GERARDO SOTELO

Barato

El gobierno resolvió descontarles a los funcionarios registrales el 10% del salario de los días que duró el conflicto.

La decisión se ampara en el decreto 401/2008, aprobado durante la presidencia de Tabaré Vázquez, y prevé descuentos para los funcionarios de la Administración Central "en forma proporcional" cuando estos "adopten medidas gremiales que supongan la disminución de sus tareas dentro de su horario habitual". Según reconocen los propios escribanos, quienes habían denunciado los duros contratiempos que la medida gremial estaba generando en su trabajo y en el de sus clientes, de los más de siete mil trámites atrasados que había a fines de diciembre ya no quedan rastros. Al parecer, los registrales cumplían con la tarea de realizar los certificados limitando su medida de lucha a no entregarlos.

Si el sentido de la proporcionalidad que aplicaron las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (al que pertenecen los funcionarios registrales) es meramente cronológico, el decreto carece de sentido y hasta el magro 10% parecería un descuento abusivo por un pasamanos de papeles entre un funcionario y un escribano.

Parece claro que la proporcionalidad del descuento debe medirse en la relevancia que la tarea suspendida tiene en el conjunto del proceso productivo. Alcanza con imaginar el mismo criterio aplicado a un futbolista profesional que, habiendo entrenado durante toda la semana, no se presente a disputar el partido invocando una medida gremial. Da la impresión de que la resolución ministerial no fue motivada por un lapsus de irracionalidad o falta de tino sino por los avatares políticos. Luego de medidas adoptadas, los funcionarios levantaron el conflicto con la promesa del ministro Ricardo Ehrlich de interceder ante el Ejecutivo por sus demandas. ¿Cómo se puede ser tan duro con el público, que en este asunto no tiene arte ni parte, y tan condescendiente, al final del día, con el representante patronal? El 10% tiene que ver más con la política que con la lógica o el derecho laboral.

En medio de un conflicto que ha paralizado a la Justicia (incluyendo a los propios magistrados) el Ejecutivo buscó mitigar el impacto negativo de su solución a la demanda salarial, que para los registrales es meramente declarativa. El problema es que al fijar un descuento del 10% por una distorsión de gran impacto sobre el público que demandó el servicio, el gobierno está fijando el precio y el costo del próximo conflicto.

No importa cuál sea el siguiente reclamo (varios sindicatos estatales tienen demandas legítimas), la salida a este conflicto define un círculo perverso: cuanto mayor sea la distorsión y menor el beneficio concedido, menores serán también los descuentos, más allá de lo que diga el decreto 401/2008 y del daño que se le cause al público. No es la primera vez que ocurre y probablemente no sea la última, pero conviene recordar que estas negociaciones no son entre particulares. Se financian con el dinero de los ciudadanos.

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