Murro recriminó al sindicato su planteo ante la OEA aunque ofrece diálogo.

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay decidió ayer en asamblea que suspenderá todas las actividades vinculadas al nuevo Código de Proceso Penal y al Código de Procesamiento Aduanero en el marco de sus movilizaciones en reclamo de una adecuación salarial, derivada del "enganche" legal de sus remuneraciones con las de los ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia.

En 2010 el gobierno de entonces aprobó un aumento para los ministros y, sin advertirlo, las remuneraciones de magistrados, defensores de oficio, actuarios y judiciales como consecuencia del "enganche" legal que existe.

La decisión sindical implica que los funcionarios no participarán de los cursos de capacitación para poner en marcha el nuevo código. La asamblea analizó varias mociones y la aprobada recibió 348 votos a favor y había sido propuesta por el Consejo Ejecutivo del sindicato.

El sindicato estudió la respuesta escrita del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, al planteo que le había realizado en marzo. El ministro ratificó que el Poder Ejecutivo, si bien está abierto al diálogo, no modificará su propuesta de pago. Pero Murro además echó en cara al sindicato que haya hecho un planteo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Acá lo que apareció es una situación nueva que es que se han hecho dos planteamientos en la OEA contra el Estado uruguayo. Uno casualmente lo hace el mismo abogado que defendió a los Peirano (N de R: el ministro no dio el nombre aunque se refería a los banqueros presos tras la crisis financiera de 2002) lo que nos llamó la atención y otro planteamiento hecho por funcionarios judiciales. Nosotros no queríamos ir a organismos internacionales. Cuando conversábamos esto hace meses decíamos que había dos alternativas: ir a los estrados judiciales o negociar. El gobierno optó por negociar y nos ha ido bien con algunos sectores y lamentablemente con otros hasta ahora no hemos avanzado", dijo el ministro. También el presidente Tabaré Vázquez había advertido que el gobierno no haría otra propuesta para zanjar el diferendo en lo que queda de su gestión.

El gobierno ya llegó a un entendimiento con jueces, fiscales y defensores de oficio pero no con los funcionarios judiciales y con los actuarios. Estos últimos dos grupos cuentan con una sentencia judicial firme que ordena que se adecuen sus remuneraciones como consecuencia del "enganche". El pleito ya lleva seis años y el gobierno incluyó en la última Rendición de Cuentas un artículo que condiciona el pago de la adecuación a la disponibilidad de recursos. El gremio judicial considera que esta resolución es inconstitucional.

El sindicato también decidió "en los asuntos de contenido patrimonial, donde el Estado sea actor, no tramitar expedientes" y hacer un seguimiento especial del alcance de esta medida.

Los judiciales entienden que, como consecuencia del "enganche" les corresponde una adecuación salarial del 15% y el cobro de la deuda generada por el no pago de ese ajuste hasta ahora. Los judiciales calculan que el Estado les adeuda US$ 40 millones.

El sindicato además decidió pedir a la Suprema Corte de Justicia que incluya en su mensaje de Rendición de Cuentas los montos para la adecuación salarial y el pago de la deuda.

El sindicato judicial también pretende sensibilizar a los legisladores para que incluyan en la Rendición de Cuentas recursos para que se procese la adecuación salarial que reclaman desde hace seis años.

El gobierno había propuesto pagar en febrero un 15,76% de lo adeudado retroactivo a diciembre de 2012 en lugar del 21,06% que surgía de una primera liquidación. A su vez, de la deuda generada desde el 23 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre pasado (llega a US$35 millones) el gobierno propuso pagar alrededor del 70% del monto total.

Sin embargo, una asamblea de los judiciales rechazó por amplia mayoría (1453 votos contra 589 y 21 abstenciones) la propuesta oficial. En la asamblea habían participado 2060 de los 3.600 funcionarios del Poder Judicial.

SIGUE EL CONFLICTO