DERECHOS HUMANOS

Amnistía exige "más protección" a migrantes

La ONG advierte sobre violaciones a los DD.HH. en Uruguay.

Critican que el refugio y la migración es una mera cuestión administrativa y no una protección de derechos. Foto: F. Ponzetto
Critican que el refugio y la migración es una mera cuestión administrativa y no una protección de derechos. Foto: F. Ponzetto

Ser refugiado en Uruguay es un mero acto administrativo. Luego de sortear los "retrasos" en la entrega de la documentación, la persona pasa a vivir sin ninguna protección especial. Esta falta de apoyo se extiende, también, a los inmigrantes más vulnerables. Esta situación es una de las que más preocupan a Amnistía Internacional, ONG que insta al gobierno a adoptar políticas de cobijo a los migrantes y exige presupuesto específico para estas políticas.

En Amnistía Internacional trabajan el doble de personas que el total de la población uruguaya. Eso la convierte en una de las organizaciones más grandes del mundo y, por tanto, sus informes son un baño de realidad sobre los 159 país que estudia. Estos son los tirones de oreja que hace la ONG sobre el panorama uruguayo en 2017:

Las cárceles:

"Preocupa que Uruguay presente una de las tasas de prisionización más altas de la región (321/100.000 habitantes); además de que las condiciones de reclusión, no responden a estándares mínimos internacionales de derechos humanos", reza el informe.

Al respecto, se citaron dos casos denunciados en 2017 por el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit: la desnutrición de siete reclusos del módulo 8 del Comcar, y la negación de acceso a la educación a 26 presos.

La salud mental:

Las colonias psiquiátricas y los llamados "manicomios" tienen fecha de vencimiento: 2025. Sin embargo, Amnistía cuestiona que "nada garantiza que los nuevos dispositivos se conviertan en manicomios ad hoc".

La ley de Salud Mental promulgada en agosto "no tomó en cuenta" la opinión de los usuarios y familiares de pacientes de centros asistenciales. "El paradigma sanitarista-administrativo triunfó gracias al lobby de la corporación médica y especialmente de la psiquiátrica".

El pasado reciente:

"Resulta necesario y urgente facilitar las investigaciones que permitan el esclarecimiento de la desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1973 y 1985". Dicho así este es un viejo reclamo de Amnistía. Pero en 2017 hubo hechos concretos que redoblaron el cuestionamiento de la ONG. En febrero el autodenominado "Comando Barneix" amenazó a 13 personas vinculadas con la Justicia, la academia y la lucha por los derechos humanos. En abril, Raúl Mermot, presidente del Círculo Militar, minimizó las violaciones cometidas en la dictadura. En mayo, el Estado uruguayo no envió representantes al período extraordinario de sesiones de la CIDH, donde se trataron temas vinculados a los desaparecidos.

Pero hubo otra situación que alarmó a la ONG internacional. La Suprema Corte de Justicia sentenció (en septiembre y en diciembre) que dos artículos de la ley de Caducidad eran inconstitucionales y que los crímenes de lesa humanidad cometidos por los funcionarios del Estado en la dictadura habían prescrito.

El género:

El año pasado 29 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas, y en los primeros dos meses de 2018 se han cometido seis femicidios más. "Preocupa la ausencia de medidas básicas en la prevención y combate de la violencia de género tales como: un servicio telefónico de asesoramiento a víctimas los 365 días del año, las 24 horas con alcance nacional y gratuito desde cualquier teléfono; servicios especializados de atención a víctimas que funcionen 24 horas, todo el año y en todo el país; entre otras propuestas".

Uruguay el menos corrupto de la zona.

Uruguay es el país "más limpio" de América Latina y no necesariamente por el estado de sus calles. Según la ONG Transparencia Internacional el país lidera el ránking regional sobre percepción de corrupción: tiene 70 puntos sobre un total de 100.

En los países más transparentes también hay casos de corrupción, pero vienen seguidos de una "reacción" que "marca la diferencia", dijo a Efe la presidenta de la ONG, Delia Ferreira. Uruguay es un ejemplo, donde el exvicepresidente Raúl Sendic se vio obligado a renunciar tras descubrirse que empleó las tarjetas corporativas de Ancap para gastos personales.

El podio regional lo completan Chile (con 67 puntos) y Costa Rica (59). En el polo opuesto está Venezuela, con solo 18 unidades. Es un país "en una crisis humanitaria total" porque "la corrupción es el sistema en todos los aspectos de la situación" y "la comunidad internacional debería tratar de ser más sólida impulsando alguna reforma", explicó Ferreira. De hecho Haití está hoy mejor posicionado.

En el mundo, Nueva Zelanda y Dinamarca figuran como los más transparentes. Su contra cara son, otra vez, Somalia y Sudán del Sur. Pero, se concluye, "la mayoría de países se está moviendo demasiado despacio en sus esfuerzos" para combatir estas prácticas ilícitas.

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