LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Bancarización: un plebiscito haría caducar los contratos

Abogados advierten que “puede ser excesivo y, a la larga, ser perjudicial”.

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Eventual plebiscito complicaría la situación de los seguros obligatorios. Foto: Archivo

"No me parece que sea de buena técnica constitucional incluir una cláusula de este tipo en la Constitución. Asimismo, sus consecuencias pueden ser muy complejas". Así de categórico fue el abogado constitucionalista Martín Risso, al referirse a la modificación del artículo 36 de la Constitución de la República, que se pretende incluir mediante un plebiscito impulsado por diversas cámaras empresariales del interior del país y organizaciones civiles.

En concreto, el experto advirtió que se verían en peligro la vigencia de la ley de seguro de accidentes de trabajo y la que refiere al Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), entre otras.

De prosperar la reforma constitucional, el mencionado artículo quedaría de la siguiente manera: "Artículo 36: Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo limitaciones de interés general que establezcan las leyes. Nadie podrá ser obligado a celebrar un contrato en contra de su voluntad, ni podrá ser sancionado, directa o indirectamente, por no hacerlo. El Estado asegurará el ejercicio de dicha libertad. El uso de mecanismos de dinero electrónico o de cualquier otro instrumento financiero, será opcional para los contratantes".

La medida es impulsada por los sectores empresariales como reacción ante la obligatoriedad que ejerce el actual sistema de bancarización establecido por la Ley 19.210 de Inclusión Financiera.

Repercusiones.

A entender de Risso, si bien la libertad es un principio general, "se prevé que por ley (garantía formal) y por razones de interés general (garantía sustancial)", que existan restricciones. "A veces se prohíben ciertos contratos o ciertas cláusulas en ellos. Por ejemplo, no se puede firmar un contrato para matar a alguien (sería ilícito) ni se pueden establecer intereses usurarios. Al contrario, hay contratos que son obligatorios, como los seguros de accidentes de trabajo, de responsabilidad mínima para automóviles, etcétera. Otras veces son obligatorias ciertas formalidades (como cuando se exige escritura pública) o se establecen requisitos ineludibles (en los contratos laborales hay una cantidad de previsiones que son obligatorias). En muchos casos puede ser razonable la prohibición o la obligación establecida por ley", puntualizó el experto.

En el caso que se apruebe y se prohíban —mediante una reforma constitucional— que se establezcan por ley obligaciones de celebrar ciertos contratos entre privados, la medida "puede ser excesiva y, a la larga, ser perjudicial", amplió.

En la misma línea se pronunció el también abogado y experto constitucionalista Ruben Correa Freitas, quien advirtió que "si nadie está obligado, entonces la obligatoriedad que establece la Ley para el seguro de los automóviles por ejemplo, evidentemente cae, de eso no tengo ninguna duda porque es una norma de carácter general que afecta a toda norma obligatoria de celebración de un contrato", indicó.

Ante ello Correa Freitas aseguró que antes de aprobar la reforma es necesario estudiar sus repercusiones más en profundidad.

"Creo que a estas cosas hay que estudiarlas, analizarlas con mucho detenimiento porque tienen consecuencias y riesgos. Sin ninguna duda que la no obligatoriedad de este tipo de seguros sería una de ellas", remarcó.

Esta reforma y sus consecuencias preocupa también al gobierno, principalmente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Martín Valcorba, coordinador del Programa de Inclusión Financiera del MEF, se mostró preocupado y calificó esta acción como "una campaña política", según publicó el pasado jueves el semanario Búsqueda.

"Se vio la oportunidad de aprovechar esa situación, de desconcierto o dudas", dijo, y agregó que quienes llevan adelante esto "no han hecho una evaluación a fondo de por qué están recolectando firmas y las consecuencias que puede acarrear", amplió.

Las repercusiones del plebiscito llegaron incluso al Partido Colorado. La reforma de este y otros artículos de la Constitución Nacional, figuraba como uno de los temas de agenda a tratar en la Convención Nacional del partido celebrada el pasado sábado 12 de agosto, aunque finalmente no fue abordada por tema de tiempo.

Campaña.

La convocatoria para incluir la reforma comenzó en marzo de este año por impulso de la Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este, y ya sumó varias adhesiones.

En Montevideo, la recolección de firmas para promover el plebiscito fue lanzada el pasado 8 de agosto por algunas gremiales comerciales del Interior, según publicó El País. José Pereyra, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, reconoció en su momento que la Ley de Inclusión Financiera posee aspectos positivos pero justificó el plebiscito porque, "creemos que la obligatoriedad que maneja coarta nuestras libertades y genera aspectos de desigualdad entre los ciudadanos".

Para que se apruebe el plebiscito constitucional se necesita el 10% de las firmas del total de habilitados para votar que integran el último Padrón Electoral, unas 260.000 personas, según datos de 2014.

No es buena la obligación, dijo luis lacalle pou

Además de los empresarios y asociaciones civiles, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou también se mostró de acuerdo con impulsar el plebiscito. El senador justificó su adhesión porque está en contra de la ley ya que "una persona puede comerciar, cobrar y pagar como quiere". Lacalle Pou se expresó sobre este tema la semana pasada en el programa Inicio de Jornada de radio Carve. "La finalidad del Estado es darle más instrumentos. Es buena la inclusión financiera, pero no es buena la obligación".

Un análisis en profundidad en el Consejo de Ministros del 21

El ministro de Economía Danilo Astori, presentó el pasado lunes 7 un informe pormenorizado ante el Consejo de Ministros "sobre los componentes de la Ley de Inclusión Financiera, su contenido, los aspectos vinculados al estado de implementación y de adhesión, que es muy importante y positivo", explicó el prosecretario de la Presidencia, Juan A. Roballo.

Explicó que "no se hicieron mayores valoraciones" del informe, ya que es algo que lo tienen agendado para que se realice en el Consejo de Ministros del lunes 21 de agosto.

De todas maneras, el jerarca dijo que "la información nos presenta un panorama muy positivo respecto a la implementación de la ley". La semana pasada el Banco Central dio a conocer el reporte Sistema de Pagos Minorista sobre el primer semestre del año, que dio cuenta de que los uruguayos cada vez usan menos efectivo y otros medios físicos y aumentan el uso de tarjetas de débito y transferencias electrónicas. Roballo sostuvo que "se hizo una referencia" al plebiscito que promueven empresarios y es apoyado por la oposición dado que es "un dato de la realidad", pero planteó que "eso será discutido el 21. Creemos que la información vertida hoy está al alcance de todo el mundo y nos da elementos importantes para que la población cuente con elementos para abordar ese planteo". Muchos empresarios se expresaron en contra de la obligatoriedad de operar con tarjetas de crédito y débito.

Y líderes de la oposición, como por ejemplo el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, quieren impulsar un plebiscito: el senador está en contra de la ley porque sostiene que "una persona puede comerciar, cobrar y pagar como quiere". El coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Martín Valcorba dijo que la modernización del sistema de pagos es "ineludible", y que esto no es así "porque lo disponga una ley", sino porque "todos los países van en esa dirección, con ley o sin ley".

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