Impuesto a militares “afectará atención a 150.000 usuarios”.

La aplicación de un impuesto sobre las pasividades y retiros militares podría afectar seriamente a la sanidad de las Fuerzas Armadas, según expusieron representantes de todas las organizaciones sociales castrenses. Específicamente, el general retirado Hebert Fígoli, que es el coordinador del equipo de análisis de la Seguridad Social Militar, advirtió que en el Hospital Militar "se respira la posibilidad —en muchos casos ya concretada— de una suerte de fuga del sistema por parte de los técnicos especialistas".

Fígoli explicó ante la comisión de Hacienda del Senado, que discute el proyecto del gobierno que alcanzará aproximadamente al 20% de los retirados y pensionistas militares, que los profesionales médicos, enfermeros y personal de sanidad participan en los contingentes desplegados en operaciones de paz y en operaciones de ultramar.

"Por eso, más allá de lo que pueda significar la reducción de personal médico y especialistas (en el Hospital Militar), y de lo que puede ser el funcionamiento de los diferentes IMAE, se podría ver afectada la atención a más de 150.000 usuarios con sus respectivas familias".

En el Hospital Militar se atiende al personal superior y subalterno más sus esposas, hijos, cónyuges, parejas, y a todos quienes por ley les corresponde la cobertura del sistema de salud militar.

Al respecto, Fígoli advirtió que el sistema de sanidad militar "es la reserva del sistema nacional de salud en caso de huelga o conflicto sindical". En los hechos, en Sanidad de las Fuerzas Armadas los sueldos son bastante más bajos que en otros ámbitos de la salud. El aliciente para los profesionales es una pasividad atractiva, pero si advierten que la misma será abatida por el nuevo impuesto, lo más probable es la "fuga", advirtió Fígoli. "Este impuesto acelerará la tendencia al retiro ya que sus magros ingresos no admitirían su permanencia, por cuanto podrían optar por el retiro en las actuales condiciones y volcar sus esfuerzos en otras fuentes laborales", dijo.

El jueves 3, ante la comisión legislativa comparecieron delegaciones del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, el Centro Militar, el Club de la Fuerza Aérea, el Club Naval, el Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas, el Círculo Militar y el Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas.

Fígoli explicó a los nueve senadores que una de las razones del desfinanciamiento actual del Servicio de Retiros Militares ha sido "la política de reducción de efectivos de las Fuerzas Armadas seguida por distintos gobiernos desde el año 1985", la cual determinó "una disminución del 32% de cotizantes al sistema, lo que unido al incremento de la expectativa de vida de retirados y pensionistas ha determinado la relación de un activo por casi dos pasivos".

Hoy aportan al Servicio unos 27.000 activos y se realizan prestaciones a 35.000 retirados y 14.700 pensionistas.

Además, explico que "la masa salarial del personal en actividad es la más baja del Estado. Más del 50% son soldados y marineros con un ingreso que no supera los $ 14.000. A título de ejemplo, más del 60% de los soldados y marineros viven bajo la línea de pobreza o indigencia".

Los abogados que acompañaron a la comisión a las delegaciones fueron Gonzalo Aguirre y Nelson Mosco. El primero afirmó que el proyecto de ley "es burdamente inconstitucional" por una serie de debilidades jurídicas que tiene. Mosco argumentó que este proyecto de ley es "un parche financiero" que confirma que "el sistema previsional está en una crisis terminal".

IMPUESTO Y LA SANIDAD MILITAR