ARTIGAS | JAVIER BERTALOT
La Junta Departamental de Artigas resolvió remitir a la Justicia todos los antecedentes sobre las presuntas irregularidades cometidas en la administración pasada, con cheques para obtener préstamos con particulares.
Por unanimidad el cuerpo decidió enviar los resultados de dos comisiones investigadoras a la Dirección General Impositiva (DGI), al Banco Central, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Representantes, ante la posibilidad de que se solicite judicialmente el desafuero del ex intendente y actual diputado Carlos Signorelli.
Para la Junta Departamental las maniobras de la Intendencia con cheques, para conseguir préstamos con particulares, se arrastran desde la administración de Signorelli.
El deliberativo recibió en la noche pasada los informes de dos comisiones investigadoras creadas para profundizar la indagación sobre irregularidades con relación a la liberación de cheques por la Intendencia, para recibir préstamos de particulares y sobre irregularidades constatadas en las oficinas municipales de Bella Unión.
Según la documentación aportada para la investigación, las presuntas prácticas comenzaron en el año 2002, y se estima que la comuna fue afectada en al menos un perjuicio de más de 4 millones de pesos.
También la comisión arribó a la conclusión que se llevaba una contabilidad paralela, especialmente en Bella Unión, localidad considera "un paraíso fiscal", afirmó el edil nacionalista Ignacio Aramburu, presidente de la investigadora.
ANTECEDENTES. El 19 de agosto pasado, la Justicia decretó el procesamiento y prisión del ex Intendente Municipal, Carlos Soria, atribuyéndosele un delito de "abuso de funciones en casos no previstos por la ley".
La figura se desprende según el auto de procesamiento en virtud de la operativa con cheques emitidos por la Intendencia a favor de particulares, como respaldo de operaciones por préstamos de dinero, que se contrataron obviando los controles administrativos.
En algunos casos esos cheques fueron cobrados en instituciones financieras del medio, algunos que no aparecen y otros se encontraron parcialmente destruidos, estableciéndose que de 100 talones existentes, 76 documentos no se lograron ubicar.
Un elemento más fue planteado por el edil Ariel Ocampo del Encuentro Progresista, en la reunión del plenario, donde hizo saber que el Juez Letrado de Artigas debería excusarse en el caso, debido a que obran en poder de la bancada de su partido, cinco contratos de obra, suscritos por la administración anterior con un familiar directo del magistrado.
Es el mismo juez que determinó el procesamiento del ex Intendente municipal.
Entre tanto, otra comisión investigadora indagó las facturas pagas en la Junta Autónoma y Electiva por cifras importantes, las que se presume fueron utilizadas para el pago disimulado de intereses.
La documentación analizada era elevada en estas horas al juzgado de Bella Unión.