Derechos de televisación de partidos de la selección todavía se mantienen.

Aunque la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) enfrenta dificultades financieras por incumplimientos de Full Play —actual propietaria de los derechos de televisación de la selección uruguaya de fútbol—, por el momento no corre riesgo la televisación de las Eliminatorias ni de los partidos de la Copa América centenario que comienza en junio en Estados Unidos.

"No se trata de un tema que esté evaluando la AUF", dijo a El País el abogado de la institución, Leonardo Costa.

Sin embargo, en días la AUF analizará la caída del contrato con Full Play —actual propietario de los derechos televisivos— por considerar que esta empresa incurrió en incumplimiento al haberle sido congelado por la Justicia Especializada en Crimen Organizado tanto una garantía de US$ 1.700.000 como dos cuotas de US$ 500.000 establecidas en el contrato.

Según Costa, la Asociación Uruguaya de Fútbol aguarda una resolución de un Tribunal de Apelaciones sobre la decisión de la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, de inmovilizar esos fondos.

"Esperaremos la resolución del Tribunal de Apelaciones y después se decidirá. Entendemos que la resolución de la Justicia Especializada en Crimen Organizado nos obliga a solicitar el cese del contrato con Full Play. La AUF no cobró" lo establecido en el contrato, afirmó Costa.

Luego de decidir una rescisión del contrato con Full Play, la Asociación Uruguaya de Fútbol deberá negociar con terceros la venta de los derechos televisivos de partidos que le faltan jugar a la selección uruguaya. "La AUF está comprometida financieramente por este incumplimiento", insistió Costa.

La AUF había vendido a Full Play los derechos sobre los partidos que Uruguay jugará de local en las Eliminatorias. A cambio, la empresa argentina se comprometió a pagar US$ 6 millones y ceder a la AUF los otros 81 partidos del clasificatorio sudamericano. La AUF vendió a Tenfield por US$ 12 millones esos 81 encuentros para transmitir en Uruguay.

A fines de agosto de 2015, la AUF resolvió rescindir de forma unilateral el contrato con Full Play. La empresa recurrió a la Justicia y, a cambio de depositar US$ 1.700.000 que fueron congelados, logró mantener el contrato en pie.

Cuando en mayo del año pasado estalló el escándalo que involucró a las máximas jerarquías de la FIFA y terminó con el uruguayo Eugenio Figueredo extraditado y procesado, los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, propietarios de Full Play —empresa que tiene su sede en Uruguay— quedaron en el centro de la polémica al revelarse que se hacían de los derechos de televisación de torneos internacionales mediante el pago de coimas a los dirigentes.

Los Jinkis, padre e hijo, fueron imputados por la Justicia norteamericana y se entregaron un mes después de que estallara el escándalo. En la investigación en Uruguay a cargo de Crimen Organizado se ordenó congelar todos los activos de Full Play y sus socios.

Fuentes del caso indicaron a El País que la jueza De los Santos ordenó la congelación de los fondos de Full Play en base a informaciones suministradas por la Secretaría de Antilavado de Activos y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y a pedido de la fiscal especializada en Crimen Organizado, María Camiño.

La medida se llevó a cabo citando el artículo 62 de la ley 18.494 referida al lavado de activos, agregaron las fuentes. Si cae la garantía dispuesta por un juez civil, la AUF puede venderle sus derechos a cualquier empresa. Dado que ya tiene un acuerdo con Tenfield por los restantes 81 partidos de la Eliminatoria que Full Play le cedió, es altamente probable que acuerde con dicha firma.

El abogado defensor de los Jinkis, Pablo Donnángelo, presentó un escrito en el Tribunal de Apelaciones firmado por el exministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, referido a la decisión de la Justicia de Crimen Organizado de congelar una garantía dispuesta por la Justicia Civil que obligaba a la AUF a no innovar. Es decir, a no rescindir el contrato con Full Play.

El escrito de Van Rompaey fue redactado a pedido de Full Play. Señala que "la omisión" por parte de la sede judicial de resolver peticiones formuladas por Full Play —los levantamientos de los congelamientos de los fondos para poder cumplir con el contrato con la AUF— constituye una "violación" del debido proceso legal que "imposibilita" el adecuado ejercicio del derecho de defensa en un juicio.

En opinión de Van Rompaey, la "violación" de las garantías del debido proceso "impidiendo o obstaculizando" el ejercicio de defensa en juicio configura "una falta de servicio" atribuible al Poder Judicial. Agrega que ese tipo de conductas podría generar demandas al Estado por daños y perjuicios.

Van Rompaey señala que el congelamiento de los fondos de Full Play por parte de la Justicia Especializada en Crimen Organizado sobrepasa su naturaleza asegurativa para transformarse en una verdadera pena.

Sostuvo que el Juzgado de Crimen Organizado no posee jerarquía, categoría o grado superior respecto a los juzgados civiles para resolver el embargo de US$ 1.700.000 de una garantía resuelta por un juez civil.

"El destino de los fondos depositados por Cadena Caracol (como garantía) debe ser resuelto en forma exclusiva y excluyente por la sede que resolvió dicha medida", concluyó Van Rompaey según el do-cumento al que tuvo acceso El País.

En diciembre de 2015, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) pidió a la Justicia el cese de la medida cautelar que le impide rescindir el contrato con Full Play, dueña de los derechos de transmisión de los partidos de la selección uruguaya en el exterior por la Eliminatoria para Rusia 2018. Leonardo Costa, abogado de AUF, presentó en el Juzgado Civil de 20° Turno el pedido de cese de la medida cautelar concedida por el Juzgado civil de 17° Turno. La medida cautelar fue aprobada en el marco de la acción que Full Play le inició a la AUF, ante la decisión del Ejecutivo de romper el contrato con la empresa y ceder los derechos de los partidos de la selección a Tenfield. El argumento de la AUF es que a los efectos judiciales el dinero estaría congelado, lo que no representaría una garantía y le daría vía libre para negociar el contrato de televisación con terceros.

TELEVISACIÓN DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOLEDUARDO BARRENECHE