El buque insignia de la campaña del presidente Tabaré Vázquez se echó a andar. Los próximos tres meses serán de análisis y definiciones sobre bases que se "construyeron" en la administración de José Mujica, como la licencia materna y paterna ampliada, el programa de Asistentes Personales y la supervisión de casas de salud.

El Sistema garantizará que las personas que están en situaciones de dependencia (niños de cero a tres años, adultos mayores de 65 años y discapacitados) puedan acceder a alguien que los cuide. "Estamos instalando un nuevo derecho en la sociedad uruguaya. Así como si perdés el trabajo tenés derecho al seguro de desempleo, ahora quienes sean dependientes, más allá de su condición económica, tendrán derecho a ser cuidados", explicó a El País el director del Sistema Nacional de Cuidados, Julio Bango.

Hasta fines de mayo el Gobierno se tomará tiempo para definir desde cuántas personas ingresarán hasta qué dinero destinará el Estado al Sistema. "Nosotros tenemos cifras pero hay que tomar decisiones con eso, hay que esperar", se excusó.

A continuación un resumen de cómo funcionará el Sistema según las decisiones que ya tomó el Gobierno.

¿Para quiénes? Todas las personas que estén en situación de dependencia tendrán derecho a ser cuidados. En Uruguay se estima que unas 240.000 personas son dependientes, entre niños de 0 a 3 años, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad. No todas recibirán cobertura en los próximos cinco años, sino que será gradual. Para las personas de menores ingresos el servicio será gratuito, y para quienes puedan pagar funcionará un sistema de copago entre el Estado y los familiares de la persona.

Clase media. El director del sistema asegura que la clase media es la gran destinataria del proyecto. "Hay una sociedad que cambió. En el Uruguay de 2005 el 40% de la población era clase media, hoy es el 70%. Entonces los servicios que estamos planificando van a incluir, por supuesto, a los que tienen menos recursos, pero también a la clase media. Hay que ir sacándose la idea de que las políticas van a ser solo para la población de bajos recursos", insistió Bango.

Inversión. En una primera etapa el Estado invertirá unos US$ 197 millones para que el Sistema Nacional de Cuidados comience a funcionar, según había informado el semanario Brecha. En los próximos meses el Gobierno definirá las franjas para informar quienes podrán acceder a los servicios gratuitos, quienes tendrán un porcentaje de subsidio y quienes no tendrán ayuda. "Para dar plata hay que medir el bolsillo de la gente", afirmó Bango. El director del sistema dijo que quienes no reciban ayuda económica se beneficiarán de todas formas. "Se hará un proceso de regulación para asegurar la calidad de los servicios, estarán estandarizados y eso es bueno para todos", afirmó.

Licencias. La meta es que en 2017 la licencia maternal sea de 18 semanas y el medio horario para la madre o el padre sea de seis meses después de culminada la licencia, es decir hasta los nueve meses del bebé. Se busca así cumplir con la recomendación de la OIT. Desde el año pasado rige una nueva legislación sobre maternidad y paternidad que fue impulsada por el Gobierno como antesala del Sistema Nacional de Cuidados. La ley extendió las 12 semanas (tres meses) a 14 semanas (tres meses y medio) de la licencia maternal, y amplió a siete días la licencia paternal en 2015 y a diez días en 2016. Además, estableció el medio horario laboral desde el fin de la licencia maternal hasta que el bebé cumpla seis meses.

CAIF. El sistema prevé ampliar el plan CAIF para los niños de un año. Hoy tienen un servicio semanal y pasará a ser diario y de un mínimo de 4 horas. "En este caso vamos a empezar incluyendo a las personas con ingresos más bajos", afirmó el director del Sistema Nacional de Cuidados. El servicio continuará siendo público.

Jardines. Para niños de tres años se expandirán los centros gratuitos de educación inicial de la Anep. Además, los jardines y guarderías privados continuarán funcionando como hoy. La modificación será que el Estado dará una ayuda económica a familias que vivan cerca de estas instituciones y que no puedan costear su acceso a ellas para que puedan hacerlo. Para acceder a un subsidio se tendrán en cuenta los ingresos. De ello dependerá también si será total o parcial. "El estudio se hará caso a caso y se otorgará a demanda", explicó Bango.

