La Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) y las asociaciones de profesionales independientes, que agrupan a un total de 22 organizaciones de profesionales, presentó a la comisión de Presupuesto un pedido formal para que se elimine una reforma al sistema del Fondo de Solidaridad por entender que los lleva a pagar más dinero y durante más años, y que burocratiza la dirección y administración del Fondo.

Según AUDU, el Fondo de Solidaridad recauda anualmente unos US$ 14 millones y con la reforma prevista en el proyecto de Presupuesto pasará a aumentarse un 40%, es decir unos US$ 5 millones.

Los artículos del Presupuesto cambian la forma de pago. La ley actual lleva a los profesionales a pagar cuando hayan cursado carreras de más de cinco años de duración, se abona a partir del quinto mes de ejercicio, y por un plazo de 25 años. Con la reforma los profesionales pagarán el Fondo hasta cumplir 70 años de edad, sin importar a qué edad se recibieron, o hasta jubilarse.

Además, cuestionan que se cambie el cogobierno actual del Fondo, eliminando toda participación de profesionales aportantes, y dejando la administración en manos de un consejo cuyo presidente, representante del Ministerio de Educación y Cultura, será un cargo político rentado.

"En los hechos estas modificaciones de las condiciones de pago del Fondo representan un aumento de impuestos", expresaron a El País representantes de AUDU.

La Agrupación de egresados universitarios deja en claro que además de pagar el Fondo y un adicional dos veces al año, los profesionales siguen pagando IRPF o IRAE según el caso, y el IASS. Por eso plantean al gobierno que el monto a abonar del Fondo de Solidaridad sea considerado como un anticipo de esos otros impuestos.

La comisión de Diputados que analiza el Presupuesto recibió a una delegación del Congreso Nacional de Intendentes (CNI) para analizar la forma de asignación de recursos para reparar la caminería. El Poder Ejecutivo les asigna a las intendencias solo la mitad de lo que les correspondería, ya que de los $ 990 millones que los departamentos recaudan por concepto de Impuesto al Patrimonio les asigna apenas $ 440 millones, que consideran insuficientes, explicó a El País el intendente José Luis Falero, de San José.

Por un acuerdo con la OPP en el Presupuesto se incluye un aumento de la Contribución Inmobiliaria Rural que ninguna bancada quiere votar. Este artículo va camino a ser eliminado del Presupuesto.

Con la reforma del sistema de solidaridad pagarían un 40% más