Mides quiere cerrar centro y usarlo para niños del INAU; usuarios ocupan.

Poco antes de morir, el 3 de abril de 1911, Tiburcio Cachón, sin herederos, testó todas sus propiedades a su hermana Leonor Cachón de Correa. Esta quedó habilitada para "arrendar los bienes usufructuados, tantas veces como le convenga hasta por el término de diez años". Sin embargo, en otro punto del mismo documento al que accedió El País, Cachón advertía que "es su voluntad que al fallecer su referida hermana, la Asistencia Pública Nacional, o la Institución que haga sus veces —en referencia a lo que hoy es el Ministerio de Salud Pública—, reciba todos los bienes raíces del Exponente y construya en las inmediaciones de esta ciudad un asilo para Ciegos".

En momentos en que usuarios y exusuarios del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas y con Baja Visión ocupan la institución, luego de que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informara que el plan es usar el lugar para niños judicializados que hoy están en el Pereira Rossell y trasladar a quienes asisten allí al Instituto Artigas, ubicado en Camino Maldonado, este documento echa luz sobre cuál era la voluntad del dueño original.

Cachón aclaró en su escrito, que lo que él quería era que todas sus propiedades se utilizaran para la generación de un "Asilo para Ciegos". Advirtió que este debía ser "realizado de inmediato o en el término de dos años" luego del fallecimiento de su hermana, que se tenían que usar "las propiedades necesarias para cubrir su costo", y que era necesario "conservar las demás para atender con las rentas que produzcan, el sostenimiento" económico del lugar.

Este testamento fue desconocido por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, durante su comparecencia la semana pasada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La jerarca advirtió, según expone la versión taquigráfica: "Quiero despejar una leyenda urbana que dice que el instituto Cachón pertenecía al señor Cachón y que era una donación para ciegos". Y explicó: "El instituto Cachón —y tenemos la fotocopia de los títulos con nosotros— fue vendido por un tal señor José Peirano a la Liga Uruguaya Contra la Tuberculosis, que desde 1911 es dueña del edificio, por el cual el Estado siempre pagó un alquiler".

Ante las palabras de la ministra, la diputada nacionalista Graciela Bianchi advirtió que la escritura de la venta de Peirano a la Liga, que es una asociación civil sin fines de lucro, es del 20 de octubre de 1911, mientras el testamento es del 3 de abril del mismo año. La representante consideró que existe un "problema" por las dos versiones que se manejan sobre las propiedades que pertenecieron a Cachón, al tiempo que pidió al departamento notarial del Mides que haga un "estudio serio" para despejar las dudas.

Lo que Peirano vendió a la Liga es el padrón 14.485 solar 15, que es donde hoy está ubicado el instituto. Otro dato que genera curiosidad, es que quien representa a la Liga en el documento es Rossell y Rius, cuando la esposa de Cachón se llamaba Rosalía Rius. Lo que el Mides tiene para sostener su tesis de que el terreno no pertenecía a Cachón es la escritura de venta de Peirano. Bianchi advirtió que lo que la cartera debería mostrar es el título de propiedad que certifique a quién pertenece el terreno.

La diputada nacionalista señaló que hay un plano de 1939, el cual es "completamente distinto a la escritura de 1911" en la que se basó el testamento. Señaló que por esos años Catastro cambiaba los nombres de los padrones sin avisar a los propietarios, e insistió en que, por tanto, es necesario llevar adelante una investigación.

Es cierto que la Liga siempre cobró un alquiler por ese lugar, desde que este fue abierto tras una resolución del Poder Ejecutivo del 17 de noviembre de 1915. Ese alquiler hoy roza los 130.000 pesos por mes.

El plan del Mides de mudar el instituto Cachón parece ser inevitable. Sin embargo, desde la cartera reconocieron que muchas de las dificultades que alegan los usuarios del centro para no querer mudarse del edificio ubicado en Brazo Oriental al otro en Camino Maldonado, son ciertas. Estos denuncian, entre otras cosas, dificultades de transporte y la inexistencia de veredas.

Arismendi dijo que la cartera está trabajando con el Municipio F, con la Intendencia de Montevideo y el Ejército en la creación de calles y caminos para que se pueda mejorar la accesibilidad. También señaló que el Mides ya comunicó a los usuarios de Cachón que estos tendrán a disposición una locomoción para aquellos que todavía no han desarrollado una autonomía total. "También es cierto que hay una parte de ellos —porque no actúan unánimemente, y es lógico— que nos contesta por escrito que no quieren locomoción, porque desean ser autónomos y andar en los ómnibus", contó.

En el Instituto Artigas se sigue utilizando el modelo asilar, por el cual las personas ciegas "viven y mueren ahí", explicó Arismendi. El predio y el edificio, que fue construido por Francisco Piria, es una donación. La jerarca señaló que la dificultad de tener dos centros radica en que hay "una carencia muy importante de técnicos en Montevideo, y una catástrofe —usó este término expresamente— en el resto del país". Arismendi dijo que la cartera ha "mandado gente a capacitarse fuera del país, por ejemplo a Estados Unidos, pero hoy está trabajando en otro lado".

La decisión de cerrar Cachón se tomó en marzo de este año. "Por un lado, tenemos la necesidad de generar un centro potente de orientación, de movilidad, de aprendizaje de braille, de las cuestiones de la vida diaria, de informática", lo cual se llevaría a cabo en el Instituto Artigas, dijo la ministra. Y, por otro, señaló que "se necesita un lugar para bebés y niños de hasta seis o siete años que están en extrema vulnerabilidad (...) Están judicializados, esto es que están separados de sus padres, se encuentran en la órbita del INAU y están en distintos lugares, como por ejemplo el Pereira Rossell".

En Uruguay hay unas 90.000 personas que tienen discapacidad visual, ya sea ceguera o baja visión. Cada cuatro personas que tienen ceguera, otras tres tienen baja visión. O sea que hay 22.500 personas ciegas, según las cifras dadas por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, la pasada semana en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. "En estas cifras no están incluidas las aproximadamente sesenta mil personas que hemos operado de cataratas. Estas operaciones hoy ya fluyen, no es una cosa extraordinaria ni hay acumulación de demanda", sostuvo la ministra en su informe a la Cámara.

POLÉMICO TRASLADO DEL INSTITUTO CACHÓN