Fue sancionado ayer con los votos de la bancada del Frente Amplio el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo solicitando ampliar en un año los plazos de negociación para la instalación del emprendimiento de minería a cielo abierto de la empresa Zamin Ferrous (Aratirí), iniciativa fuertemente rechazada por la oposición. 

Blancos y colorados argumentaron que el plan de la minera no es seguro ni será beneficioso para el país, algo que también piensan las organizaciones medioambientales contrarias a la minería a cielo abierto.

En la última sesión de la Legislatura de la Cámara de Representantes, también se sancionó otra ley polémica, la que permite aumentar el tope de endeudamiento público (ver recuadro).

La semana pasada Aratirí presentó al presidente José Mujica una iniciativa alternativa para la explotación del hierro, que establece un área menor de explotación, una producción de menos toneladas anuales, y la no construcción de un mineroducto y un puerto de aguas profundas para sacar la producción, haciéndolo a través del puerto de Montevideo, todo lo cual baja los costos de la empresa en forma considerable.

Según informó el jueves Búsqueda, Aratirí pretende desarrollar un proyecto de extracción del yacimiento Valentines de entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas de hierro al año, bastante menos ambicioso que el actual que es para extraer 18 millones de toneladas anuales.

Mujica advirtió entonces que la idea no le parecía mala y que con esta nueva ley aprobada se podía seguir negociando y evitar un eventual juicio de la empresa.

Ayer en Diputados durante el debate por Aratirí, el frenteamplista Ruben Martínez Huelmo recordó que Mujica alertó sobre esas posibles acciones legales en caso del vencimiento del plazo. "Son precauciones que toma el Poder Ejecutivo", subrayó el diputado.

Su colega del Partido Independiente, Iván Posada, dijo que la ley de minería de gran porte "no tiene nombre propio" sino que fue votada por todos los partidos en el marco del acuerdo multipartidario sobre medio ambiente. Posada anunció que votarían negativamente el proyecto del gobierno porque "las mejores garantías para el Estado están en el cumplimiento de la ley" de minería de gran porte.

El nacionalista Gerardo Amarilla, en tanto, aseguró que la propuesta nueva de Zamin Ferrous "confirma que el proyecto original estaba plagado de improvisación y desconocimiento del negocio", y afirmó que también confirma que la ley de megaminería "fue con nombre y apellido, y con número de cédula".

"El marco jurídico de la minería se cambió tres veces. El gobierno es sensible a presiones y amenazas", agregó, aludiendo a la advertencia que lanzara Mujica sobre posibles juicios por parte de Aratirí, que dice que lleva invertidos unos US$ 200 millones en el proyecto. Amarilla insistió en que "se acomoda la legislación" a la empresa minera.

Luego, el nacionalista Álvaro Delgado anunció el voto negativo al proyecto. Recordó que más de una vez el Poder Ejecutivo cambió el contenido del proyecto mientras se discutía en el Parlamento, que tiene cláusulas de confidencialidad que nunca se analizaron, que no hay autorización ambiental, y que a último momento se intentó cambiar el proyecto original.

"Extender los derechos por un año para seguir negociando con nombre y apellido, trae más incertidumbre", remarcó Delgado.

Su compañero de bancada Pablo Iturralde propuso un llamado a licitación internacional para la explotación de los recursos mineros.

El plazo para negociar con Aratirí vencía el 28 de febrero, último día del gobierno de Mujica. Ahora le corresponderá al presidente electo, Tabaré Vázquez, definir si la empresa minera lleva adelante su proyecto en Uruguay o, como sospecha la oposición, se va y vende el plan a otra multinacional.

El proyecto de ley que aumenta el tope de la deuda pública sancionado ayer establece el nuevo techo en 9.000 millones de Unidades Indexadas (UI), US$ 1.085 millones. Hasta ahora ese tope estaba en 5.500 millones de UI. El texto se aprobó el martes 3 en el Senado, únicamente con los votos del Frente Amplio. Ahora en Diputados, el Partido Independiente dio su anuencia para esta ley. Alfredo Asti, del FA, aseguró que "las tarifas no se usaron para equilibrar el déficit fiscal".

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