ACERCAMIENTO EN TEMAS DE SEGURIDAD

Analizan subir pena mínima por producción de drogas

El nuevo Código del Proceso Penal comenzará a regir en julio de 2017.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
La delegación del Partido Nacional llegando ayer a Torre Ejecutiva. Foto: D. Borrelli

El gobierno se aviene a que los delitos vinculados a la comercialización y financiación del narcotráfico pasen a ser inexcarcelables, e incluso el presidente Tabaré Vázquez considera que necesita más tiempo para analizar la propuesta del Partido Nacional de que los delitos vinculados a la producción de drogas (por ejemplo las sintéticas) también lo sean, dijeron a El País participantes de la reunión de ayer.

Fue la sexta reunión del grupo multipartidario que estudia distintas actualizaciones a la normativa legal para disminuir la seguridad. Los blancos plantearon también que se suban las penas mínimas y máximas para cinco delitos graves cuando sean cometidos por menores de entre 15 y 18 años. Los blancos quieren llevar de uno a dos los años de condena mínima para homicidios, rapiñas, violaciones, copamientos y secuestros, y las máximas de cinco a 10 años, en el entendido de que se requiere un tiempo mayor para asegurar la rehabilitación de los jóvenes. El tema volverá a ser abordado la semana próxima. El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, señaló que existe la intención "de no apresurarnos y no legislar y generar contradiccio- nes". De todas formas, el gobierno insiste en que antes de pensarse en subir penas debe procurarse que las existentes se cumplan.

Rechazos.

Hay un par de ideas del Partido Colorado planteadas para mejorar la seguridad que parece que no van a tener andamiento. Por un lado, el gobierno presentó ayer la opinión de los catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, de la Universidad de Montevideo y de la Universidad Católica que se manifestaron contrarios a que se deje de considerar un "sagrado inviolable" el hogar aun cuando allí funcione una "boca" de venta de droga. Los catedráticos entienden que el hogar no deja de serlo por esa circunstancia, desaconsejando así la propuesta colorada que apuntaba a permitir en algunos casos el ingreso de fuerzas policiales por la noche.

Los blancos plantearon que prefieren el camino de agravar las penas cuando se utilice un domicilio como punto de venta de drogas, por entender que la idea colorada implicaría una reforma constitucional. Roballo consideró que "hay que tener mucho cuidado con esto" porque en los hogares pueden vivir personas "que no forman parte de la cadena delictiva".

Por otra parte, el comandante del Ejército, Guido Manini Ríos, que estuvo presente en la reunión, se mostró contrario a que militares sean destinados a la custodia de embajadas. Manini argumentó que los militares no tienen la capacitación para esa tarea. De todas formas, el diputado colorado Germán Cardoso planteó que la decisión al respecto corresponderá al conjunto del sistema político y que la propuesta de su partido de que militares cuiden representaciones diplomáticas es conveniente porque liberaría a 200 policías para tareas de seguridad.

Código postergado.

El Código del Proceso Penal (CPP), que se había acordado que iba a comenzar a tener una vigencia parcial en febrero próximo, se encamina a comenzar a regir en julio de 2017. Luego de que distintos actores judiciales (la Suprema Corte de Justicia, el Colegio de Abogados) plantearan la necesidad de una postergación ante lo breve de los plazos previstos, Vázquez comentó ayer que estaba dispuesto a aceptarla si hay consenso entre los partidos. El presidente "fue enfático y claro" en que no quiere "postergaciones sistemáticas", dijo Roballo. La Corte había hecho saber que al estar previsto que recibiera los recursos para poner en marcha el nuevo código el 1° de enero, entendía que los plazos para poner en marcha el código eran muy exiguos (ver nota aparte).

Marconi.

A instancias del Partido Independiente, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hizo un informe sobre lo ocurrido el viernes en el barrio Marconi y ratificó su tesis de que la asonada se debió al rechazo de parte de los habitantes a una mayor presencia policial, e insistió en que el menor que murió era efectivamente un delincuente. Sin embargo, el senador blanco Javier García le dijo que tenía la interpretación exactamente opuesta y que entendía que lo ocurrido evidencia que, tras diez años de bonanza, la presencia estatal y las políticas sociales en la zona son insuficientes. Para García, lo que pasó muestra que hay zonas en Montevideo "liberadas" para la acción de los narcotraficantes.

El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, dijo que la versión oficial de lo ocurrido le genera "muchas dudas". Gustavo López, del mismo partido, consideró que la situación social actual puede llevar a que haya "una reproducción ampliada de Marconi en otras áreas".

LAS DIVERGENCIAS Y LOS ACERCAMIENTOS.

Acuerdo.

Ningún partido tiene inconvenientes en que se dé rango legal a un organismo coordinador conformado por varios ministerios para combatir el narcotráfico. Los blancos consideraron respecto a este punto que debe complementarse con la aprobación de una ley que ponga los servicios del Estado que recaban datos de inteligencia bajo control parlamentario.

Blancos.

Los blancos insisten en pedirle al gobierno una respuesta a su planteo de que el homicidio intencional no sea excarcelable lo que sería respondido la semana próxima. También reiteraron su planteo de que los homicidios de policías y de trabajadores (cuando se cometan por la noche) sean considerados muy especialmente agravados y no solamente especialmente agravados como ocurre hoy.

Menores.

El senador nacionalista Javier García recordó que durante el anterior gobierno el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había impulsado una iniciativa legal para que se subiesen las penas máximas para los menores que cometiesen delitos graves, algo que la bancada oficialista no acompañó. Los blancos insistirán con la idea.

Cárceles.

Falta tratar en el grupo multipartidario la situación carcelaria, a la que Unidad Popular ve "dantesca".

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