El presidente analiza el proyecto de decreto

Asignaciones bajo la mira de Vázquez

Antes de asumir por segunda vez como ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dejó claro que no estaba de acuerdo con suspender las asignaciones familiares por no estudiar, tal como establece la ley como condición de derecho.

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La ministra Arismendi es contraria a pedir contraprestaciones por las asignaciones familiares.

Fiel a su pensamiento, la secretaria de Estado le presentó al presidente Tabaré Vázquez un proyecto de decreto que establece medidas previas a la suspensión. “Queremos que recién cuando se agote lo educativo y social se suspendan, no antes”, reconoció la ministra ayer en rueda de prensa.

El presidente del BPS, Heber Galli, había dicho a El País que se analizarán los datos en los próximos días para hacer la suspensión anual que realiza el banco y que en lo que va del año se rechazaron 20 solicitudes para asignaciones familiares, justamente porque las personas no tenían los certificados de estudio. “Si no lo traen no se la damos, es así de claro”, afirmó Galli a El País.

Una de las medidas que Arismendi pretende que se cumplan antes de la suspensión es que el Mides vaya a buscar al chico a su domicilio para conocer por qué no va a un centro de estudios, cuál es su situación y cómo puede el Estado colaborar.

“Nosotros los estamos yendo a buscar. Hemos ido a decenas y decenas. La mayoría son chicos que terminaron sexto pero no aparecen en ningún listado de UTU ni de Secundaria, entonces vamos a buscarlos”, contó Arismendi y agregó que su gente se ha encontrado con “cosas muy terribles”. “Para eso tenemos que tener un traje a medida”, afirmó.

La ministra dijo que el Banco de Previsión Social hace lo que tiene que hacer que es cumplir con la ley pero insistió en que cada caso es distinto y que el Estado no puede mirar para el costado.

“Ellos comprueban con un listado si los chicos concurren a clase o no (...). Cada uno es diferente y tienen problemas diferentes y hay que atenderlos diferente”, insistió.

En 2014 se dieron de baja 51.000 asignaciones, número que fue descendiendo con el correr de los meses y al culminar el año quedó en la mitad. Según datos del BPS al pasado mes de febrero, el Estado otorgaba 495.000 asignaciones familiares en total: 111.000 a través de la ley 15.084 y 384.000 por la ley 18.227. El monto total que pagó el Estado por ellas fue 441 millones de pesos.

Según dijo el presidente del BPS el número de asignaciones se ha sostenido en el tiempo y se ha dado un traspasamiento entre las dos leyes.

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