SALUD

ASSE aclara: Muñiz no tendrá cargo jerárquico

Es funcionaria del organismo y podría volver a trabajar allí.

En una de las tantas comparecencias Muñiz tuvo duros choques con diputados. Foto: F. Ponzetto
En una de las tantas comparecencias Muñiz tuvo duros choques con diputados. Foto: F. Ponzetto

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) informó ayer que la recientemente separada del cargo de presidenta de la entidad, Susana Muñiz, es "funcionaria del organismo desde el 16 de mayo de 2004" y que "ocupa un cargo Presupuestal del Escalafón A, Grado 8, que mantuvo en reserva al amparo de lo dispuesto por la ley N° 17.930".

El organismo agregó en un escueto comunicado que la exjerarca "volverá a desempeñar tareas inherentes al mismo". A su vez, el nuevo presidente de ASSE, Marcos Carámbula, confirmó que Muñiz no desempeñará un cargo jerárquico en el organismo.

La información oficial fue difundida luego de que el semanario Búsqueda publicara que Muñiz pasaría a ocupar la dirección de una oficina de Recursos Humanos en el organismo, un área que fue creada en enero, poco antes de que fuera destituida por el propio presidente Tabaré Vázquez.

El diputado del Partido Nacional Martín Lema se reunió ayer por casi dos horas con Carámbula, la vicepresidenta Marlene Sica y el vocal Julio Martínez. En ese ámbito, el exsenador confirmó al legislador la tarea que emprenderá Muñiz. Ella se encuentra actualmente con licencia.

Una actitud de preocupación por la información aportada por Búsqueda, luego aclarada por ASSE, había ganado ayer al representante del Partido de la Gente Guillermo Facello quien, en caso de confirmarse, había adelantado a El País su disposición a plantear el tema en el Parlamento.

En lo estrictamente legal, la ley que creó ASSE en 2007 no le permitiría a Muñiz ser titular de un cargo que dependa jerárquicamente del directorio del organismo.

La ley 18.161 establece en su artículo 9° que los miembros del directorio "no podrán ser nombrados para cargos, ni aun honorarios, que directamente o indirectamente dependan de este". La norma agrega que "esta inhibición durará hasta un año después de haber cesado en sus funciones, cualquiera sea el motivo del cese, y se extiende a todo otro cometido, profesional o no, aunque no tenga carácter permanente ni remunerado".

La existencia de este impe-dimento fue analizada ayer por el senador nacionalista Javier García con el secretario gene-ral del Partido Comunista —al que pertenece Muñiz— Juan Castillo.

Hace unos días, en el curso de una entrevista con el semanario Brecha, el presidente de ASSE, Marcos Carámbula, recordó que Muñiz es funcionaria de carrera del organismo, y "puede aportar mucho, por ejemplo en la formación de recursos humanos".

A fines de febrero, cuando en el Senado se trataron las venias para los directores políticos (no los sociales) de ASSE, la oposición, aunque votó a favor de Carámbula, Sica y Martínez, no dejó pasar la oportunidad de descargar una serie de críticas a la gestión del organismo.

Así, en los discursos hicieron ver que se trata de un ente plagado de denuncias parlamentarias sobre mala gestión, otras denuncias en la sede penal de Crimen Organizado y un enorme debate en la sociedad.

"En ASSE hubo un ataque de corrupción, mala gestión y clientelismo", sostuvo luego el senador nacionalista Javier García. "El verdadero ataque lo sufrieron los pacientes que se atienden en los hospitales públicos", añadió el legislador.

Luego, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que las anteriores autoridades "son responsables de irregularidades como despil- farro, descontrol, conductas impropias y algunas proba- blemente delictivas que es- tán siendo investigadas por la Justicia".

Muñiz "cumplió un triste papel al defender los nombramientos a dedo porque antes lo hacían los blancos y colorados. Patético argumento", subrayó Mieres, quien abrió "una cuota de confianza" a Carámbula.

Farmacias.

En otro orden, Carámbula anunció a Lema que ya se inició el trabajo para normalizar la situación irregular de las farmacias de ASSE, de las que apenas un 18% está en trámite de habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP). Según informó el año pasado el ministro Jorge Basso en el Parlamento, ninguna tiene dicho aval.

Lema indicó que si bien en este punto hubo acuerdo en que se debía buscar un mecanismo para regularizar la situación, "hubo matices" con respecto al planteo de Carámbula de modificar normativas para que no ocurran más irregularidades en la gestión de los hospitales: "Las normas las discute el Parlamento, acá hay que hacer un cambio de conducta para que se adecue a la norma y no la norma para adecuarse a las irregularidades", apuntó el diputado, quien agregó que "el problema es de gestión y de falta de previsión".

El diputado del sector blanco Todos también comunicó su preocupación porque ASSE no publica los tiempos de espera en el sitio atuservicio.uy a diferencia de los prestadores de salud que sí lo hacen. Además reclamó auditorías que "el directorio ocultaba", así como revisar los controles y las metas asistenciales.

Venias sin los votos de la oposición

Los pedidos de venia para los dos directores sociales de ASSE, en representación de trabajadores y usuarios respectivamente, el exdirigente sindical Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, enfrentan un problema en el Senado: no hay votos suficientes en los partidos de la oposición para su aprobación. Las venias para Cabrera y Pereyra necesitan al menos 18 votos en el plenario, pero la postura de senadores blancos y colorados de no votarlas hará que se deba esperar el plazo constitucional de 60 días para que las designaciones se aprueben automáticamente. Cuando el Poder Ejecutivo destituyó a la mayoría del directorio encabezado por Susana Muñiz, también cayeron las otras venias, que ahora deben ser aprobadas por el Parlamento. La semana pasada, cuando el plenario del Senado discutió sobre la situación de ASSE en el marco de la aprobación de las venias para los directores políticos Marcos Carámbula, Marlene Sica y Julio Martínez, el senador colorado Pedro Bordaberry aprovechó a pedir que los representantes sociales de usuarios y trabajadores en el directorio no tengan voto porque "defienden las corporaciones". Lo mismo pidió el senador nacionalista Javier García.

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