley "toda ejecución de sentencia de condena, laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente que obligue al Poder Judicial al pago de una cantidad líquida y exigible devenida firma, será abonada con cargo al presupuesto del Inciso".

La Corte entiende que vulnera la consagración de la separación de poderes y el principio de igualdad en la satisfacción de créditos perseguidos por los ciudadanos. Esta interpretación podría hacer un artículo con idéntico espíritu que se vota en el actual presupuesto.

Quedó en pie partida para aumentar 8%.

El artículo 3° de la ley 19.310 fue el único que quedó en pie de los que fueron recurridos por los funcionarios del Poder Judicial. La Corte entendió que carecen de legitimidad para accionar contra él. El artículo previó una partida para el ejercicio 2015 de 246 millones de pesos para "distribuir entre la totalidad de los funcionarios". Representaba un aumento del 8%, pero el Ejecutivo advirtió que no la haría efectiva hasta no conocer el fallo de constitucionalidad emitido ayer.

Ahora los judiciales reclaman que el gobierno "se siente a negociar" e incluya este pago en el Presupuesto que se discute en el Parlamento.

"Esta es una sentencia muy positiva para los trabajadores. Desde que se votó el Presupuesto 2010 ha habido tres leyes por las que el Poder Ejecutivo busca una solución unilateral al conflicto. Está claro que esas leyes son parches que no logran nada y los trabajadores seguiremos reclamando por nuestros derechos salariales. Con esta nueva inconstitucionalidad queda claro que se necesita una solución política y acordada", dijo a El País el presidente del sindicato de los judiciales Carlos Fessler.

Dijo que el hecho de que haya quedado en pie el artículo 3 "posibilita una instancia de diálogo".

"Ese dinero se puede utilizar para disminuir algunas inequidades en los salarios del Poder Judicial", dijo Fessler sobre los 246 millones de pesos. Adelantó que el juicio por el 26% de aumento sigue en todos sus términos. "La ley pretendía que renunciáramos a nuestros derechos, la ley cayó y esto sigue", indicó Fessler a El País.

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