La Rendición de Cuentas se votó en general en comisión.

Como en toda instancia presupuestal, el problema es uno solo: definir de dónde sacar el dinero que hace falta para atender los reclamos de distintos sectores. En eso está el oficialismo y la oposición en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, a pocos días del inicio de los debates del plenario, el martes 1° de agosto.

La situación es de continua negociación y eso seguirá en esta jornada, cuando seguramente el Ministerio de Economía presente una fórmula alternativa para el polémico artículo 15 del proyecto —que exime al Estado de pagar adeudos por juicios en su contra en caso de que esto afecte "la atención de los servicios a su cargo". El propósito es evitar su fracaso dado que hoy no tiene los votos necesarios para ser aprobado.

En conversaciones con autoridades de Presidencia y de Economía, el sector Asamblea Uruguay, que lidera Danilo Astori, planteó como alternativa que específicamente la nueva redacción establezca la referencia de no pagar cuando se trate de "situaciones excepcionales y no fallos comunes".

Ayer en la comisión legislativa se avanzó bastante en el articulado ya que de los 277 que tiene se aprobaron unos 170, quedando postergados los que presentan dificultades para alcanzar el voto 50. Los artículos 4 (que modifica el régimen de ascensos en el Estado) y 9 (que permite que personas destituidas del Estado por ineptitud, regresen a los cargos tras diez años), fueron eliminados de la Rendición de Cuentas y pasados a comisión para que sean analizados exhaustivamente. Probablemente ambos "queden en el olvido", dijeron a El País fuentes legislativas.

La Rendición plantea una suba de la Tasa Consular del actual 2% a 3% para las importaciones provenientes de países del Mercosur, y a 5% para las originadas por fuera del bloque. En la discusión de la comisión hubo fuertes resistencias, reflejo de la opinión de sectores productivos y empresariales. Por eso, ayer se votó negativamente, pero el Frente Amplio, que no tiene mayoría en la comisión, presentará el mismo artículo en el plenario como aditivo. El diputado de Unidad Popular (UP) Eduardo Rubio sumará su voto a los 49 del oficialismo y así finalmente se impondrá.

Entre oficialismo y oposición hay coincidencias en las áreas a asistir, pero el problema radica en "identificar las fuentes de financiamiento", dijo el diputado frenteamplista Alejandro Sánchez, sin afectar las políticas públicas.

La Enseñanza es claramen-te un objetivo de todos los partidos. La Rendición prevé aumentar en US$ 112 millones el gasto. De ese total, US$ 62 millones son para la Educación, cuyo presupuesto asciende a US$ 87 millones ya que se suman otros US$ 25 millones ya establecidos. Pero no alcanza.

El diputado nacionalista Jorge Gandini presentó ayer en la comisión una propuesta para financiar por medio de la Rendición de Cuentas gastos en 2018 que requiere ANEP ($ 200 millones), los auxiliares de servicio de la Enseñanza ($ 133 millones), la Universidad Tecnológica ($ 150 millones) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ($ 30 millones) por un total de $ 713 millones más otros compromisos con INAU e Inisa, llegándose en total a unos US$ 32 millones.

Asimismo, los nacionalistas presentaron un artículo como aditivo por el que se deroga el artículo 733 de la ley de Presupuesto 2015 que habilita al Poder Ejecutivo a postergar el pago de sentencias en su contra hasta una instancia presupuestal que la ley no define.

El aditivo redactado dispone que ese artículo derogatorio entre en vigencia en la fecha que se promulgue la ley de Rendición y no el 1° de enero de 2018 como el resto del articulado.

En cuanto al Fondo de Estabilización Energética (FEE) de UTE, se negocia también ponerle un tope para el futuro de aproximadamente US$ 125 millones, explicó Gandini a El País. Y con vistas a los recursos que ya posee el mencionado fondo, la idea es tomar los mismos US$ 170 millones que el ministro Danilo Astori quiere usar para el ferrocarril y UPM, y destinar US$ 100 millones para el nuevo Hospital de Clínicas, unos US$ 40 millones para pagar la deuda con los funcionarios judiciales y una parte final para crear un fondo de emergencias climáticas.

RENDICIÓN DE CUENTAS