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Apoderado de Casal modificó datos en documentos por investigación de DGI

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ND 20070216, CONTRATISTA DE FUTBOL PACO CASAL SALE DE ESTUDIO DEL CR. JOSE PEDRO DAMIANI Y HABLA CON LOS PERIODISTAS
Darwin borrelli

El semanario Búsqueda publicó hoy que Julio Szafrán, apoderado de Francisco Casal, tramitó ante la panameña Mossack Fonseca algunos cambios en los registros de las empresas indagadas por la DGI con el fin de ocultar que su directorio estaba integrado por él y algunos familiares.

El apoderado del contratista de futbol Francisco Casal, Julio Szafrán, mintió en sus declaraciones a la Dirección General Impositiva (DGI) y modificó documentos que luego presentó como pruebas, según informa hoy el semanario Búsqueda.

Szafrán tramitó ante la panameña Mossack Fonseca (MF) algunos cambios en los registros de las empresas indagadas por la administración tributaria, con el fin de ocultar que su directorio estaba integrado por él y algunos familiares.

Esos documentos fueron los que el apoderado de Casal modificó luego y los utilizó en la defensa de éste ante la Justicia.

Según informa Búsqueda, Szafrán se presentó en 2005 ante la DGI para declarar en representación de Casal y fue entonces que debió dar detalles sobre los negocios de éste. En su declaración, Szafrán aseguró que "el Grupo Casal" no existía "como tal" y que las compras de futbolistas se realizaban a través de “sociedades extranjeras no radicadas en el país, con domicilio en el exterior”.

Según el acta del expediente judicial, Szafrán dijo que los inversores, el origen de dichos capitales y la manera en que ingresaban a Uruguay eran “del exterior”.

Cuando los inspectores de la DGI preguntaron quiénes eran los directores, los representantes legales y los asesores contables, Szafrán dijo que eran “del exterior” y que él era su apoderado en Uruguay.

El semanario informa que el interrogatorio siguió con preguntas relacionadas a estos inversores extranjeros y sobre algunas sociedades en particular que estaban vinculadas a la venta de futbolistas: las off shore Darrel Equities SA, Domex Associates Inc. y Mikron Consulting SA.

Pero al otro día de haber concurrido a declarar, el estudio Rozemblum & Asociados (que era el que desarrollaba la operativa en Uruguay) envió un correo electrónico al estudio MF solicitando solucionar un problema: Szafrán había dicho a la DGI que los directores de las sociedades investigadas eran extranjeros, pero no era así. En realidad el directorio estaba integrado en varios casos por él y en otros por sus familiares.

Es así que se solicitó a estas tres sociedades "dar de baja" a Szafrán del directorio y a sus familiares, pero con fecha retroactiva, que iban de los cuatro a los dos años anteriores.

Desde MF respondieron que los pedidos se podían procesar pero con algunos cambios y aclararon que la emisión de poderes “con fecha retroactiva” era posible, aunque el “acta tendrá fecha retroactiva pero la escritura pública tendría fecha actual”.

La opción que sugirió MF al estudio uruguayo fue que el cliente podría "no protocolizar mediante escritura pública los poderes y hacer los mismos mediante documento privado, los cuales reflejarían” la fecha deseada.

Según constató Búsqueda, a pesar de que ese año, en 2005, llegaron los documentos solicitados al estudio de Uruguay, los Panama Papers revelaron los documentos originales en los que aparece Szafrán y sus familiares integrando los directorios de las sociedades.

Los documentos solicitados por Rozemblum & Asociados para sus clientes en 2005 y en 2007 fueron presentados ante la DGI. Además, también fueron utilizados en los juicios que la administración tributaria entabló contra Casal, algunos empresarios y sociedades anónimas.

El caso en la Justicia civil se cerró luego de que en noviembre de 2013 el entonces presidente José Mujica firmara una resolución en la que daba la razón a Casal con la contrapartida de que el empresario desistiera de iniciar un juicio contra el Estado.

Mujica tomó esa decisión luego de recibir un informe del fiscal de gobierno Daniel Borrelli, quien concluía que el expediente administrativo de la DGI tenía al menos 2.000 vicios de forma, lo que exponía al Estado a un derrota casi segura.

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PANAMA PAPERS

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