Gobierno se reunió con la Cámara de la Construcción.

El secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, mantuvo reuniones con el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, y con integrantes de la dirección del Sunca, para buscar "alternativas para la inserción laboral de todas las familias (sirias) reasentadas" en Uruguay. Así lo expresó Presidencia en un comunicado.

El documento también advierte que "se vienen realizando varios encuentros con empresarios y sindicatos, apelando también a la sociedad civil y a su compromiso a favor de la inclusión". El gobierno además aclaró que ya les advirtió a las dos familias sirias que acampan en la Plaza Independencia que no se les dará más ayuda económica.

Las familias están acampando frente a la Torre Ejecutiva desde el pasado lunes. Reclaman poder salir del país. Y dicen que no tienen dinero para volver a Salto, el departamento en el que estaban viviendo. Se gastaron $ 12.000 para llegar a Montevideo.

En el comunicado se señala que un equipo técnico del Programa de Reasentamiento de Personas Sirias, "ha concurrido nuevamente a la Plaza para continuar dialogando con las familias y fortalecer el proceso de apoyo".

Sin embargo, el documento deja claro que no se pueden afrontar algunos de los reclamos que hacen los refugiados. En este sentido se señala que "el gobierno no puede dar más ayuda financiera de la que ya se otorga, y que no está en su potestad que las familias que lo deseen, puedan irse del país".

Presidencia explica, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, que la posibilidad de que los refugiados sirios puedan salir de Uruguay "depende exclusivamente de que terceros países les otorguen una visa, trámite que deben hacer los interesados y no lo puede realizar el Estado".

"Reiteramos que en acuerdo o desacuerdo, la angustia de las familias no deja de ser legítima y por esto consideramos que esta situación crítica no debe fomentar la estigmatización o discriminación, sino motivarnos a involucrarnos todos por un país integrado", señala Presidencia.

Luego, en negrita, el Ejecutivo dice que "se continuarán buscando vías de diálogo para que las dos familias presentes en la plaza regresen a los lugares donde viven y —desde allí— seguir acompañándolas en un contexto de mayor seguridad para todos, particularmente para los niños".

Esta semana El País entrevistó a Mohamed Alshebli, que permanece en Salto, mientras su familia acampa frente a la Torre Ejecutiva. "En una semana se nos termina el dinero y mi padre está muy angustiado, por eso quiere más ayuda y volver al Líbano; solo de pasaje de ida a Montevideo gastó $ 12.000 y ahora no tienen para volver, si es que vuelven, porque yo no sé qué está pasando", señaló.

Su familia viajó a Montevideo sin informar a la dirección de la Escuela 26 de Colonia Osimani y Llerena, a la cual concurren siete de los niños menores del matrimonio Alshebli. Estos niños ahora están acampando frente a la Torre Ejecutiva.

El único hijo de Alshebli que permanece en la chacra cuida del rebaño de cabras y ovejas y de las plantaciones de pepinos y berenjenas. "Nunca estuvimos tan mal como ahora, por más que dicen que nos han apoyado, no cumplieron con lo que le prometieron a mi padre cuando le ofrecieron venirse", señaló. Según Mohamed, la familia pagó US$ 500 que debía a una semillería y debió pagar también $ 6.000 a UTE.

El diputado nacionalista Pablo Abdala adelantó a El País que en las próximas semanas convocará al secretario de Derechos Humanos, Villarreal, para que informe sobre la situación de las familias sirias refugiadas que llegaron a Uruguay en 2014.

REFUGIADOS SIRIOS