vea el interactivo

ASSE ocultó información para auditoría; empleados en negro

Contratación irregular de tercerizadas en la mayoría de los hospitales públicos.

Irregularidades en los servicios de salud

Hospital Pereira Rossell

La auditoría analizó 9 expedientes licitatorios. En 5 se constató la inexistencia del depósito de garantía de cumplimiento del contrato que deben dejar las empresas. Uno de los expedientes, por la contratación del servicio de consejería, está incompleto y no se pudo constatar la intervención del Tribunal de Cuentas. En este caso y en otro de un servicio de lavandería, no hay control de la documentación del BPS. 

Hospital Maciel

De tres expedientes, en ninguno se constata la garantía de cumplimiento del contrato. Se advierte sobre la falta de control en la documentación de BPS de una empresa de limpieza. Sobre otra, que proveía el servicio de camilleros, se evidencia la detección de que esta no estaba al día con los aportes al BPS de sus empleados. Tampoco se constata la regularidad de varios procedimientos en cuanto a contrataciones directas. 

Hospital Maciel

De 15 expedientes licitatorios, en siete faltó el depósito de garantía. Del informe surge que la contratación con una empresa de limpieza fue observada por el Tribunal de Cuentas. En el caso de la contratación de una empresa de camilleros, se advierte que esta superó el monto permitido para una contratación directa y que la ampliación de esta, la cual se llevó a cabo, se hizo sin la debida autorización del Tribunal. 

Centro Departamental de Canelones

Se analizaron dos expedientes licitatorios y en ambos surgen irregularidades, para empezar por la falta del depósito de garantía (mismo caso se da en los centros de Artigas y Cerro Largo). Se advirtió el no control de que los recibos de pago de aportes al  BPS tuvieran el sello de intervención de caja, tampoco se probó de que la firma estuviese al día con los aportes que debe hacer para sus empleados. 


Una auditoría externa realizada a las unidades ejecutoras de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), es decir a los hospitales públicos, dio cuenta de una gran cantidad de irregularidades en cuanto a la contratación de empresas tercerizadas y demostró que varios centros se negaron a brindar la información. También se descubrió que varias de estas firmas tienen en negro a los trabajadores o le pagan sueldos por debajo de los laudos.

De 70 unidades ejecutoras que están bajo la órbita de ASSE, solo 29 proporcionaron la información solicitada por la firma Rueda Abadi Pereira & Asociados, quien estuvo a su cargo la realización de la auditoría. Esta fue ordenada luego de que fuera procesado sin prisión el exdirector de la Administración en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, por participar en una maniobra de sobrefacturaciones llevada a cabo por la empresa Buena Estrella, quien tenía a su cargo la limpieza del Hospital Maciel.

Aunque el informe estuvo pronto a inicios de año, y el diputado nacionalista Martín Lema lo pidió en varias oportunidades, este recién le fue entregado por la Administración la semana pasada (ver aparte).

La misión de Rueda Abadi Pereira & Asociados era identificar "aquellos contratos respecto a los cuales no se haya dado cabal cumplimiento a la normativa en materia de contratación y los proveedores que no den cumplimiento a alguna de las disposiciones legales en materia laboral y demás obligaciones que puedan generar alguna responsabilidad para ASSE". De hecho, de los 29 centros de salud que contestaron, en 27 se registraron irregularidades.

Las faltas que se detallan en el grueso informe, advierten sobre la no adecuación al marco legal aplicable para la contratación de empresas (que más que nada se hacen cargo de tareas de limpieza, cocina o mantenimiento edilicio), no constatación de la intervención del Tribunal de Cuentas, no justificación de causal para Compras Directas que se llevaron a cabo, observaciones sobre el gasto, apartamiento de lo aconsejado por la Comisión Asesora de adjudicaciones sin justificación debida y falta de otorgamiento de vista previa en los casos en que esta es necesaria. El Pasteur y el Pereira Rossell son los que más infracciones de estos tipos cometieron.

También se encontraron una serie de faltas en cuanto al incumplimiento de la ley 18.099, que en su artículo primero establece que "todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de estos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad provisional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional...".

En este caso, Rueda Abadi Pereira & Asociados envió a las unidades ejecutoras un formulario para relevar información y así verificar el cumplimiento de las disposiciones legales. Dicho documento fue contestado solo por 40 de los 70 centros de salud de ASSE. De las conclusiones sobre este relevamiento, la auditoría advierte sobre faltas de controles en la documentación vinculada a los aportes al Banco de Previsión Social (BPS), ausencia de control de constancia que acredite el cumplimiento del seguro laboral, falta de control del listado de las personas asignadas para cada servicio y observaciones en la documentación emitida por las empresas contratadas por los diferentes centros.

Sobre este último punto, se advierte el no respeto al salario mínimo que es fijado por laudo, la detección de que no todos los trabajadores se encontraban en la planilla de trabajo (es decir que estaban trabajando en negro), la no coincidencia de la categoría laboral con la que constaba en el recibo salarial, la no correspondencia de la remuneración recibida por el trabajador con el registro que había en el recibo y además se detectó que no se registra el horario de trabajo en las planillas.

Estaba lista en marzo, pero no se difundió.

La firma Rueda Abadi Pereira & Asociados fue la que ganó la licitación para llevar a cabo la auditoría sobre las unidades ejecutoras de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). La misma debió "auditar los procesos de contratación de empresas que brindan servicios tercerizados, con personal propio o a través de subcontratos, que impliquen un pago en función del cumplimiento de una carga horaria en locales de ASSE".

La auditoría tuvo un costo de 549 mil pesos (el cual fue financiado por Rentas Generales) y debió llevarse a cabo en un plazo de 90 días, el cual empezó a contar después del 2 de diciembre de 2014. O sea que al menos para el 2 de marzo, día en que la presidenta de ASSE y exministra de Salud Pública, Susana Muñiz, asumió el cargo, esta ya estaba lista. Sin embargo, y pese a que desde hace meses el diputado nacionalista Martín Lema reclama este documento, el mismo recién le fue entregado el pasado viernes.

La auditoría está compuesta por casi 1.000 páginas que incluyen el análisis de la regularidad jurídica de los procedimientos llevados a cabo por las unidades ejecutoras de ASSE en todo el país, para la contratación de empresas tercerizadas, cuya ejecución contractual se llevó a cabo en el segundo semestre de 2014. También se analiza el cumplimiento de la normativa vigente en relación a la contratación de proveedores y la existencia de documentos que prueben que se hacen los aportes al BPS y que se paga lo que corresponde.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados