RENDICIÓN DE CUENTAS

Amado votó con el Frente y los judiciales se molestaron con ellos

La oposición derogó la norma del Presupuesto que originó el conflicto.

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Mujica y Amado: ambos diputados aportaron sus votos para avanzar en la Rendición. Foto: M. Bonjour

La bancada del Frente Amplio más el diputado colorado Fernando Amado impusieron en la Rendición de Cuentas una salvaguarda para que el Poder Ejecutivo pague cuando tenga dinero las sentencias judiciales o arbitrales en su contra, sea de trabajadores o de empresas.

Amado aportó un aditivo que establece que cuando las sentencias que el Estado deba pagar superen los US$ 10 millones el Poder Ejecutivo podrá aplicar este mecanismo. Si son menores, no tendrá chance pero igualmente podría proyectar el pago para la siguiente instancia presupuestal (Rendición de Cuentas o Presupuesto).

En la discusión de la Cámara hubo básicamente dos posiciones: para el oficialismo esta disposición asegura el cobro de las sentencias y para la oposición no lo hace, y además se sostiene que es inconstitucional.

Tras varias horas de discusión y con las barras repletas de funcionarios judiciales que esperaban que no se aprobara esa facultad para el Poder Ejecutivo, finalmente el FA y Amado levantaron sus manos: 50 votos contra 49. Mientras se retiraban, los judiciales reprobaron la acción a los gritos, especialmente hacia el Frente Amplio, hablando de "dan vergüenza" y recordándoles que "nosotros los pusimos en el gobierno".

Pero la oposición no se quedó con las manos vacías porque se votó por 51 a 48 la derogación del artículo 733 de la ley de Presupuesto 2010 que tenía relación con el artículo anterior, porque condiciona el pago de las sentencias judiciales ejecutoriadas a la disponibilidad de recursos y a futuras instancias presupuestales. Este año la Suprema Corte de Justicia había determinado la inconstitucionalidad del artículo 733. Su derogación fue apoyada por toda la oposición (con Amado y Gonzalo Mujica) más el diputado del PVP Carlos Coitiño.

A negociar.

Sobre las 13 horas los medios televisivos comenzaron a prepararse para salir en vivo. En ese momento, el Frente Amplio pidió un cuarto intermedio de una hora, lo que hizo que los canales no trasmitieran en vivo la discusión sobre el tema de los judiciales.

El intermedio no fue para almorzar precisamente sino para negociar. El diputado nacionalista Jorge Gandini se reunió con Amado para tratar de convencerlo de que apoyara el agregado que aquel incorporaría, por el cual el pago de sentencias a trabajadores (específicamente para los judiciales) quedaba fuera de la discrecionalidad que se le da al Poder Ejecutivo de decir a quién sí y cuándo pagar.

En la reunión Amado propuso su aditivo. El Frente recibió esa propuesta y pasó a estudiarla. A media tarde se supo que la apoyaría.

El juicio de los judiciales (funcionarios y actuarios) asciende hoy a US$ 75 millones, según sus cálculos.

Vueltos a sala, habló Gandini. Dijo que el artículo originalmente numerado como 15 de la Rendición "es una formulación del gobierno para blindarse de la normativa legal y constitucional".

El legislador acusó al exprosecretario de Presidencia Diego Cánepa durante la gestión de José Mujica de haber facilitado el enganche de los funcionarios judiciales con las retribuciones de sus jerarcas, lo que es el meollo del problema. "La solución Cánepa fue desastrosa. Vino (al Parlamento) a dar clases, abusó de que era el único abogado en su entorno y la embarró", remarcó.

Explicó que el aditivo presentado por Amado con el Frente Amplio "puede desbordar los derechos de los trabajadores" con el fin de "proteger al país". "Queriendo protegernos de los grandes desprotegemos a los débiles", dijo Gandini.

Anunció que la versión del Poder Ejecutivo con Amado no sería votada por los blancos porque "no cambia nada y es inconstitucional". Además, dijo que es innecesario porque la Rendición prevé el rubro "Refuerzo de gastos" para hacer frente a partidas extraordinarias. Este rubro cuenta con más de US$ 400 millones para pagar imprevistos.

Autoridad moral.

Amado se defendió diciendo que se lo agredió por los medios y se lo ha llamado golpista. "Condeno estos calificativos, son irresponsables y le hacen daño a la política", y dijo que la corrección del artículo es "decididamente constitucional".

Germán Cardoso, su compañero colorado, anunció que el partido no votaría el artículo.

"¿Con qué autoridad moral se viene a proponer ahora la misma solución que la Suprema Corte declaró inconstitucional. Es una fórmula jurídica prácticamente igual o equivalente", dijo Pablo Abdala.

En tanto, el exfrenteamplista Gonzalo Mujica admitió que fue "un error" el artículo 733 del Presupuesto. "Hay que reconocerlo, fue una injusticia para todo un colectivo y hay que corregir ese error", dijo.

La representante nacionalista Graciela Bianchi dijo que este artículo es "un atentado violento a la Constitución". Incluso dijo que prefiere que el Estado "contraiga deuda para que siga rigiendo el estado de derecho y Uruguay no sea una república bananera".

A su vez, el diputado frenteamplista Alejandro Sánchez explicó que "esta norma no dice que el Estado no vaya a pagar. Pagará todas y cada una de las sentencias. Apenas se establece cómo pagarlas cuando no tenga crédito presupuestal".

"No quieren pagar nada. No insistan porque nadie les cree", replicó Abdala.

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