La pesquera Fripur, que dejó de operar la semana pasada, tiene US$ 70 millones de pasivo concursal de los cuales US$ 40 millones se le deben al Banco República. Félix Abadi, interventor en nombre de la Justicia desde hace un año en Fripur, reconoció que el banco público prestó esa cifra con una garantía de US$ 23 millones, pero aclaró que "es común" que los bancos presten a las empresas por el "flujo de caja". Sin embargo, reconoció que Fripur lleva cinco años de pérdidas.

"Es un préstamo que se fue formando a lo largo de varios años. A partir que nosotros fuimos interventores esa deuda no se agrandó", aseguró Abadi a El País TV.

El interventor, que desde hace un año se encarga de controlar que no se produzcan desvíos de fondos, pago a acreedores y busca un convenio, comentó que actualmente corre el plazo de 15 días que marca la ley 18.387 de Concurso para la liquidación judicial de la pesquera.

Luego vendrá el desplazamiento de los directores y la venta de la compañía. Según la legislación, Abadi tendrá que producir un informe de calificación, un expediente del proceso dónde aparece el análisis de cuál fue la conducta de la empresa, incluso antes de la intervención, además de calificar si el concurso fue fortuito o culposo.

La venta de la pesquera, en primera instancia, se intentará que sea en bloque. Hay un plazo de 90 días para hacerlo. Si allí no se concreta la venta hay una prórroga de otros 90 días para seguir intentándolo. Si transcurridos los seis meses no hay comprador se procede al remate por partes.

A partir del desplazamiento de los directores, Félix Abadi deja de ser interventor de Fripur para pasar a ser síndico de la compañía.

"Ser interventor significa co-administrar; al ser síndicos se pasa a ser el administrador", había explicado a El País en ese estudio jurídico.

Cuando la empresa entró en concurso un año atrás presentó un escrito, al que accedió El País, en el que afirman que la crisis financiera internacional desencadenada en 2012, y su impacto en el sector real de la economía, "se ha visto reflejada fuertemente en la actividad de la empresa". Menciona también el "retiro de Uruguay de la lista de países beneficiarios del sistema generalizado de preferencias (SGP) de la Unión Europea, que se hiciera efectivo a partir del 2014" y afirman que generó un "impacto comercial negativo".

El escrito de los hermanos Máximo y Alberto Fernández, principales de Fripur, menciona en último lugar las retribuciones de los trabajadores, el combustible, los permisos de pesca, los servicios financieros, la energía eléctrica.

"El fuerte incremento del costo de las pólizas de accidentes de trabajo el que no ha tenido correlación alguna con posibles variaciones en el nivel de siniestralidad y la apreciación del peso frente al dólar", son algunos de los argumentos presentados.

En ese plazo recibió US$ 40 millones en varias etapas