Ancap entiende que tiene la necesidad de establecer políticas, normas, procedimientos y responsables de la seguridad de la información para blindar toda su producción de datos.

Bajo esta premisa hizo firmar a todos sus funcionarios, sin importar su vínculo contractual, una declaración por la que se comprometen a no divulgar ningún tipo de información vinculada a la empresa, ya no solo mientras dure su trabajo en la misma sino por el resto de sus días. Este compromiso de confidencialidad salió a la luz en abril, lo que motivó al diputado Pablo Abdala a librar un pedido de informes a Ancap sobre el espíritu de la normativa, a la que el sindicato se opuso en su momento instando a los funcionarios a no firmar. Para Abdala, el celo por la información de Ancap resulta "obsesivo".

Ancap respondió que el documento forma parte de una ambiciosa política de seguridad de la información, que constituye el primer paso hacia la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. En ese marco el directorio designó como coordinador de seguridad de la información al secretario general del ente. "La Política de Seguridad de la información dispuso para todo aquel que trabaje en Ancap —bajo la modalidad que fuese— el establecimiento de la formalización de su compromiso con las políticas, planes y directivas en materia de seguridad de la información, en el entendido que toda la información a la que se tiene acceso en la empresa, es propiedad de esta o está bajo su custodia", sostiene la respuesta de Ancap al pedido de informes del legislador.

"Con la protección de la información se procura contribuir a asegurar la continuidad del negocio y minimizar los daños que pudieran materializarse ante la ocurrencia de riesgos asociados", acota.

Señala que la cultura y los procedimientos habituales ya no son eficaces para la protección de información en el mundo actual. Ancap llamó a licitación y contrató a una consultora que trabajó en el diseño de su nueva política de seguridad de la información. En ese marco nació un "Manual de Política de Seguridad de la Información" de 66 páginas con 13 capítulos que incluye la regulación para la contratación de servicios de alojamiento de datos en la Nube.

En ese marco nació el acuerdo de confidencialidad con los funcionarios, que para Ancap solo constituye "la formalización de un deber, del conocimiento de ese deber, y de un compromiso que se asume con su suscripción". Para Ancap "no puede entenderse" que la "circulación y divulgación masiva" de información pública "esté librada al parecer y libre arbitrio de cada uno de los cerca de 3.000 funcionarios de Ancap, sino que debe estar ceñida a procedimientos y normas".

"Por la presente en virtud de mi vínculo contractual directo con Ancap, y en el marco de las normas vigentes, reconozco que durante mi vínculo con el Organismo o en cualquier otro momento con posterioridad a la extinción del mismo, no revelaré ninguna información confidencial, entendiéndose por esto a toda información clasificada como confidencial, reservada, secreta o de uso interno de acuerdo a la clasificación definida en la "Política de Clasificación, Etiquetado y Tratamiento de la Información" a ninguna persona, sin el previo consentimiento escrito de Ancap", sostiene la declaración que los funcionarios están obligados a firmar y que ya ha generado incertidumbre y quejas en la interna de la empresa.

Para el diputado Abdala las respuestas de Ancap no satisfacen su pedido de informes y "desconfía" del celo que ha puesto el ente en el cuidado de su información. "Ancap demuestra una suerte de comportamiento obsesivo que la conduce a actuar fuera del marco legal. Desborda los límites de la ley de Acceso a Información Pública que establece la confidencialidad como una excepción y que con esto se convierte en la regla", afirmó Abdala.

También le extraña que las restricciones excedan el tiempo por el que se extiende el vínculo funcional del trabajador con Ancap. "Es una obligación indefinida que desborda los límites del derecho administrativo, excede el deber de lealtad del funcionario", explicó. Considera que es violatoria de la Constitución en tanto no se puede obligar a los funcionarios a asumir un compromiso de esa naturaleza. "No solo debe guardar silencio sino que debe persuadir a otros a no revelar información. Es una violación al estatuto del funcionario y la Constitución establece que el Estatuto debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo", dijo.

El diputado Pablo Abdala considera que la política de confidencialidad impuesta por Ancap va contra el espíritu de la ley de Acceso a Información Pública y excede cualquier necesidad de proteger los activos del ente. "Es demasiado, tengo derecho a preguntarme si en este escenario a la empresa le conviene tener sus datos bajo tanta reserva y a sus funcionarios bajo la amenaza de sanción ante el más mínimo comentario", dijo Abdala. En su respuesta al pedido de informes del legislador, Ancap considera que su nueva política no contradice la ley y aclara que aún la información que no se declara como confidencial y que se entiende que es pública, no puede ser de libre divulgación sino estar sometida a procedimientos y normas. "Ningún funcionario puede proceder a la divulgación masiva", indica Ancap. Para Abdala, la información que produce Ancap le pertenece a todos los uruguayos y por lo tanto se debe ser transparente y ofrecer mecanismos que faciliten su acceso. "Con el manual todo apunta a que servirá de excusa para no dar información bajo el pretexto de que es muy sensible", dijo.

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