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El 2017 de ASSE entre denuncias, irregularidades y cruces políticos

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Contratos cuestionados. Foto: archivo El País

BALANCE DE UNA GESTIÓN

Vázquez fijó como prioridad la salud pública, pero no habrá más recursos.

El mensaje de fin de año del presidente Tabaré Vázquez fue bien claro: se debe "mejorar sustancialmente la gestión" de la Salud Pública sin la necesidad de destinar "más plata". La tarea no le será nada fácil al directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que deberá no sólo sortear esta condición, sino hacer frente a la ola de denuncias por irregularidades en hospitales públicos realizadas a lo largo de este año, muchas de ellas a estudio de la comisión investigadora en el Parlamento.

ASSE admitió en el primer mes de 2017 que no compensaría el déficit de los hospitales. Instó a todas sus unidades ejecutoras (hospitales y policlínicas) a realizar un mayor control del gasto. Por otro lado, reconoció que la mayoría de las empresas de ambulancias que contrataba carecían de la habilitación. Solo había cinco empresas de atención médica de emergencia y traslados móviles habilitadas en Uruguay.

En febrero, el directorio desvinculó a la empresa de traslados de ambulancia Siemm SRL, que trabajaba desde 2013 con el Hospital de Bella Unión en Artigas. La medida se resolvió luego de que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) advirtiera que la contratación implicaba una violación a la ley anticorrupción, puesto que la firma pertenece a tres directores de hospitales públicos: Federico Eguren y Rodrigo Barcelona del Hospital Pereira Rossell y Marcos García del Hospital de Salto. Además, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, planteó la posibilidad de crear una comisión investigadora para analizar presuntas irregularidades y hechos de corrupción en ASSE.

El director, el gerente financiero y el administrador del Hospital de Cerro Largo fueron sumariados en marzo por "presuntos actos irregulares" en la contratación de recursos humanos para servicios de traslados especializados. En otro orden, ASSE prohibió a los hospitales contratar publicidad tras una denuncia por un gasto de más de seis millones de pesos en el centro de Cerro Largo.

Durante el segundo trimestre del año, se detectaron que cada vez eran más los recursos que se trasladaban desde los hospitales públicos a las mutualistas. Entre 2010 y 2015 la contratación de servicios de CTI creció a una tasa promedio anual de 13%.

En mayo, ASSE decidió que los directores de hospitales públicos debían concursar para acceder a los cargos. El prestador pretende que los puestos se ganen por concurso, y que los jerarcas de los centros se expongan a una evaluación permanente.

A fines de junio, el Hospital Saint Bois comunicó a 250 padres de niños de un error en la farmacia del centro de salud por el que se les dispensó un fármaco a 233 niños que en realidad era indicado para adultos. Se registró un desborde de consultas de padres en puertas de emergencia y la situación determinó que más de veinte niños fueran internados por sobredosis de Mulsiferol, un fármaco que contiene vitamina D3.

En el tercer trimestre, la familia de una beba de tres meses de edad, intoxicada por una sobredosis de Mulsiferol presentó una denuncia penal contra ASSE.

Irregularidades.

A su vez, el organismocesó de su cargo al director del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, y al subdirector del centro, Víctor Recchi, al confirmar irregularidades en el pago a más de 60 médicos. Toriani utilizó fondos de un rubro no destinado para ello, situación observada por el TCR. La presidenta de ASSE, Susana Muñiz, de filiación comunista al igual que Toriani, respaldó su continuación en el directorio pero finalmente no pudo evitar la salida luego de que el propio Vázquez pidiera adoptar una medida urgente. En septiembre, Muñiz, la responsable de la farmacia del Saint Bois y la dirección del centro comparecieron ante la Justicia por el error en la entrega del Mulsiferol.

Durante octubre, noviembre y diciembre, trascendió el caso de la empresa de traslados de ambulancias Siemm SRL que finalmente derivó en la Justicia de Crimen Organizado para luego pasar a la Justicia Penal.

También ASSE admitió que pagó US$ 5.000 por traslados a Montevideo, y funcionarios del Hospital de Durazno denunciaron que el prestador "es un centro fantasma" debido a la ausencia de personal durante la semana. En diciembre, el gerente general de ASSE, Richard Millán, contradijo a Muñiz en la investigadora sobre el caso del Hospital de Rivera. Millán admitió que las contrataciones irregulares no sólo ocurrieron para cirujanos y anestesistas, como indicó Muñiz.

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