Parlamento interviene entre las autoridades y el sindicato; no hay diálogo.

Alas 15:45 del 25 de mayo se firmó en el Consejo de Educación Secundaria (CES) un acta que se convirtió en el último capítulo de la guerra entre las autoridades de la educación y el sindicato. En ese documento, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, advertía que eran necesarias medidas urgentes para evitar la sangría de los estudiantes en edad liceal. Entre otras cosas, el jerarca instaba a que los docentes no salieran de las aulas para mantener ningún tipo de reunión en horario de clase, ni aunque se tratare de una actividad gremial.

Netto pidió esa reunión con carácter urgente. Fue recibido por la directora del CES, Celsa Puente, y los consejeros Javier Landoni e Isabel Jaureguy. Y les dijo que analizando los indicadores de los últimos 30 días había encontrado una serie de irregularidades: estudiantes que no se habían inscripto, que no tenían grupos asignados, que tenían muchas faltas o que ya habían caído en una situación de ausentismo. Todo esto a menos de tres meses de iniciadas las clases.

La principal preocupación de Netto eran los alumnos de primer año de Ciclo Básico. "Nosotros tenemos un dato. En primer año entran 50.000 y a fin de año perdemos 10.000, esto es insostenible", les dijo, según figura en el acta a la que accedió El País. "Tenemos que ver cómo transmitimos y generamos los aprendizajes. La adaptación curricular es fundamental", añadió.

El jerarca precisó que se deberían buscar mecanismos para que las instituciones volvieran a captar a los alumnos que se les iban. "La sola llamada telefónica no es suficiente. Se debe designar a una persona para este seguimiento, las comisiones departamentales ayudan, pero nosotros debemos generar las herramientas en cada centro", explicaba.

Netto también dijo que las reuniones de profesores no se podían fijar de lunes a viernes en horarios de clase, sino que estas debían ser los sábados. "No se exhonerá (sic) la no asistencia al aula por reuniones de profesores", instó el jerarca, según el documento. "Hoy no está habilitado a nadie a salir de las aulas a cursos de capacitación, no hay nada que autorice a los docentes a salir de las aulas. La administración pretende minimizar las ausencias", precisó.

El presidente de la ANEP también se refirió a una situación puntual en el liceo de La Barra, en Maldonado, donde dijo que había "docentes que creen que pueden faltar a clase para resolver temas sindicales". Y precisó: "No está dentro de la legalidad hacerlo, no es acoso laboral ni persecución sindical, porque no está avalado".

El reclamo de Netto fue respaldado por Puente, quien dijo que "las reuniones se pueden hacer a cualquier hora siempre y cuando no impida al docente ir a clase". Añadió que cada institución debería "validar" las reuniones de los profesores, para que no se afecte la asistencia de estos a las aulas.

Cuando Netto se presentó ese día en el CES, la relación entre Puente, Landoni y Jaureguy era de tensión. La consejera en representación de los docentes ya había declarado a la prensa que sus colegas le ocultaban información. Y había tenido un encontronazo y una posterior reconciliación con la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), luego de que El País publicara parte de una conversación entre ella y los demás consejeros en la que se hablaba sobre una posible conspiración de los "ultras" del sindicato para sacar a Puente del cargo.

"Jaureguy se avivó y después de la reunión con Netto exigió que se redactara esa acta", le dijo a El País un líder sindical. Y el documento, que llegó a las manos Fenapes, es el que ahora tiene a las partes en un enfrentamiento que no da tregua.

La semana pasada la presidenta de Fenapes, Virginia García Montecoral, denunció ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes un "desconocimiento de las libertades sindicales" por parte de la ANEP y el CES, por no dejar a los profesores ir a reuniones en horarios de clase. También criticó que no se les permita ir a rendir exámenes, cuando estos —muchos de ellos aún no recibidos— no fijan los horarios en que las pruebas se llevan a cabo.

Fenapes fue al Parlamento luego de sentarse varias veces con las autoridades en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), y que no pudieran llegar a un acuerdo. El martes pasado, en tanto, la misma Comisión recibió a los jerarcas de ANEP y Secundaria. Netto hizo allí una larga ponencia sobre la importancia de que las actas firmadas por las autoridades no se hagan públicas. En un clima de tensión, Jaureguy contestó invitándolo a iniciar "las acciones que considere correspondientes para solicitarle a la Corte Electoral que sea relevada del Consejo de Secundaria".

En este contexto, el Parlamento intervendrá para destrabar el conflicto entre las autoridades de la educación y Fenapes. Y hoy se verán las caras por partida doble: primero concurrirán en la mañana a la Dinatra y en la tarde irán a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

El secretario de Fenapes, José Olivera, acusa en una nota con El País que a casi un mes de iniciadas las clases hay 45.000 horas docentes sin cubrir.

La directora de Secundaria, Celsa Puente, desmiente al sindicato y sostiene que son 15.500 las horas sin cubrir y acusa a los docentes de "infames exhibicionistas que al no poder figurar públicamente con propuestas sólidas por incapacidad, recurren a mentiras banales sustentadas naturalmente en la potencia destructiva que nada tiene que ver con la educación".

Fenapes pide a la ANEP que "evalúe la capacidad" de Puente para el cargo.

El País publica una nota que recoge una conversación entre Puente y los demás consejeros en los que se maneja la posibilidad de un plan deliberado del sindicato para derrocar a la directora general.

La consejera en representación de los docentes, Isabel Jaureguy, da una conferencia de prensa rodeada de la cúpula de Fenapes, advirtiendo que la directora Puente y el otro consejero, Javier Landoni, le ocultan información y que se niegan a debatir sobre el rumbo de la educación con ella. Ese mismo día Fenapes rompe diálogo con Secundaria, el cual no volvió a retomarse.

El presidente de la ANEP, Wilson Netto, insta a Secundaria a tomar una serie de medidas para evitar la fuga de estudiantes (ver nota). El hecho molesta al sindicato que también termina rompiendo relación con la ANEP.

El jueves 11 de agosto, la diputada nacionalista Graciela Bianchi (Todos) deslizó en medio de un discurso durante la interpelación de su correligionaria Gloria Rodríguez a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, su propósito de interpelar a la titular de Educación y Cultura, María Julia Muñoz.

Ayer, Bianchi confirmó a El País que presentará la moción en el plenario de la Cámara a comienzos de septiembre y que es probable que en la segunda quincena de ese mes se concrete el llamado a sala. Según Bianchi, la ministra Muñoz declaró su propósito de ser interpelada sobre la gestión en la Educación, los resultados y el dinero invertido por los gobiernos del Frente Amplio.

Bianchi indicó a El País que cuando planteó en sala la intención de interpelar ya había hablado con el líder de su sector, el senador Luis Lacalle Pou, y con el conductor de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, quienes le dieron el respaldo político correspondiente.

La interpelación se ve en lo previo como un esperado contencioso entre dos de las mujeres más provocativas y mediáticas de la política nacional, ambas sin pelos en la lengua.

Para abonar la situación, el tema central es de los más polémicos de la actividad.

PELEADOS POR LAS FALTAS