SALUD

El Tribunal de Cuentas observó el gasto por superar el monto permitido.

El legado de Susana Muñiz. La expresidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), cesada de su cargo por el presidente Tabaré Vázquez, dejó un panorama incierto y plagado de denuncias de irregularidades al flamante presidente del organismo, Marcos Carámbula, quien si bien aún no ha podido ni siquiera pisar el ex Edificio Libertad en el que funciona la sede de la administración, deberá responder a las denuncias sobre el principal prestador de salud del país.

ASSE no licitó los servicios de Conserjería para la Red de Atención Primaria (RAP) —una red de policlínicas que es "la puerta de entrada" de los pacientes al sistema de salud. En noviembre de 2017 el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó el gasto porque entendió que dado el monto era necesario realizar una licitación pública. Según la resolución del TCR a la que accedió El País, "el monto de la operación ascendía a $ 9.278.880, por lo que debió realizarse un procedimiento de licitación pública".

Por otro lado, el organismo de contralor identificó que en el contrato "existía fraccionamiento del gasto sin expresa constancia de su fundamento y de su conveniencia para el servicio por parte del ordenador competente", situación que contraviene las normas estipuladas en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) que rige para fijar las reglas de contratación en el Estado. Tampoco se realizó la correspondiente publicación del llamado ni del contrato establecido con la empresa responsable de dar los servicios de conserjería.

Por si toda esta situación no fuera suficiente, según reza la resolución del TCR, en octubre de 2017 la dirección de Atención Primaria Área Metropolitana de ASSE decidió reiterar el gasto. Las razones esgrimidas por la institución fueron básicamente dos: que "resulta imprescindible realizar estos gastos para dar cumplimiento con un buen servicio hospitalario" y que "se encuentra en proceso la licitación pública que cubre el servicio de referencia". La decisión del TCR se debe a que ASSE nunca aportó pruebas que "ameriten el levantamiento de la observación oportunamente realizada, manteniéndose inalteradas las razones por las cuales se observó el gasto de referencia". Por otro lado, la decisión también fue tomada porque ASSE nunca comunicó al tribunal la reiteración del gasto.

El diputado del Partido Nacional, Martín Lema, elevó un pedido de informes a ASSE porque "no se efectuó la publicación establecida en el artículo 50 del Tocaf y las actuaciones contaban con principio de ejecución en contravención con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución".

Lema pidió que se le adjunten las copias de las resoluciones correspondientes a la contratación directa y a la reiteración del gasto por el servicio referido y que se explique la utilización "en forma reiterada del procedimiento de contratación directa y la no realización de un procedimiento competitivo, lo cual correspondería de acuerdo con los montos contratados".

Por otro lado, solicitó que se informe sobre el período en el cual se han realizado contrataciones directas por el servicio de conserjería para la RAP Metropolitana "detallando el monto de cada una así como las empresas contratadas". Además pidió conocer si actualmente existe "un proceso licitatorio en curso y la etapa en la que se encuentra" el mismo.

Este lunes se retomarán las tareas en la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento. Según informaron a El País fuentes parlamentarias, se continuará analizando el caso del Hospital de Rivera por el que resultó cesado de su cargo como director Andrés Toriani, de filiación comunista, al igual que Muñiz, quien ya fue convocada para este año. Toriani pagó sueldos de más de sesenta médicos con fondos que estaban destinados a otros rubros como el de Servicios Médicos.