El grupo de Sendic reclama cumplir cuota de afrodescendientes

Arismendi: planes sociales no deben tener contraprestaciones

La ministra de Desarrollo Social (Mides), Marina Arismendi, ratificó ayer ante una comisión del Parlamento que es contraria a la exigencia de contraprestaciones a los beneficiarios de los planes sociales.

Ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, Arismendi reconoció que en el gobierno hay visiones diferentes sobre las transferencias y destacó que no comparte lo que está previsto en las leyes sociales.

Según la ministra, la asistencia al sistema educativo y al sistema de salud pública no debe condicionar el pago de las asignaciones familiares.

En la reunión, el diputado nacionalista Pablo Abdala le sugirió que el gobierno "tome una decisión" en este sentido, es decir "si sigue exigiendo las contraprestaciones o no".

Arismendi adelantó que el gobierno trabaja en una especie de unificación de las transferencias, las asignaciones familiares, la tarjeta alimentaria y el resto. De todos modos, no dio mayores detalles respecto a la iniciativa.

En la reunión de la comisión se habló luego acerca de la reciente encuesta de Salud y Nutrición Infantil, que arroja que entre los niños de 0 a 3, un 4,3% tiene inseguridad alimentaria severa, es decir hambre según la definición de la FAO.

Abdala le recordó a la ministra que la encuesta señala que más del 16% de ese 4,3% no recibe asignación familiar y que solamente el 36% recibe la tarjeta alimentaria.

Arismendi respondió que eso no significa que estos niños padezcan hambre sino que tienen problema de alimentación por comer lo que se conoce como "comida chatarra", entre otras razones.

Afrodescendientes.

A su vez, en la comisión el diputado frenteamplista José Querejeta (lista 711) planteó el incumplimiento del Poder Ejecutivo de la ley de agosto de 2013 que establece la obligación de tener un mínimo de 8% de trabajadores afrodescendientes en el Estado. Según los datos oficiales, en 2014 hubo 6.096 ingresos de funcionarios solamente en la administración central (ministerios y Presidencia) de los cuales 102 son afrodescendientes, es decir apenas el 1,7%.

En el resto del Estado, los únicos que han cumplido con esa ley son las intendencias de Rivera y Cerro Largo, el Inefop y Mevir.

La comisión continuará analizando el proyecto de Rendición de Cuentas y espera llevarlo al plenario de Diputados en la sesión extraordinaria fijada para el jueves 23.

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