DANIEL ISGLEAS
Con la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, ante las comisiones legislativas que estudiarán la Rendición de Cuentas, se inicia esta semana el azaroso camino del proyecto del gobierno en el Parlamento donde la constante del equipo económico será decir que no a cuánta propuesta se haga para el aumento o redistribución de gastos dentro del Estado, con el fin de preservar la salud de las cuentas públicas.
Sin margen para aumentar los gastos, con las tratativas con el Partido Nacional en punto muerto y luego de haber recibido la negativa del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) y del Nuevo Espacio (NE) a apoyar el proyecto tal como está, el gobierno espera el transcurso de los plazos constitucionales y se hace cada vez más la idea de que no habrá sanción para la Rendición de Cuentas, con lo que se mantendrá la anterior y el régimen de inversiones públicas previsto en el Presupuesto quinquenal del año 2000.
En lo previo, el gobierno al menos muestra disposición para analizar ideas relativas a la reforma del Estado, del tipo de las propuestas que ha lanzado el Partido Nacional, pero siempre y cuando no generen gastos, dijeron a El País fuentes de la Lista 15.
NO VOTAN. Los voceros de la bancada del EP-FA ya trasmitieron al gobierno que no votarán el proyecto de Rendición de Cuentas por oponerse al concepto de artículo único y a la ausencia de refuerzo de rubros en áreas que consideran claves. A su vez, adelantaron que pronunciarán discursos con alto contenido crítico debido precisamente a esta realidad que se presenta.
Además, en filas del oficialismo y luego de esos contactos informales se considera que casi con seguridad la izquierda no presentará artículos aditivos durante el tratamiento de la Rendición y que, a lo sumo, se efectuarán planteos genéricos sobre aspectos en los que la izquierda -como también los nacionalistas- ha formulado reclamos, como por ejemplo en la necesidad de reforzar el gasto social.
En esas conversaciones, los voceros del gobierno respondieron a los frenteamplistas que no hay margen para aumentar los gastos, dado que al gobierno le preocupa seriamente el estado de las finanzas públicas para el segundo semestre.
El gobierno se encuentra fuertemente condicionado para resignar ingresos, dado que voceros oficiales han coincidido en señalar que existen dificultades para el cumplimiento de las metas fiscales previstas para la segunda mitad del año en curso, lo que se produciría debido fundamentalmente a la desaceleración de los precios minoristas, hecho que atenuó el efecto de la inflación sobre los gastos del Estado.
Aunque el Partido Nacional espera una propuesta del Poder Ejecutivo para eliminar el adicional del IRP, son prácticamente nulas las posibilidades de que haya un acuerdo por las condiciones que se supo que interpondrá el gobierno, que espera obtener una sustitución de los ingresos que no percibiría por el IRP con la suba del IVA al gasoil del 14% al 23% y la aplicación de un impuesto al agua.
En esos términos, el entendimiento con el Partido Nacional "es imposible", dijeron a El País fuentes de esa colectividad política. Conociendo el condicionamiento de los blancos respecto a abatir el adicional del IRP, para el gobierno también es un hecho que el acuerdo será impracticable, dado que únicamente accedería a aliviar la carga del IRP sobre los sueldos menores y no a todos quienes pagan el adicional, dijeron a El País fuentes oficiales.
En los ingresos del Estado, el IRP tiene una significación muy importante: el porcentaje sobre recaudación del gobierno central fue, en el año 2000, del 7,3%; en el año 2001, creció al 6,9%; y finalmente en el año 2002 continuó aumentando, alcanzando el 8,9%.
AGENDA. Con las posiciones políticas más claras, el largo proceso legislativo del proyecto de Rendición de Cuentas se iniciará el martes 22, cuando el equipo económico del gobierno comparezca ante la Cámara de Representantes para exponer los objetivos de la iniciativa. Luego, desde el miércoles 23, dos ministros concurrirán cada miércoles y jueves a las comisiones de Hacienda y Presupuesto para rendir cuenta del cumplimiento de las metas y objetivos planteados por el gobierno. Las comisiones reservarán los días viernes para atender a las delegaciones que soliciten ser escuchadas. Fuentes del oficialismo precisaron a El País que todas aquellas ideas que el gobierno considere interesantes, como reformas estructurales en el Estado que no generen gastos, etc., se analizarán y podrían ser incluidas en el debate pero por ley aparte.
Los números del 2002
- El Poder Ejecutivo presentó hace dos semanas ante el Parlamento la Rendición de Cuentas y balance de la ejecución presupuestal de la Administración Central correspondiente al ejercicio 2002, con un déficit de U$S 610 millones.
- A esa cifra hay que adicionarle la transferencia al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) por concepto de la deuda mantenida con el Banco Central del Uruguay (BCU) que sumó otros U$S 917 millones.
- El resultado del Ejercicio 2002 presenta un déficit de: a) $ 16.335:570.334 correspondiente a la ejecución presupuestaria y b) $135:187.896 por concepto de comisiones e intereses extraordinarios, derivado del endeudamiento contraído con los organismos multilaterales de crédito, al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 17.523, de 6 de agosto de 2002, lo que, según el tipo de cambio promedio del año 2002, suma los referidos U$S 610 millones.
- De acuerdo con el mensaje, este resultado se expresa "siguiendo el criterio de considerar los gastos por lo devengado y los ingresos efectivamente percibidos".
- En consecuencia, el resultado financiero —ingresos y egresos con criterio de caja— deficitario es de $ 12.960:406.000.
- Según el gobierno, estas cifras reflejan en forma fidedigna "las dificultades que debió enfrentar la economía por cuarto año consecutivo y en particular la situación derivada de la crisis bancaria".