Explica porqué la jueza Mainard dejó en libertad a dos detenidos del caso

Arsenal: Suprema Corte respaldó a la jueza criticada por Bonomi

La Suprema Corte de Justicia respaldó ayer las actuaciones de la jueza María Elena Mainard, encargada de dilucidar el caso de un arsenal encontrado en dos viviendas del barrio Ituzaingó.

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Bonomi mantiene sus críticas al Poder Judicial. Foto: Ricardo Figueredo

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había criticado la actuación de la jueza por dejar en libertad a los dos detenidos por este supuesto crimen.

Según informó la Suprema Corte de Justicia en un comunicado, aún no se ha determinado "con certeza" la procedencia de las armas incautadas.

Este "supuesto arsenal", según lo calificó la Corte, está integrado por dos pistolas, algunos cargadores, una granada de práctica sin explosivo, una mira telescópica, municiones, una culata de rifle, una pistola calibre 635 modelo Mauser, una pistola calibre 365 modelo Roner Sport, entre otras cosas.

La jueza Mainard dispuso la libertad de los detenidos y mantener incautados los objetos mencionados y que se prosigan las averiguaciones.

Según indicó una fuente judicial a El País, faltan muchas actuaciones en el expediente del caso, ya que se solicitaron averiguaciones a la Policía que aún no llegaron.

Explícito.

Bonomi fue muy duro el pasado viernes, cuando cuestionó que la jueza penal Mainard haya dejado en libertad a las dos personas.

"Existe una Ley de Armas que indica que el solo hecho de tener armas no autorizadas es factor clave (para constituir un delito)", dijo Bonomi. "Un delito que se paga con prisión", recalcó.

"Si todos estos actores no se ponen en línea, tenemos problemas", criticó Bonomi.

"Lo importante es que los delitos no queden impunes, que cuando se comete un delito se pague por él. Eso es más persuasivo que aumentar las penas", opinó el ministro del Interior el jueves durante la presentación del informe "Por una América Latina más Segura".

Postura.

Estas declaraciones causaron indignación entre los operadores judiciales y la Suprema Corte decidió esclarecer el curso del caso.

Según confirmó a El País una fuente del caso, "la Policía ni siquiera se ha dignado a mandar las actuaciones (sobre el arsenal). No hay nada". Las pericias solicitadas a la Policía tampoco fueron realizadas ni entregadas a la Justicia, agregó la fuente.

Según el informante, se ordenó la libertad de las dos personas detenidas porque se dispusieron medidas de prueba que hasta ahora no existen. "Hasta ahora estamos en veremos. Las manifestaciones del ministro o del señor jefe de Policía corren por cuenta de ellos", indicó la fuente a El País.

Según explica ayer el propio comunicado de la Suprema Corte de Justicia, fue la propia Mainard la que libró dos órdenes de allanamiento a solicitud del Departamento Antidrogas Área de Investigaciones de Zona III para la revisión de dos fincas ubicadas en la calles Bernardino Duhalde y Horacio Areco con la finalidad de ubicar a G.Z., de quien se sospechaba estaría comercializando estupefacientes y rentando armas para cometer ilícitos.

Durante el operativo se detuvo a G.E.Z.A, retirado militar de 49 años que dice dedicarse a la compra venta de autos y chatarras, y a Y.W.P. de 69 años, quien dice vivir solo y dedicarse a la confección de artesanías.

Ambos reconocieron tener antecedentes penales. El primero fue procesado dos veces sin prisión, la última vez por porte y tenencia de armas en 2003 y dijo utilizar su inmueble como depósito de las cosas que compra y vende. Por su parte, Y.W.P. tiene cuatro antecedentes, el último en 2009 por homicidio.

Las armas, municiones, caños y teléfonos celulares se enviaron a la Dirección Nacional de Policía Científica y se solicitó información al Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa.

Entre otras cosas, los detenidos declararon que las miras telescópicas las compraron en una feria, y que la granada es de entrenamiento, está hecha de goma y no tiene nada adentro, por lo que se usa como adorno. Una de las armas es para seguridad personal y aún está en plazo legal para registrarla, según lo dispuesto en la Ley 19.247.

El 22 de marzo, agrega el comunicado, el fiscal Ariel Cancela solicitó la ampliación de algunos informes agregados al expediente presumarial, así como la declaración de otras personas vinculadas a la causa.

La reacción del Poder Judicial, que hizo público el proceder del caso, explica en parte las inquietudes de Bonomi, quien ya ha criticado en otras oportunidades a los jueces por dejar libre a detenidos.

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