El excanciller y actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, sigue peleado con el gobierno chavista de Nicolás Maduro. Venezuela acusó esta vez a Almagro de respaldar a opositores, siguiendo "instrucciones" de Estados Unidos.

En una cargada sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, arremetió el jueves en repetidas veces contra Almagro, señalándolo de desviarse de sus funciones y "pasar por encima de los Estados" para invocar la Carta Democrática Interamericana, que contempla la intervención del organismo de ocurrir una "alteración grave" de la democracia en uno de los países miembro.

Rodríguez lanzó duras críticas contra Almagro, quien la miraba sentado a su lado. "Hemos denunciado que el secretario general, que ni vale la pena nombrarlo, porque no importa cómo se llame, sigue jugando un rol de no imparcialidad cuando se trata de Venezuela", dijo.

Para la canciller venezolana, Almagro "ha conjugado la agenda de la Secretaría General con los factores opositores en Venezuela y con las instrucciones que sabemos recibe desde los Estados Unidos". "Tenemos las pruebas", apuntó.

Rodríguez estaba respondiendo a una misión del Parlamento venezolano —de mayoría opositora— que la semana pasada se reunió con Almagro en Washington y pidió a la OEA activar medidas para destrabar el choque de poderes en ese país y enviar una misión de observación a un referendo revocatorio contra el presidente Maduro activado por la oposición.

Pero también reaccionaba a la publicación de una opinión de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA.

La canciller venezolana explicó que la Carta Democrática Interamericana, aprobada por el consenso de los 34 países de la OEA en 2001, no puede invocarse sin la aprobación del país en cuestión.

La última vez que la OEA invocó el documento fue en 2009, a través de su artículo 19, tras el golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya.

Pero según la oficina jurídica de la OEA, el artículo 20 del documento autoriza a cualquier país miembro o al secretario general a convocar al Consejo Permanente para evaluar si existe una "alteración del orden constitucional que afecte gravemente" el "orden democrático" de un país miembro.

CHOQUE CON VENEZUELA