Envió carta a hospitales luego de que auditorías develaran inconvenientes.

Tras una serie de auditorías, internas y externas, que se llevaron a cabo el año pasado en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), la institución envió días atrás a los directores de hospitales un comunicado en el cual se reconocía la detección de "inconvenientes y situaciones que deben corregirse a la mayor brevedad", y los instó a ejercer un mayor control de las empresas tercerizadas.

Con el antecedente de la maniobra de corrupción protagonizada por el exdirector de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, quien fue procesado a mediados de 2014, la Administración hizo auditorías que dieron cuenta de una gran cantidad de irregularidades en los contratos con empresas tercerizadas. Se descubrió que varias de estas firmas tienen en negro a sus trabajadores y que pagan sueldos por debajo de los laudos.

También se detectó, entre otras cosas, la no adecuación al marco legal aplicable para la contratación de empresas, la no constatación de la intervención del Tribunal de Cuentas y la no justificación para compras directas realizadas.

En el comunicado enviado por ASSE a los hospitales, se pide a cada centro que designe "un referente respecto a la gestión de los servicios tercerizados". Y pide que se envíe por escrito a la institución quién ocupará ese puesto. "El funcionario deberá estar capacitado en todo lo referente a los procedimientos de compras y contrataciones, manejar planillas Excel y (tener) facilidad para el manejo de programas informáticos, o a su defecto, tener las aptitudes y capacidades necesarias para acceder en forma rápida a los conocimientos referidos", advierte el comunicado.

También se pide que aquellos centros de salud que tienen procedimientos de compra directa que hayan sido observados, inicien en un lapso no mayor a 15 días la regularización de los gastos.

Y se señala que aquellos procedimientos de licitación que hayan sido observados "por el Tribunal de Cuentas o Auditorías Delegadas, únicamente podrán adjudicarse y reiterarse por el período inicial, no haciendo lugar a las prórrogas".

Al mismo tiempo se pide a los hospitales "que tengan procedimientos de licitación en ejecución, cuyas empresas no hayan presentado las garantías exigidas en el Pliego de Condiciones Particulares", que se les dé un plazo de 15 días para regularizar su situación, o de lo contrario, se dé paso a la rescisión del contrato por incumpliendo.

Las tercerizadas continúan siendo un dolor de cabeza para ASSE desde que estalló el escándalo Silva, que fue procesado por ejercer presión para que se contratara a la asociación civil Buena Estrella para que se encargara de la limpieza del Maciel. El caso incluyó el procesamiento de los dueños de otras cuatro firmas (la Asociación Civil APEX, Joaka S.A., Jorge Lucero y Onamérica). Juntas tenían 24 contratos.

Onamérica, como informó ayer El País, incluso mantiene tres contratos con la institución, dos en el Pasteur que se arrastran desde el escándalo, y uno con el Saint Bois que fue adjudicado en enero pasado, y que fue observado por el Tribunal de Cuentas el 6 de abril.

La observación se dio porque otra de las empresas que se presentó al llamado, Jorge Eduardo Rebollo, presentó un descargo advirtiendo que no es cierto lo que manifestó ASSE de que ella no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego licitatorio.

Desde ASSE dijeron a El País que no iban a hacer declaraciones sobre este tema.

El dueño de Onamérica, que fue procesado por cohecho, fue uno de los que hizo las declaraciones más contundentes ante la Justicia sobre la trama de corrupción, al reconocer que le pagó al encargado de las empresas tercerizadas de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Heber Texeira, para que no lo afectaran posibles conflictos sindicales.

En la anterior Administración, la dirección de ASSE intentó sacarse de encima en varias oportunidades a todas las firmas involucradas en el caso Silva, pero el Consejo Directivo Honorario de Agencia de Compras y Contrataciones del Estado impidió esto, advirtiendo que no se podían rescindir los contratos si no se constataban deficiencias severas en el desempeño de las tareas de las empresas.

LA ADMINISTRACIÓN DE SALUD PÚBLICACARLOS TAPIA