SENTENCIA

Por prescripción de crímenes de lesa humanidad.

En una nota firmada por todos los senadores del Frente Amplio se expresa la "inmensa sorpresa" por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que admite la prescripción de los delitos de lesa humanidad.

Esto al entender que exime de prisión a "notorios violadores" de los Derechos Humanos y "torturadores confesos". "Al leerla sentimos que nuestra democracia se debilita, en tanto el máximo órgano de nuestro Poder Judicial deja abierto el camino de la impunidad impidiendo el de la Justicia", señala el texto de la declaración a la que tuvo acceso El País.

"Que los autores de crímenes brutales que nunca debieron haber sucedido queden al amparo del aparato estatal queden sin juzgar (...) no asume nuestro rol del pasado reciente, desconoce los avances del derecho internacional y niega a las víctimas y familiares el amparo de la Justicia", señala la resolución.

Según la bancada del Frente Amplio, que de la "alta magistratura" se concluya que los delitos de lesa humanidad no pueden ser juzgados "contradice la elaboración del mundo jurídico democrático hecho sobre la imprescriptibilidad".

"Nos resistimos a creer que desde el Derecho los delincuentes pueden encontrar las razones para no ser juzgados, a pesar de contar con todas las garantías que ninguno de los asesinados, torturados, y desparecidos, tuvo nunca", señalan los senadores. Por lo que solicitan "que se abra el camino del juicio y que ninguna razón pueda impedir la intervención de la Justicia".

Los firmantes de la nota son los senadores Marcos Carámbula (PCU), Mónica Xavier (Partido Socialista), Rafael Michelini (Nuevo Espacio), Ivonne Passada (MPP), Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda), Daniel Garín (MPP), Leonardo de León (Lista 711), Daniela Payseé (Asamblea Uruguay), Enrique Pintado (Asamblea Uruguay), Patricia Ayala (MPP) y Daisy Tourné (Partido Socialista).

La sentencia fechada el 29 de octubre declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 (pretensión punitiva del Estado y restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985).

El dictamen de la Suprema Corte ya había sido rechazado por el Secretariado del Frente. La declaración de la coalición calificaba de "retroceso grave y peligroso" a la sentencia, la cual reconocieron que generó "indignación".