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La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) salía a la cancha hace apenas cuatro años con un propósito tan nítido como ambicioso: promover el desarrollo económico productivo del país por medio de programas que mejoraran la competitividad empresarial y territorial de las micro, pequeñas y medianas empresas. En otras palabras, con programas que mejoraran la performance del 95% de las empresas en Uruguay.

Un poco por esa juventud, y otro tanto por aquella máxima de que los recursos nunca abundan, no era posible ni recomendable responder a ese desafío con la instalación de oficinas o de referentes propios para atender la creciente demanda a escala territorial.

Entonces surgió la idea de enfocarse en las capacidades locales y decidir con el territorio, es decir, aprovechar una amplia red de instituciones locales ya instaladas, públicas, privadas, académicas y también estatales, para forjar una alianza ganar-ganar y llegar así, de manera más rápida y eficiente, con los programas al territorio.

Esa estrategia de cobertura territorial permitió a la ANDE, en poco más de tres años, trascender la escala montevideana para llegar con acciones, programas e instrumentos a los 19 departamentos.

El enfoque elegido permitió articular con todos los actores del territorio para crear una visión colectiva y fomentar el diálogo directo con el nivel nacional; permitió desarrollar capacidades para formular políticas y estrategias, y para presupuestar, gestionar e implementar esas políticas; y también supuso encarar el monitoreo y la evaluación de los procesos.

La evidencia en América Latina muestra que el diseño de estrategias y programas que no incorporen al territorio y su amplia red de actores públicos, privados y de la sociedad civil, tienden a ser más ineficientes, menos sostenibles y su posibilidad de fracaso es exponencial.

En ese diálogo multinivel, la red de instituciones tejida por la ANDE tiene hoy más de 300 vínculos contractuales, en algunos casos para fomentar emprendimientos, en otros para propiciar el financiamiento de micro y pequeñas empresas, o también para forjar alianzas con el aparato productivo y con el sistema educativo para la búsqueda de ideas de negocios a potenciar con capital semilla, por ejemplo.

En el contexto de la estrategia descrita, uno de los programas que mayor impacto está adquiriendo en los territorios es el de los Centros de Competitividad Empresarial (CCE), donde la ANDE es un músculo clave para ejecutar alguna de sus políticas.

En poco tiempo los CCE, operativos desde 2018 y concebidos en el marco del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad (Transforma Uruguay), se han convertido en uno de los principales instrumentos al servicio del desarrollo empresarial de micro y pequeñas empresas del interior del país, emprendedores y productores agropecuarios.

En el ecosistema de Transforma Uruguay, la ANDE viene jugando un rol clave en la ejecución de alguna de sus políticas. Allí tiene dos funciones específicas: colocar los temas del territorio en la agenda del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, y ejecutar, con el enfoque antes mencionado, gran parte de las estrategias que se definan en ese ámbito.

Por tratarse de una de las inversiones institucionales más relevantes para desplegar servicios de apoyo al desarrollo empresarial en el país, los CCE tienen una gobernanza potente, integrada por Transforma Uruguay; el Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de su Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme); la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el INEFOP y la ANDE.

Bajo el objetivo de fomentar la mejora de la productividad, la competitividad y el crecimiento empresarial, los CCE representan espacios físicos de apoyo a las mipymes, donde las empresas de un territorio encuentran asistencia técnica, programas de capacitación adaptados a sus necesidades y una serie de recursos destinados a la mejora de su competitividad. Operan, además, como ventanilla para que las empresas puedan ser orientadas hacia los distintos programas que están dispersos a nivel nacional.

Actualmente hay seis Centros operativos en el país: en Rivera, Tacuarembó, Salto, Paysandú y dos en Canelones (uno en Las Piedras y otro en Ciudad de la Costa).

