SIN PERSPECTIVAS

En el balance de la empresa que atiende el interior, la auditora duda sobre su futuro

Mientras que la empresa estatal brasileña Petrobras pidió un arbitraje con el que reclama al Estado uruguayo un monto de al menos US$ 50 millones para dirimir sus diferencias vinculadas con Conecta, la distribuidora de gas natural por cañería en el interior del país, la auditora que revisó los balances de esta empresa advirtió que corre riesgo su viabilidad si no se concreta la construcción de la planta regasificadora, interrumpida desde 2015, según supo El País.

Además, Petrobras tiene intención de requerir también un arbitraje para dirimir las diferencias suscitadas en torno a MontevideoGas, la distribuidora en la capital, pero en este caso solicitó confidencialidad.

El directorio de Conecta aprobó sus balances el lunes pasado y el director en representación de Ancap, Ruben Schiavo, dejó constancia de la oposición de la empresa pública a que Petrobras, accionista mayoritaria de la distribuidora, reclame un resarcimiento al Estado uruguayo como hizo. Schiavo votó en contra por expreso pedido del Directorio de Ancap, según supo El País. Petrobras anunció su voluntad de demandar a Uruguay en reclamo “del cumplimiento de medidas que corrijan diversos problemas que afectan sus operaciones”. La empresa brasileña está molesta porque el Estado ejecutó una garantía de US$ 3 millones por un supuesto no pago de canon correspondiente a MontevideoGas.
En cuanto a la regasificadora, si bien la ministra de Industria Carolina Cosse asegura que se sigue en tratativas con Shell para reflotar el proyecto, lo cierto es que está hace más de un año totalmente paralizada. Y una comisión investigadora parlamentaria analiza el proceso por el que se adjudicó su construcción. Cosse ha dicho que la demanda de Petrobras es “inexplicable”.

Hay unos 45.000 usuarios de gas natural por cañería en Uruguay (en Montevideo, Ciudad de la Costa, Paysandú, Colonia y San José). Este producto energético no tuvo el despegue que se esperaba cuando se construyó el gasoducto Buenos Aires-Montevideo. Tanto la distribuidora de la capital (MontevideoGas) como Conecta son operadas por Petrobras y están en severos problemas económicos. El último balance de Conecta arroja una pérdida de alrededor de US$ 3 millones, supo El País. Conecta no ha podido desarrollar una expansión significativa de su red y no realiza casi inversiones. Tiene apenas unos 3.000 usuarios. Por ahora la posición de Ancap es mantenerse en ella como accionista aunque si se descarta totalmente la construcción de la regasificadora podría revisar su decisión. El ente tiene en su presupuesto anual una partida destinada a cubrir sus aportes a Conecta y “las pérdidas no son gigantes pero son continuadas”, señaló una fuente. En Conecta, Ancap tiene el 45% de las acciones y el resto corresponde a Petrobras.

Por otro lado, en Montevideo se ha perdido el 12% de los usuarios de gas natural que había en 2004 (casi 5.500 ), y Petrobras ha planteado reducir su plantilla de trabajadores en un 10% este año (ver nota aparte).

La multinacional señaló en un comunicado que “las condiciones en que las concesiones a sus distribuidoras de gas en Uruguay se realizaron” en 1994 y 1999, “no perduraron”, y que debido a “los cambios en las condiciones de las exportaciones del gas argentino para Uruguay”, el precio de la importación del gas argentino para el país se multiplicó “por ocho entre 2005 y 2015”.

Tras la interrupción de las obras de la regasificadora, Petrobras entiende que “las condiciones de suministro de gas empeoraron”, ya que “se encarecieron y los nuevos costos aún no fueron contemplados en las tarifas por el Estado”.

Ya en los comentarios de los balances de 2015 de Conecta (los últimos públicos) PWC advertía del riesgo que suponía la interrupción de las obras de la regasificadora. “La determinación de la fecha de la puesta en funcionamiento de la planta regasificadora no puede ser actualmente determinada, y la sociedad (Conecta) no ha determinado y reconocido las eventuales pérdidas adicionales por deterioro que podrían ser necesarias en el caso que estas premisas finalmente no se cumplieran. Asimismo esto indica la existencia de una incertidumbre significativa que podría suscitar dudas importantes sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en marcha”, dice la consultora. La auditora señala que Conecta no ha cumplido con la cantidad mínima de usuarios potenciales comprometidos.

En cuanto a la distribución en Montevideo, la empresa pública transmitió que de ninguna manera ingresará al paquete accionario de MontevideoGas como reclama el gremio. En su momento se firmó un preacuerdo para que Ancap entrase al paquete accionario de MontevideoGas con un 50%, pero luego los problemas en la empresa pública llevaron a que se descartara esta posibilidad.

Petrobras dice haber invertido más de US$ 60 millones en las distribuidoras. En 2006 ingresó al paquete accionario de MontevideoGas que pasó a controlar totalmente más adelante a pedido del gobierno uruguayo, aunque la empresa estatal brasileña tenía dudas respecto a la rentabilidad del negocio.

Pese a los problemas, Petrobras aseguró en mayo, que tanto MontevideoGas como Conecta “siguen cumpliendo con todas sus obligaciones y manteniendo el servicio de distribución de gas con los más altos estándares de calidad y seguridad de la industria”.

La carta entregada el 7 de septiembre pasado al embajador brasileño Hadil Fontes señala que la demanda brasileña agrega un elemento más de incertidumbre al Mercosur. El País supo que en el caso de Conecta el arbitraje, si se llega a concretar, se regirá por la normativa internacional para estos casos, pero en el caso de MontevideoGas lo haría por las leyes locales.

La carta dice que “las acciones de Petrobras determinan un perjuicio general para el pueblo uruguayo y en particular en lo económico si los fallos arbitrales resultan adversos porque el Estado nutre sus finanzas del mismo”. En la carta los firmantes, entre los que estaba el expresidente de la República, José Mujica, pedían a Petrobras desistir de las demandas para evitar ese perjuicio y a concentrarse en brindar un apropiado servicio de distribución de gas natural.