Fuentes frentistas dicen que Sendic no justificó solo US$ 175 de lo que gastó en Ancap.

La jueza Julia Staricco investiga amenazas de muerte realizadas al vicepresidente de la República, Raúl Sendic y al senador de la Lista 711, Leonardo De León efectuadas en redes sociales.

Fuentes del caso indicaron a El País que las amenazas van desde que lo van a matar porque "faltó al honor" y "es un corrupto", hasta insultos de todo tipo. Hasta el momento, la Dirección de Crimen Organizado e Interpol ya identificaron seis computadoras desde las que se efectuaron las amenazas contra Sendic y De León.

"La investigación policial está muy avanzada", dijo otra fuente del caso a El País. Por el momento, la jueza Staricco aún no recibió información sobre si las personas investigadas por la Policía son frenteamplistas molestos con Sendic o De León. En la próxima semana, la jueza solicitará más medidas probatorias a la Policía antes de realizar las primeras detenciones.

Al mismo tiempo, investigadores de Delitos Informáticos procuran obtener la mayor cantidad posible de IP (número de identificación de computadoras y celulares) utilizadas en las amenazas e insultos realizadas a través de las redes sociales.

En el Juzgado de Crimen Organizado de 1° Turno, cuya titular es la jueza Beatriz Larrieu, ya fueron citados todos los mandos medios de Ancap, autoridades de la Armada y empresarios para que expliquen negocios realizados por el organismo entre 2005 y 2015.

El fiscal especializado Luis Pacheco solicitó a Larrieu la citación de Sendic para los primeros días de septiembre. Para el mismo mes está previsto el Plenario del Frente Amplio que analizará el dictamen del Tribunal de Conducta Política sobre las compras que realizó el vicepresidente con las tarjetas corporativas de Ancap por un total de $ 538.973 y US$ 38.325, tal como informaron Búsqueda y el programa "Así nos va" de Radio Carve. En el Plenario se jugará buena parte del futuro político de Sendic.

El 20 de julio de 2016 comenzaron las actuaciones judiciales sobre el caso Ancap a raíz de denuncias penales efectuadas el 19 de abril de ese año por los partidos políticos de oposición. Algunas denuncias coinciden en varios temas. Por ejemplo, legisladores del Partido Nacional presentaron seis denuncias sobre los contratos de publicidad, la construcción de la planta de cemento de Treinta y Tres, el contrato para construir el remolcador-empujador Ky Chororó, el acuerdo por la cancelación de la deuda con Venezuela, la triangulación entre Ancap, Petroecuador y la empresa holandesa Trafigura, y la intermediación de la empresa Exor en los negocios con Venezuela.

Por su parte, parlamentarios colorados presentaron acusaciones en el Juzgado de Crimen Organizado que coinciden con las cuatro primeras del Partido Nacional. El Partido Independiente también llevó al juzgado seis denuncias: cinco en común con blancos y cuatro con los colorados (las cuatro primeras en ambos casos).

A diferencia de los blancos, el Partido Independiente denunció como infracción aduanera la regulación tardía de importación de crudo y gas. La sexta denuncia del Partido Independiente tiene que ver con la adjudicación de contratos en la planta de Treinta y Tres.

Fuentes del círculo íntimo de Sendic dijeron a El País que el vicepresidente de la República no justificó US$ 175 pagados con las tarjetas corporativas de Ancap.

Esto, porque parte de lo gastado fue devuelto por el vicepresidente y las boletas serán presentadas como pruebas ante el Plenario Nacional del Frente Amplio que se realizará el sábado 9 de septiembre. La fecha fue fijada ayer en la Mesa Política realizada en Trinidad.

De acuerdo al dictamen del Tribunal de Conducta, Sendic hizo compras desnaturalizadas de su función, por lo que incurrió en una falta ética. El dictamen se aprobó por mayoría simple, cuatro votaron a favor de cuestionar éticamente a Sendic, uno lo hizo en contra y otro se abstuvo.

A favor de sancionar a Sendic votaron Nicolás Grab, el médico Enio Martínez, Juan Carlos Ferreira y Jaime Igorra. El expresidente del Frente Amplio Jorge Brovetto entendió que "no había pruebas de delitos" y que por ende no se podía observar al vicepresidente. Por su parte, María Elena Martínez se abstuvo de pronunciarse por desempeñarse en el Palacio Legislativo, lugar donde trabaja también Sendic.

Ayer en la Mesa Política no se dieron detalles del informe del Tribunal de Conducta Política, y se realizó una discusión sobre cómo encarar el tema en el Plenario del 9 de septiembre. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, propuso que fuera el único tema, pero los sectores de la coalición no estuvieron de acuerdo. Por lo que se definió que sea el primer punto del orden del día para asegurar el quórum de cuatro quintos de integrantes del Plenario (140 en 175) para poder definir si se sanciona o no al vicepresidente. Hay bases que pidieron conocer el informe antes del Plenario, pero no hubo acuerdo sobre esto.

En conferencia de prensa, Miranda aseguró que el proceso en torno al Tribunal "es absolutamente cristalino" y el procedimiento que se siguió "es el reglamentario". Consultado sobre si piensa renunciar al cargo en caso de que el Plenario no resuelva en consonancia con el fallo del Tribunal, Miranda respondió: "No, eso es uno de los tantos trascendidos y especulaciones de prensa que no reflejan la realidad".

En tanto, reconoció que el oficialismo pasa por un "momento delicado".

El Comité Central del Partido Socialista reunido en Las Piedras, reafirmó ayer lo expresado en la declaración del Comité Central del pasado 10 de junio en torno a la importancia "de la ética y la transparencia como valor central en la gestión pública", en referencia al caso del vicepresidente Raúl Sendic y las compras que realizó con tarjetas corporativas de Ancap.

A eso agregan una nueva definición: "Respaldamos el proceso de actuación del Tribunal de Conducta Política", dado que se habían recibido algunos cuestionamientos a la Lista 711 que lidera el vicepresidente Raúl Sendic. En la reunión se intercambió sobre la preocupación con respecto a cómo incide este tema en la opinión pública.

En tanto, la Vertiente Artiguista ya definió que en el Plenario respetará las recomendaciones que haga el Tribunal de Ética. En tanto, Banderas de Líber y el Partido Demócrata Cristiano pidieron al vicepresidente que renuncie al cargo, algo que él no piensa realizar, dijeron a El País desde la 711.

E.BARRENECHE/V.GIL

LA PRIMERA BATALLA DEL FA: LOGRAR QUÓRUME.BARRENECHE/V.GIL