Cuestiona sanciones y solicita aclarar el rol que le adjudican.

Autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU) se manifestaron desconformes sobre la forma en que el llamado "proyecto de ley Uber" establece su participación en la regulación de las aplicaciones tecnológicas.

Desde el mes de abril, la Comisión especial de innovación, ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados estudia un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular los servicios que prestan empresas como Uber o Airbnb.

Uno de los artículos más cuestionados ha sido el 9, que permite al BCU, ante la simple denuncia de cualquier organismo público de contralor, bloquear a través de las instituciones que regula, las cuentas bancarias de los presuntos infractores.

Sobre este punto se manifestó esta semana Jorge Luis Gamarra, vicepresidente del BCU, al ser invitado por la comisión. Fue el pasado lunes 8, cuando la comisión recibió a autoridades del banco, entre integrantes de otras tres instituciones consideradas de especial idoneidad en los temas del proyecto (estuvieron presentes también la Cámara de Telecomunicaciones, el Colegio de Abogados y la Internet Society).

Gamarra, según se recoge en la versión taquigráfica de la reunión, se pronunció sobre cómo participará el banco y en qué consistirán las sanciones.

Entre otros aspectos, hizo énfasis en que hablar de bloquear "las cuentas bancarias de los presuntos infractores", es algo mucho más amplio que bloquear la cuenta de un determinado banco, donde una persona puede depositar su ganancia por el servicio que ofrece en una aplicación como Uber.

"Se dice que el Banco Central del Uruguay procederá a instruir a las instituciones sujetas a su control, que impidan preventivamente cualquier otra operación, desde y hacia las cuentas de las personas", señaló Gamarra.

Y luego agregó: "Cuando hablamos de las cuentas hacemos referencia a cualquier cuenta, es decir, no exclusivamente a la de la tarjeta de crédito sino a la cuenta corriente, a la caja de ahorro; hay sujetos que tienen cuentas en las AFAP y hay quienes tienen cuentas en las aseguradoras. Esto abarca un espectro enorme de cuentas" de una misma persona.

Ante esto, señaló, el banco "no tiene problema" en cumplir con la medida. "Simplemente, queremos alertar que esa medida va a afectar a un espectro muy amplio de la vida de un sujeto".

Por otra parte, el vicepresidente del Central se manifestó en desacuerdo con que el banco quede facultado para "mantener la medida" hasta que el infractor regularice la situación.

"Esa facultad implica que el banco puede decidir si mantiene la medida, o no; pero en realidad no puede decidir porque no tiene elementos para resolver eso", argumentó Gamarra, abogado de profesión.

Asimismo, objetó el vicepresidente, el proyecto "supone que el infractor puede decir ya regularicé y el banco tiene que empezar a averiguar si regularizó o no, a pedir información y pruebas".

Sea cual sea el organismo público de contralor que realice la denuncia de incumplimiento de una norma por parte de una aplicación, el mismo organismo debería ser el responsable de comunicar si esa sanción es levantada o no, consideró Gamarra.

"De esta manera, el banco queda sin posibilidad de que se genere ninguna discusión" sobre el tema", apuntó.

La Cámara de Economía Digital del Uruguay (CEDU) y la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información (CUTI) se habían manifestado ya sobre la inconstitucionalidad del proyecto de ley en general y del artículo N° 9 en particular.

REGULACIÓN DE LAS APLICACIONES