Ministra sostuvo que es injusto cortar asignaciones si no hay suficientes plazas en la educación pública.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se pronunció ayer en contra del corte de asignaciones familiares de escolares y liceales que no están yendo a estudiar, advirtiendo que Secundaria "no tiene cupos" para recibirlos y que no se controlan debidamente las enfermedades que puedan tener estos jóvenes.

"Como gobierno, como Estado, controlamos que los niños vayan o no a la escuela o a la enseñanza media. Pero a veces pasa que cuando van a la puerta de un liceo, hacen cola y les contestan que no hay cupos. Yo, que soy maestra y tengo marcado el legado vareliano, lo que me pregunto es, cómo si no hay cupos después les voy a quitar la asignación familiar porque no van", cuestionó Arismendi en un evento en la Facultad de Ciencias Sociales.

La jerarca advirtió que "hay otro montón de problemas" en este sentido, y se refirió de forma especial a "los adolescentes que esperan tener 15 (años) para poder entrar en Jóvenes en Red, porque es mucho más divertido (que el liceo) y más útil". Y añadió que los alumnos a veces expresan: "Ahí nos quieren, en otros lados no".

Jóvenes en Red es un programa del Mides en coordinación con las carteras de Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura, Defensa y Turismo, el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), Secundaria y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Es para jóvenes de 14 a 24 años que están bajo la línea de pobreza. El objetivo del plan, según explica la web del Mides, es "fortalecer las condiciones personales y sociales de los jóvenes para el desarrollo de proyectos personales".

En 2013 el Mides, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Banco de Previsión Social (BPS) empezaron a cruzar datos para detectar a los jóvenes que no están yendo a estudiar. A estos se decidió cortarles las asignaciones familiares. Cuando Arismendi, que ya había sido ministra de Desarrollo Social en el primero gobierno de Tabaré Vázquez, volvió a la cartera en 2015, se pronunció en contra de esta medida y durante todo ese año no se hizo el corte. En diciembre pasado, Vázquez firmó un decreto por el cual se volvía a cesar la prestación a quienes no vayan a estudiar y también a quienes no tenían los debidos controles de salud.

Con esto, el BPS anunció días atrás el corte de 16.000 asignaciones familiares de jóvenes que no están yendo a estudiar. La medida empezará a correr a partir de agosto y las familias ya no cobrarán desde septiembre. Las declaraciones de Arismendi de ayer dan cuenta de desacuerdo con la medida.

La ministra también advirtió sobre la imposibilidad de llevar adelante los controles para saber si los jóvenes están sanos. La jerarca recordó que cuando las familias se anotan para recibir una asignación deben presentar el carnet de salud de los niños o adolescentes, pero dio a entender que esto no es garantía de que los jóvenes estén bien.

"Con esto no podemos demostrar nada, y si vamos más lejos podemos demostrar lo contrario. Cuando nosotros vamos a trabajar cuerpo a cuerpo, por ejemplo con (el programa) Uruguay Crece Contigo, vemos esto", manifestó la ministra. Y explicó: "Aun con ese cuerpo a cuerpo, en ese abrazo que vamos a darles... les damos el abrazo pero dónde está la casa nueva, qué hacemos con los bebés que tienen, por ejemplo, parasitosis".

En el evento, donde se discutió el plan de transferencias monetarias y protección social del Mides (ver aparte), la profesora e investigadora Andrea Vigorito alertó sobre "la estigmatización" que implicaba publicar, como hizo el BPS, una lista con las cédulas de identidad de los jóvenes que no están yendo a estudiar. Ya entre el público, sentada en primera fila, la ministra asintió con la cabeza demostrando estar de acuerdo.

El plenario de la Cámara de Representantes aprobó por 46 votos a favor en 92 presentes la interpelación a la ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi por el traslado del Instituto de Ciegos Tiburcio Cachón. El planteo fue de la diputada nacionalista Gloria Rodríguez que argumentó que la del Mides fue una "decisión inconsulta", producto de la "falta de diálogo" de Arismendi con el Parlamento, y que "es una violación de los derechos humanos" de los no videntes.

La investigadora del Instituto de Economía, Andrea Vigorito, presentó ayer una serie de datos que dan cuenta de un desconocimiento por parte de quienes cobran asignaciones familiares de las contraprestaciones con las que deben cumplir.

El 41% de los encuestados dijo tener conocimiento de que debían enviar a sus hijos a la escuela, y 17% contestó lo mismo sobre el liceo. Menos, el 14,6%, sabía que los menores debían cumplir los controles de salud.

Vigorito, una de las encargadas de cerrar el Seminario Transferencias Monetarias y Protección Social, también destacó, como otros expositores, que además del Panes y las Asignaciones Familiares, existe otra prestación que muchas veces no se suele contar, que son las deducciones del IRPF a quienes tienen hijos.

Carmen Midaglia y Florencia Antía, que presentaron el estudio “¿Prisioneros del legado de Bienestar? Alcance y límites de la expansión segmentada de las políticas familiares en Uruguay”, advirtieron que teniendo en cuenta estas deducciones el 80% recibe algún tipo de beneficio.

El director Nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Lavat, dijo que cuando se habla sobre las prestaciones que se les dan a las familias más carenciadas, “se discute sobre medio punto del PBI”, y advirtió “una ofensiva conservadora” contra estos planes.

PLANES SOCIALES DEL GOBIERNO