La terminal para Gas Sayago fue concesionada a un privado.

La comisión investigadora de Diputados sobre el proyecto de la planta regasificadora fue el ámbito donde se polemizó entre representantes de la oposición y del Poder Ejecutivo sobre la legalidad o no de la concesión del área donde se instalaría el puerto para la empresa Gas Sayago. La instancia tuvo como protagonistas al diputado nacionalista Pablo Abdala y al presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Alberto Díaz, y el eje fue una observación legal que hizo el Tribunal de Cuentas.

Según consta en la versión taquigráfica de la reunión del jueves 6, Abdala puso sobre la mesa de discusión con las autoridades del ente portuario un informe del organismo de contralor que básicamente recuerda que según el Tocaf las concesiones entre, en este caso, la ANP y Gas Sayago, en tanto funciona bajo el derecho privado, deben ser objeto de licitación.

Alberto Díaz, titular de la ANP, desestimó el planteo diciendo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) fue quien aclaró esas observaciones, y no hizo otros comentarios.

Díaz explicó en la comisión que a Gas Sayago "le otorgamos un espacio para obrador. Dejamos que utilizaran por dos años el obrador", con lo cual la ANP atrasaría su proyecto de expansión portuaria en dos años. Díaz sostuvo en la comisión que hacia esa zona iba a expandirse la terminal porque era el único lugar hacia donde se podía hacer. Fue luego de esa intervención que Abdala preguntó por la observación del Tribunal de Cuentas en relación a la concesión del álveo y del espejo de agua. "Esa observación no es meramente formal, no hace a aspectos fácilmente subsanables o que en todo caso puedan ser pasados por alto. A mi juicio tienen que ver con una cuestión de fondo en cuanto a la concesión de este espacio en función de lo que establece el Tocaf y las normas de contratación administrativa", dijo.

Según el legislador, el Tribunal de Cuentas "observa a la ANP porque en el contrato de concesión celebrado con Gas Sayago el ente decide avanzar en esa dirección en razón de que en principio, como criterio general, cuando se trata de empresas privadas, las concesiones de bienes y de servicios deben ser objeto de licitación". El Tribunal de Cuentas "reconoce que en este caso si bien la concesión se otorga a una empresa privada, es de propiedad pública, de propiedad estatal porque es una empresa constituida por UTE y Ancap. Pero al mismo tiempo el Tribunal de Cuentas sostiene que, en este caso, se da la excepción de esta circunstancia de que, en verdad, la concesión terminará en manos de un privado en función de que se convocó a una licitación internacional privada", añadió.

Díaz respondió que "se trata de una concesión, lo cual se denomina un acto complejo: lo propone la ANP y lo define el Poder Ejecutivo; no se trata de un acto unilateral que pueda definir la ANP. La ANP no puede tomar concesiones de por sí, sino que ello se hace a través del Poder Ejecutivo. En cuanto a la observación del Tribunal de Cuentas, la levantó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas", dijo en la comisión.

Abdala insistió en que la levantó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pero la observación formalmente es a un acto de la Administración Nacional de Puertos en su condición de servicio descentralizado que bien pudo haber revocado la decisión que tomó.

Abdala afirmó que "la responsabilidad es de ambos (ANP y MTOP) porque sería como decir que el incremento de los combustibles es de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas o del Ministerio de Industrias, Energía y Minería y que Ancap no tiene nada que ver".

Díaz le respondió que el acto "lo termina validando o invalidando el Poder Ejecutivo. En este caso, el Poder Ejecutivo a través del ministerio fue el que habló. No puedo decir nada más que eso".

En noviembre de 2016 se formó la comisión investigadora por la planta de Puntas de Sayago en la Cámara de Representantes, con votos de todos los partidos de la oposición más el representante Gonzalo Mujica, entonces dentro del Frente Amplio. Uno de los aspectos a investigar fue el del proceso de adjudicación del contrato para la construcción de la planta regasificadora. En la presentación de la denuncia se recordó que en el gobierno de José Mujica se impulsó la construcción de una planta regasificadora con el propósito de introducir el gas natural al país y diversificar su matriz energética. "Tal objetivo no se cumplió y el Uruguay, que de acuerdo a lo proyectado debería estar produciendo 10 millones de metros cúbicos diarios de ese insumo (desde julio de 2015, fecha de preinicio), sufrió las consecuencias de dicho fracaso. No solo por no contar con gas natural sino, además, por el daño múltiple que generó un proceso lleno de errores, imprevisión y decisiones polémicas", señaló la denuncia que dio pie a la moción para investigar. A su vez el documento agrega que se investigaría "las decisiones políticas sin fundamento técnico que se adoptaron en la adjudicación y su posible motivación, la mala reputación de las empresas que estuvieron a cargo, y el mal desempeño y las pérdidas registradas en Gas Sayago S.A.". La comisión investigadora trabaja desde hace un mes y medio, en el cual ha recibido a una parte de los involucrados, como Gas Sayago, el Ministerio de Industria y la ANP.

REGASIFICADORA BAJO LA LUPA