Son más de 100 personas que trabajan en Minas y Paysandú.

Ancap y el sindicato de la construcción (Sunca) llegaron a un preacuerdo para incentivar el retiro de algo más de 100 trabajadores que cumplían funciones de limpieza, vigilancia y cuidado de áreas verdes en las plantas de cemento de Paysandú y Minas.

Los trabajadores recibirían además del despido, un pago durante 12 meses que equivaldría en total a unos seis salarios. La alternativa también se ofrecerá a trabajadores que embolsaban pórtland en las cementeras, según supo El País. En la planta de cemento de Paysandú de Ancap trabajaban en febrero pasado 125 personas que no integran la plantilla del ente, 105 lo hacían en Minas y 57 en Manga.

Aunque los trabajadores son empleados de empresas privadas, se está analizando que Ancap se haga cargo de parte de los despidos y todavía no se acordaron todos los detalles con las firmas involucradas, dijeron las fuentes.

La división de cementos de Ancap perdió en la última década US$ 207 millones. Ancap definió a comienzos de año un plan para que la división llegue a un punto de equilibrio en 2018. Se propone reducir los costos de las plantas este año y el próximo en US$ 20 millones. Se espera que este año la división termine con un nivel de pérdidas similar al de 2016 (más de US$ 20 millones). Por ahora, no está exportando.

Ancap está realizando un mantenimiento mínimo en sus fábricas de cemento. Si bien no hay una decisión definitiva, por el momento no está previsto instalar un tercer horno en Paysandú que fue comprado en decenas de millones de dólares pero nunca fue puesto en marcha. La reducción de costos laborales que se propone Ancap fue cuestionada, fundamentalmente en Paysandú, porque se verían afectadas jefas de familia de bajos ingresos. Pero el directorio de Ancap veía en algunas áreas un exceso de personal.

Se está por lanzar el pliego de condiciones para la venta de la división de bebidas alcohólicas de Ancap. Ancap decidió la venta el año pasado. Si bien las pérdidas de la división no eran tan importantes (algo más de US$ 1 millón al año), Ancap entendió que la fabricación de bebidas alcohólicas no es una tarea propia del Estado.

DESPIDOS INCENTIVADOS