La futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, agitó el debate político en un tema muy sensible al señalar que el pago de Asignaciones Familiares por parte del Banco de Previsión Social y la entrega de la tarjeta Uruguay Social a cargo del Mides no deben condicionarse a contrapartidas. 

Sin embargo, el BPS, sigue condicionando los pagos —pese a que Arismendi dijo lo contrario— y no tiene previsto cambios en ese sentido. Sus autoridades apoyan que el pago se haga solamente cuando hay contraprestación (controles de salud y concurrencia a centros educativos de los beneficiarios) en tanto que la oposición le advirtió a la futura ministra que, en el caso de las Asignaciones Familiares, las exigencias para los beneficiarios están establecidas por ley.

Arismendi se había mostrado contraria a que se dejasen de pagar las Asignaciones Familiares cuando el niño o adolescente deja de concurrir a un centro educativo y se felicitó porque eso "no continuó", aunque desde el BPS se asegura que no se han modificado los criterios. "Si yo además de que no va, todavía les saco la comida y la plata, les digo, embrómense para el resto de sus vidas", argumentó Arismendi.

Las contraprestaciones para las Asignaciones Familiares tienen efectivamente una base legal. La ley 18.227 establece en su artículo 6 como requisito para cobrar "la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza estatales o privados autorizados por el órgano competente, excepto en los casos de beneficiarios discapacitados (para los cuales) se acredite que aquello no es posible, y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado". Y el artículo 8 faculta al BPS a "requerir de los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública, de la Administración Nacional de Educación Pública, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y de las instituciones de enseñanza privadas y de las instituciones de atención a la salud, toda la información necesaria para comprobar la asistencia de los beneficiarios a los centros de educación y los debidos controles médicos, a cuyos efectos los organismos e instituciones indicados quedan obligados a suministrarla".

Durante varios años no se controló que la norma se aplicara. En 2013, y luego de que en el Parlamento el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, admitiera esa situación, el BPS comenzó a fiscalizar. De hecho, en julio pasado el presidente del BPS, Ernesto Murro, (que ayer no quiso hacer declaraciones) informó que distintas mejoras en los sistemas de información llevaron a que se suspendiera el pago de 15.166 asignaciones familiares, lo que significa un 3% de los beneficiarios, un 50% menos de los suspendidos el año 2013. Con la implementación de este sistema, Murro detalló que 11.506 beneficiarios fueron rehabilitados y reinsertados al sistema educativo. De las 15.166 asignaciones familiares que el BPS suspendió, el 75% correspondían a jóvenes que estaban en edad liceal. El restante 25% se repartió entre niños de educación inicial y primaria.

En esa oportunidad, Murro dijo que se destinaban para asignaciones familiares unos US$ 223 millones anuales. A abril de 2014, 495.138 familias cobraban la asignación y la gran mayoría de ellas, 382.349, correspondían a aquellas con hijos en educación inicial o primaria. El 70% de los beneficiarios estaban en el interior.

La vicepresidenta del BPS, Rosario Oiz, dijo a El País que "no hay nada previsto que haga que nosotros no cumplamos con las leyes vigentes". "Yo estoy de acuerdo con la medida, yo personalmente estoy de acuerdo con que se controle la asistencia al centro de enseñanza para pagar la asignación", enfatizó.

Elvira Domínguez, directora del BPS en representación de los empresarios, consideró que "toda partida que se otorga que está por definición con contraprestación no puede ser asistencialista, tiene que controlarse que se alcance el objetivo deseado, si no, no tiene sentido". Y Mirta Frondoy, consejera del Consejo de Educación Primaria confirmó que cada tres meses se envían al BPS los datos de inasistencias de los alumnos.

Las bases programáticas del Frente Amplio para el período 2015-2020 no son claras respecto a este punto. Le dedican un párrafo que dice: "Respecto de las condicionalidades de las Asignaciones Familiares (se va) a generar un protocolo de actuación y toma de decisiones en caso de incumplimiento que refuerce el objetivo de revinculación a los sistemas educativo y de salud". El vicepresidente Danilo Astori apoyó a Arismendi pero no profundizó. "La ministra está anunciando la continuación del cumplimiento del programa del Frente Amplio. Estoy de acuerdo con lo que ha anunciado", dijo a El País.

El diputado nacionalista, Pablo Abdala, señaló que las contraprestaciones "no son una carga o un precio sino un beneficio adicional porque solo con la prestación monetaria no alcanza para la inclusión social".

"Sin educación no hay salida de la exclusión y se consolida la dependencia y el control del Estado sobre la vida de las personas que siguen excluidas", dijo.

El futuro senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que "no hay derechos sin contraprestaciones" por lo que la futura ministra "está totalmente equivocada". Con la exigencia de contraprestaciones "no se busca castigar sino que los padres se sientan obligados a mandar a sus hijos a los centros educativos". Mieres reconoció que no alcanza con dar de baja de los listados del BPS a quienes no cumplen los requisitos y que se debe "buscar llegar a las familias".

Por su parte, el senador colorado Alfredo Solari comentó que en otros países los programas con contraprestaciones como las Asignaciones Familiares apuntan a que los niños o jóvenes no tengan que salir a trabajar y se puedan educar, y recordó que las asignaciones siempre han estado ligadas a contraprestaciones. "Si no, las personas quedan condicionadas de por vida y eso no es digno", consideró.

Dos leyes, la 15.084 y la 18.227 regulan las Asignaciones Familiares que en algunos casos son contributivas (cuando los padres aportan a la seguridad social), y en otros atienden a jóvenes y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad o en dependencias del INAU. La web del Mides señala que para cobrarlas se requieren, según los casos, certificados de estudios, carné de notas, carné de control pediátrico o certificados de escolaridad.

La Cepal advirtió en un trabajo técnico el año pasado que "las condicionalidades (al pago de las asignaciones), y, sobre todo la forma en que se han aplicado las sanciones, pueden estar operando, al menos en un determinado grupo de beneficiarios, como un instrumento que empuja a las familias hacia una mayor vulnerabilidad". "Se evidenciaron confusiones a la hora de identificar los requisitos (...) se termina por empeorar la situación", agrega el trabajo .

La otra gran prestación monetaria es la tarjeta Uruguay Social que atiende a los 60.000 hogares más pobres. El monto máximo a utilizar al mes, dependiendo de las características del hogar, es $ 4148. Se puede utilizar para comprar alimentos y artículos de higiene y limpieza, pero no para comprar bebidas alcohólicas o refrescantes o cigarillos. Se entrega leche fortificada con hierro a los hogares con menores de tres años o embarazadas.

La tarjeta de débito Uruguay Social se puede utilizar en 600 comercios. El Mides determina qué hogares la pueden recibir luego de que sus técnicos visitan a las distintas familias. Además, en 2012 se incorporó a toda la población trans a la tarjeta "para la visibilización y reconocimiento de esa población". En el caso de este grupo, el monto a acreditarse es el equivalente al atribuido a los hogares con un menor a cargo ($ 684).

La oposición recordó que condicionamientos están fijados por leyJUAN PABLO CORREA