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ASSE: usuarios aportan pruebas por sobrecostos

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Se iniciará en diciembre la investigación sobre el contrato de una empresa de traslado. Foto: Archivo

SALUD PÚBLICA

Declararon ante Crimen Organizado por caso Bella Unión.

Se iniciará en diciembre la investigación sobre el contrato de una empresa de traslado. Foto: Archivo
Se iniciará en diciembre la investigación sobre el contrato de una empresa de traslado. Foto: Archivo

Tres representantes de los usuarios de la salud pública declararon ayer en calidad de testigos ante la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado por una denuncia que recibieron en 2013 sobre presuntas irregularidades en la contratación de la empresa de ambulancias, Siemm SRL, en el Hospital de Bella Unión en Artigas, la que es propiedad de tres directores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La denuncia fue comunicada a la entonces ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, hoy presidenta del Directorio del organismo, quien dice desconocer la situación.

Según declararon los usuarios en Crimen Organizado, en la tarde del 5 de junio de 2013, cuatro representantes del Movimiento Salud para Todos le proporcionaron a la exsecretaria de Estado una carta escrita de puño y letra por el médico de emergencia del Hospital de Bella Unión, Carlos Manassi, sobre presuntas irregularidades en la contratación de la empresa de ambulancias. Muñiz admitió ante la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento que "no conocía al doctor Manassi y nunca tuve información al respecto".

La empresa de ambulancias contratada en 2013 por el centro de salud pertenece al director del Hospital Pereira Rossell, Federico Eguren, al director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, Rodrigo Barcelona, y al del Hospital de Salto, Marcos García. El primero y el último fueron a su vez directores del Hospital de Bella Unión entre 2011 y 2014, si bien García cedió su parte de la empresa cuando asumió el cargo en 2013, año en que fue contratada la firma Siemm.

Ayer por la mañana declararon tres representantes del movimiento, entre ellos, Ruben Bouvier quien fue interrogado por más de una hora. En la tarde lo hicieron dos personas más, las que prefirieron no ser identificadas.

Bouvier indicó que se le consultó sobre la existencia o no de la reunión, sobre la fecha y sobre quiénes estuvieron presentes en la misma. Según explicó otro usuario a El País, en la reunión junto a Muñiz en la sede ministerial estuvieron presentes cuatro representantes de los usuarios de la salud y una pareja que denunció irregularidades en otros hospitales del interior del país.

Bouvier dijo que le entregó la carta de Manassi en manos al secretario de Muñiz junto a una denuncia de una usuaria del Hospital de Bella Unión sobre recetas a nombre del hospital que personal de Siemm prescribió a su hijo. Esta situación fue rechazada en absoluto por Muñiz en la investigadora parlamentaria; en ese marco dijo que no tenía "constancia" de si había "denuncias de que a los socios se les dé recetas del hospital".

Las actuaciones policiales que implican más de 14 citaciones a exdirectores, jerarcas y representantes de los usuarios de la salud, pretenden ser trasladadas luego a la órbita de la Justicia de Crimen Organizado.

Actuaciones.

La semana pasada declararon también en calidad de testigos tres exjerarcas de ASSE: el exdirector de ASSE en representación del Partido Nacional, Marcelo Sosa; el exdirector en representación de los usuarios, Wilfredo López, y el ex gerente general, Enrique Soto.

A solicitud del fiscal especializado, Luis Pacheco, la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, dispondrá de las citaciones de jerarcas de ASSE por supuestas irregularidades en las contrataciones de ambulancias en el Hospital de Bella Unión, vínculo cuestionado de forma unánime por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

Luego de ser habilitada, Siemm ganó una licitación para Bella Unión, y se hizo una inauguración en la que la entonces ministra Muñiz cortó la cinta y a la que también asistió la entonces presidenta de la administración, Beatriz Silva. En la investigadora de ASSE, Silva y Muñiz se contradicen sobre su presencia en el acto.

Denuncian amenazas de jerarcas de la salud.

Un usuario de la salud informó a El País que en 2012 recibió una amenaza por parte de una autoridad de la salud vinculada al caso de Bella Unión. Según indicó, recibió un mensaje de texto intimidatorio en el que se le pedía que "cortara con el tema". En enero de este año ASSE realizó una consulta al TCR sobre la contratación de la empresa Siemm que es propiedad de directores de ASSE y la respuesta no tardó en llegar: "La oferta no puede ser admisible en tanto se encuentra integrada en su carácter de socios por personas que mantienen un vínculo laboral con la Administración". De esta forma, agrega, se contraviene lo dispuesto por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). Conocido el fallo del TCR, ASSE resolvió a fines de febrero de 2017 declarar desierta la licitación y declaró que desde ese momento el servicio dependería directamente del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) 105.

Tras ser habilitada, Siemm ganó en 2013 una licitación para Bella Unión, y se hizo una inauguración en la que Muñiz cortó la cinta. La primera licitación fue por un monto de $ 2.450.250, pero para octubre de 2013 ya se habían adjudicado traslados por $ 5.706.370. Según figura en la respuesta a un pedido de informes al diputado del Partido Nacional, Martín Lema, hasta el primer semestre de 2016 se le adjudicaron trabajos por US$ 825.000. La ley 17.060 establece que los directores no podrán intervenir como directores y/o administradores.

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