Al menos decenas de los 17.000 intimados por la Intendencia de Canelones a pagar patentes atrasadas de vehículos —que sostienen que ya no son propietarios de los mismos— tienen previsto iniciar demandas a la comuna si son enviados al clearing.

La propia intendencia analiza postergar el plazo de 10 días para enviar al clearing de informes a las personas que no paguen patentes atrasadas. Hay cientos de deudas por más de $ 100.000, algunas superiores a los US$ 10.000 y varias de ellas son de un valor mayor al precio actual del propio vehículo.

En tanto, los escribanos sostienen que la intendencia debe hacer un acuerdo con la Dirección Nacional de Registros —como tiene Montevideo—, para conocer quiénes son los propietarios de los vehículos. Sin embargo, el director de recursos financieros de la comuna canaria, Gabriel Camacho, consideró que "la base de datos del registro no es confiable" y que esta es la única forma que se tiene de conocer quiénes son los dueños de los vehículos y cobrar las patentes atrasadas.

La llegada de estas miles de notificaciones generó alarma entre propietarios de vehículos en Canelones, a lo que se sumó que con los días fueron cambiando los requerimientos para demostrar que un vehículo ya no es del propietario que aparece registrado en la intendencia, informaron a El País abogados y escribanos.

El abogado Javier Deana, comunicó que son decenas las personas decididas a demandar a la intendencia si son enviadas al clearing por vehículos que no son de su propiedad.

Dijo que la intendencia "no debería poner de rehén al vecino ni transmitir inseguridad jurídica" y que gente de mayor edad "es la más afectada" cuando "no se le puede generar esa angustia y preocupación".

"Quiero creer en el Estado de Derecho y que no nos van a mandar al clearing a quienes comuniquemos por un medio fehaciente que un vehículo ya no nos pertenece. Pero la gente que va a la intendencia y es rechazada ya piensa en iniciar demandas", afirmó Deana.

Agregó que a esas personas les recomienda que consulten con sus escribanos y abogados de confianza, "porque el daño es claro al adjudicarse una deuda que no se tiene y que cada mes crece, por lo que no tiene limite". Deana dijo que hay "discordancia" entre la nota que se recibe para pagar una patente atrasada y "los límites" que ponen los funcionarios que reciben a las personas y la documentación que entregan.

"La intendencia no me mandó un cedulón judicial sino una carta certificada que no tiene firma de ningún jerarca. Si el gobierno me enseña que ese es un medio valido para incluirme en el clearing, debería tener igualdad con el gobierno departamental si le envío una carta certificada en que comunico en la misma modalidad que vendí el auto o lo entregué en forma de pago".

Añadió que la normativa no prevé que los vendedores de autos notifiquen a la intendencia o al registro de la venta de un vehículo y "por el contrario es el comprador que se obliga a hacer la transferencia de 30 a 90 días y el vendedor puede rescindir el contrato si se incumple". Señaló que quienes paguen por patentes atrasadas de autos que ya no poseen no solucionan su problema, porque "la deuda se seguirá generando y por un auto que no se tiene".

La escribana Gabriela González, quien integra la gremial que nuclea a los escribanos de Las Piedras, La Paz y Progreso, sostuvo que esto "se solucionaría si la intendencia hiciera un acuerdo con la Dirección Nacional de Registros" y así ver online "quién es el propietario que figura". "Si se debe, es correcto que se cobre a las personas que tienen atraso, pero se está tomando de rehenes a otras personas", agregó.

Asociaciones de escribanos de diferentes zonas de Canelones intentan tener una reunión con Jurídica de la comuna canaria, puesto que cambiaron sobre la marcha los criterios para demostrar que un auto ya no le pertenece a una persona.

Representantes de la gremial que reúne a los escribanos de Las Piedras, La Paz y Progreso mantuvieron un encuentro con funcionarios del Municipio de Las Piedras. "Hay diferencias técnicas de lo que se pide, ellos dicen que obedecen directrices de Canelones y mucho más no pueden hacer", dijo González, e informó que se contactaron con otras filiales del departamento para intentar concretar la reunión con Jurídica de la intendencia canaria.

"Los que nos plantearon es que de esta forma, de mil personas cien pagan y se ponen al día, lo que para ellos es rentable. Pero las personas que no se ponen al día hace años que vendieron el vehículo y no tienen forma de acceder a la documentación, o si pueden es mediante un trámite que como mínimo sale $ 3.000", dijo González a El País.

El abogado Daniel Pérez es uno de los miles de afectados por las notificaciones de la comuna canaria y considera injusta la situación que le toca atravesar.

El profesional, quien se desempeña como actuario en uno de los juzgados de Pando, ciudad donde reside, dijo que esta situación "pone al borde del infarto a cientos de personas, a gastar miles de pesos en certificados y capaz más dinero si se tiene que iniciar un juicio a la comuna".

Para Pérez, la intendencia "pretende que yo sea cobrador de ella", cuando "tiene las herramientas y la posibilidad de trabar embargo y pedir el secuestro del auto" que adeude patentes. "De esa forma ubicaría a la persona y cobraría".

"Yo no tengo posibilidad de cobrarle a la gente porque no soy dueño del auto y no puedo decirle al actual dueño que pague, porque me dirá que no me debe nada y que su problema es con la intendencia y no conmigo", explicó.

"Hay un montón de gente que está muy mal por esto y que van a pagar, en caso que pudieran, mucho dinero que no les corresponde pagar", dijo. "Están obligando a la gente hacer cosas que no le corresponde, que deberían hacer ellos", sostuvo el abogado.

En su caso, por ejemplo, le figura una deuda de $ 190.000 por patente impaga de un auto de 1979 que no tiene hace años "y con la amenaza coactiva de mandarme al clearing".

El director de Recursos Financieros de la comuna canaria, Gabriel Camacho, dijo que se le envió nota a todo el que aparece en mora con el pago de patente. "La mayor dificultad que aparece es cuando hay una compra-venta y eso no se formalizó en el registro o en la Intendencia. Eso genera que mucha gente recibe una nota por la deuda de un auto que no tiene y en algunos casos hace años. Pero es la única forma que tiene la intendencia de llegar al actual titular y gestionar el cobro", afirmó. Agregó que "hay ausencia de normativa" en este tema y el Estado "ha sido ausente en generar esta formalidad".

Contribuyentes demandarán a comuna si esta los envía al clearing de informesEDUARDO DELGADO