DEMANDAS MILLONARIAS

Desde 2015 el organismo enfrenta 23 demandas como denunciado y presentó otras siete.

EDUARDO BARRENECHE

En los últimos dos años y medio, Ancap participó en 31 juicios, la gran mayoría de ellos —23— como demandado. En juzgados de lo Contencioso Administrativo y Civil, el organismo enfrenta demandas millonarias iniciadas por empresas competidoras, proveedores y funcionarios.

Según documentos proporcionados por el Poder Judicial a El País, los abogados de Ancap tienen mucho trabajo. El ente afronta 18 juicios civiles, nueve en juzgados de lo Contencioso Administrativo —donde se dilucidan asuntos entre particulares, empresas y el Estado— y cuatro denuncias en estrados penales. Una de ellas derivó en una megainvestigación realizada por la Justicia Especializada en Crimen Organizado sobre eventuales irregularidades en la gestión de Raúl Sendic y de otros jerarcas del ente.

La información del Poder Judicial revela que desde el 1° de enero de 2015 a la fecha, Ancap enfrenta 23 juicios como demandado, siete como demandante, y en una causa "gestiona una transacción" con una empresa en un juzgado civil.

Para enfrentar esas demandas, la dirección de Ancap, con el asesoramiento del área jurídica, duplicó la provisión de fondos para juicios. En diciembre de 2015 el organismo dispuso el equivalente a US$ 5.200.000 para el pago de demandas que podría perder. En 2016, dicha suma trepó a alrededor de US$ 10 millones. La documentación no incluye los montos que efectivamente pagó.

En los juzgados de lo Contencioso Administrativo, Ancap afronta juicios realizados por empresas y por particulares que entienden que el ente no les liquidó en tiempo y forma sus honorarios. Una de las demandas que llama la atención fue la presentada por Nafirey S.A. (Grappamiel Vesubio) contra Ancap en 2016, solicitando a la Justicia que prohíba al ente modificar las reglas de juego en la producción de la grappa en Uruguay. Nafirey entiende que Ancap incurrió en competencia desleal al favorecer a su empresa CABA S.A., que también produce bebidas alcohólicas. El titular de la causa, Pablo Eguren, aún no falló sobre ese expediente.

Por otra parte, hay un juicio iniciado contra Ancap en 2014 por la empresa Salaur S.A. en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno, cuyo titular es el juez Gabriel Ohanian. Salaur S.A. pretendía fabricar aceite de pepita de uva. La empresa reclama US$ 62 millones de dólares, según el expediente al que accedió El País.

La jueza especializada en Crimen Organizado de 1° Turno, Beatriz Larrieu y el fiscal especializado, Luis Pacheco, investigan las denuncias de la oposición sobre la gestión de Ancap entre 2010 y 2015. El 19 de abril de 2016, los partidos Nacional, Colorado e Independiente presentaron 22 carpetas sobre supuestas irregularidades durante la gestión del expresidente del ente, Raúl Sendic, y otros directores.

A principios de septiembre del año pasado, Larrieu autorizó el levantamiento del secreto bancario de exdirectores del organismo estatal. La medida permitió a un equipo multidisciplinario, que estudió cada una de las denuncias presentadas por la oposición, determinar si hubo o no alguna irregularidad en la gestión del ente.

En el último año, Larrieu y Pacheco ya indagaron a exjerarcas y funcionarios de Ancap, empresarios y proveedores sobre la megafiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja —el gasto pasó de US$ 72.000 a US$ 370.000—; los negocios de intermediación entre Ancap, Petroecuador y Trafigura, una empresa holandesa acusada de corrupción; y la contratación de camiones brasileños para trasladar cal desde la planta de Treinta y Tres a la Usina de Candiota (Brasil).

La magistrada y el fiscal también investigan el contrato de Ancap con la Armada para la construcción de un remolcador y dos barcazas, a un costo de US$ 12 millones, y la intermediación de Exor en los negocios de Ancap con Venezuela.

A partir del 27 de este mes, comenzarán las citaciones de jerarcas de Ancap. Fueron convocados a declarar el actual director del ente, Diego Labat, y los exdirectores Elena Baldoira y Carlos Camy —hoy senador— (Partido Nacional); los exdirectores Rubén Barboza y Fernando Acuña (Frente Amplio), y Juan Justo Amaro y Juan Máspoli (Partido Colorado). Algunos de los exjerarcas concurrirán en calidad de indagados y otros como testigos. Sendic declarará como indagado el 25 de octubre próximo.

A pedido de Pacheco, la jueza Larrieu dispuso que se abriera un expediente reservado —no pueden acceder al mismo los abogados de las partes— donde se investigan los gastos realizados por Sendic y otros directores con las tarjetas corporativas de Ancap.

En sedes penales ordinarias, hay tres expedientes sobre Ancap. En dos de ellas, el ente estatal aparece como demandante y en otro como denunciado.

Ancap figura como denunciante en el Juzgado Penal de 4° Turno, cuyo titular es el juez Eduardo Pereyra, solicitando que se investigue la gestión de la Cooperativa Club Ancap de Consumo, señala el informe del Poder Judicial. También actúa como denunciante en el Juzgado Penal de 8° Turno de la jueza Graciela Eustachio contra una empresa.

En el Juzgado Penal de 18° Turno, cuyo titular es el juez Huberto Álvarez, hay una denuncia presentada por el Partido Independiente sobre eventuales irregularidades en la gestión de Ancap. En los documentos proporcionados por el Poder Judicial no hay más detalles de esa demanda.

En los estrados civiles hay 18 expedientes referidos a Ancap. En 14 de ellos el ente figura como demandado y en cuatro como denunciante.

Según el informe, la mayoría de los casos fueron iniciados por empresarios o funcionarios que reclaman al organismo una indemnización por daños y perjuicios.