Cuidados en empresas. Las guarderías en las empresas que tengan un grupo importante de trabajadores jóvenes dependerán de los procesos de negociación colectiva. "Vamos a promover los acuerdos entre las empresas y los sindicatos y analizaremos si el Estado puede colaborar en algo", comentó.

Subsidios. Habrá dos sistemas que ya existen pero que comenzarán a ser subsidiados por el Estado: los residenciales de larga estadía (casas de salud) y los cuidadores personales. Para acceder a la ayuda económica del Estado las personas tienen que tener más de 65 años y ser dependientes. También se tendrán en cuenta los ingresos para definir si la ayuda es total o parcial. "En el caso de los residenciales de larga estadía estamos trabajando en determinar qué capacidad tienen para alojar más personas de las que alojan actualmente en caso de ser necesario", comentó Bango. Si bien la idea es aprovechar las existentes, no se descarta que en una segunda instancia se construyan más.

Teleasistencia. Las personas mayores de 65 años que vivan solas pero tengan una dependencia moderada podrán acceder a un dispositivo de pronta respuesta que les permitirá obtener ayuda rápidamente ante una emergencia. Este sistema será usado también para las personas que tienen una discapacidad. El Gobierno no definió aún si tendrá un costo o será financiado por el Estado.

Centros diurnos. Se crearán instituciones y certificarán las ya existentes para cubrir necesidades básicas, terapéuticas y socioculturales de las personas con distintas discapacidades que sean dependientes. Se evalúa además la existencia de residenciales temporales o definitivos que brindarán atención integral, alojamiento y manutención. Para estas instituciones tendrán prioridad todos aquellos que no tengan familia.

Ayuda técnica. Se reorganizarán los servicios que brindan préstamos y adjudicaciones de prótesis, sillas de ruedas, entre otros aparatos que son fundamentales para personas con determinadas discapacidades. Según el Informe final de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, la prevalencia de la discapacidad alcanza un 7,6% de la población total urbana, por lo que se estima que representa unas 210.400 personas. Y ésta es mayor en la población femenina (8,2%) respecto a la masculina (7%).

Accesibilidad en el hogar. El Gobierno evaluará también la posibilidad de otorgar otra herramienta dentro del hogar: que las viviendas de discapacitados sean accesibles, total o parcialmente, lo cual dependerá básicamente de las posibilidades económicas de la familia.

Asalariar familiares. El espíritu del sistema es darle apoyo a las familias así como reducir la inequidad de género porque, en general, quienes asumen la tarea del cuidado son las mujeres. Sin embargo, está descartado asalariarlas. En caso de que ya haya una persona contratada para cuidar, se inspeccionará que tenga las competencias para hacerlo, de lo contrario se la capacitará.

El estudio Personas ocupadas en el sector cuidados de Rosario Aguirre de la Universidad de la República, advierte de la "escasa capacidad" que tiene el país de brindar formación a quienes proveen servicios de cuidados, así como de la baja cantidad de personas que optan por estudiar esta materia: entre 25 y 50 por año. Esto, asegura el informe, plantea "un gran desafío para el sistema, ya que si se implementan servicios con el objetivo de cubrir la demanda de cuidados que tiene el país, no sólo no se cuentan con los recursos humanos calificados suficientes, sino que tampoco se cuenta con la capacidad de formar a corto plazo".

Según el documento esta problemática está vinculada con "la dificultad que existe para conseguir recursos humanos dispuestos a brindar cuidados a adultos/as mayores". "Esta dificultad tiene que ver con una escasa valoración social y la falta de profesionalización de la tarea asociada, además, a una baja remuneración por parte de quienes contratan personal para esta tarea", aclara.

La tarea del cuidado es asumida, afirma, por personas que tienen un nivel bajo de escolarización y pocas opciones de ingreso al mercado laboral. Es una opción tomada por descarte.

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