En ellos, las empresas encuentran cinco grandes paquetes de servicios: asistencia técnica, que implica acompañamiento de largo plazo; capacitación y consultoría; orientación y derivación hacia programas e instrumentos que en ese territorio no existen; generación de información y conocimiento a nivel territorial; y acceso a posibilidades de financiamiento.
Por ejemplo, el servicio de asistencia técnica brinda una asesoría de calidad para fortalecer la gestión y conseguir un impacto directo sobre el crecimiento de la empresa. Esto incorpora también capacitaciones en la temática empresarial. Los emprendedores reciben un diagnóstico de su situación empresarial a partir de lo cual se establece un plan de acción para superar las restricciones, que o bien se trabaja con capacidades propias de los Centros o se contratan capacitaciones específicas con consultores calificados, o bien se deriva a otras instituciones y programas que no tengan presencia a nivel territorial.

Cabe destacar que los CCE tienen características peculiares que los diferencian de otros programas. Lejos de un asesoramiento puntual, la pyme que se acerca es un cliente que va a ser acompañado a lo largo de todo el proceso por profesionales de altísimo nivel, y que tendrá a su servicio un potente sistema de monitoreo y de medición de resultados a través de un programa de gestión de la información que permite medir el impacto de actividades y generar reportes de las empresas de manera constante.

Otra característica que diferencia al Centro es su focalización en el tipo de herramientas para mejorar la competitividad, además de contar con la flexibilidad y adaptación a las necesidades locales, en función de que trabajan con las pymes que forman el tejido de un territorio particular y que se conocen.

La flexibilidad en su modalidad de implementación es otro de sus sellos distintivos. En casos como los de Rivera, Tacuarembó, Salto y Paysandú, se entendió que licitar la operación del Centro tendría altos costos institucionales, ya que había instituciones que operaban en el territorio desde hacía mucho.

Por eso se apeló a un modelo de consenso territorial en el que se propuso que los distintos actores locales dialogaran y se pusieran de acuerdo en el mejor operador territorial del instrumento. Así, cada territorio definió cuál era el de su Centro: en Rivera, Tacuarembó y Paysandú se decidió entonces que ese operador fuera las Agencias de Desarrollo Local de cada territorio; en Salto el operador del Centro surge del acuerdo territorial pero también de una alianza entre la ANDE y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande en el que el operador es la Fundación Salto Grande. Para Canelones la modalidad varió respondiendo y adaptando el instrumento a las características territoriales como son densidad tanto de mipymes como institucional, por lo que los operadores de los Centros (Fundasol en Las Piedras y UDEL en Ciudad de la Costa) surgieron de un llamado licitatorio en el que las instituciones locales propusieron planes de acción.

Pero, punto fundamental, los Centros no son una franquicia empaquetada de programas prefabricados que sirven para cualquier departamento. Por el contrario, en torno a cada CCE se conforma un ámbito local en el que están representados el gobierno departamental, la academia, el centro comercial, el PIT-CNT, el mundo del trabajo e instituciones de innovación, y que tiene como objetivo fundamental priorizar sobré qué sectores productivos y sobre qué segmento de empresas de las cadenas de valor a nivel territorial hay que focalizar las políticas.

Este ámbito público-privado a escala territorial tiene poder de decisión sobre el foco económico que tendrá ese centro: en Tacuarembó, por ejemplo, se priorizó la cadena forestal y turismo en Rivera, además de la forestal, la cadena logística y turismo de compras; en Salto el sector transporte, hortícola y turismo; y en Paysandú, tecnología, turismoy las industrias creativas.

Se trata, por ende, de un programa que está abierto por obras, en construcción, en la medida en que son los propios actores del territorio los que definen los sectores donde poner el foco.

Cabe destacar que una estrategia de este tipo, además de descentralizar los recursos y la toma de decisión en favor de los actores del territorio, tiene impactos significativos sobre la eficiencia de la política pública, como lo demuestran algunos datos: el 81 % de las pymes atendidas por los CCE son parte de la población objetivo definida por el programa.

• A dos años de su implementación, los CCE ya mantuvieron contacto activo con más de 1.400 empresas y emprendedores.

• Actualmente tienen en su cartera de clientes activos a más de 200 empresas que están recibiendo asistencia técnica.

• Un total de 644 empresas han sido asesoradas hasta el momento.

• 8 de cada 10 empresas, y 9 de cada 10 emprendedores, reciben por primera vez apoyo público para su negocio.

• Se establecieron más de 170 planes de acción en conjunto con las pymes.

• Más de 840 personas pasaron por los distintos programas de capacitación empresarial.