Aunque la preocupación central de las gremiales rurales es hoy la pérdida de competitividad, entienden que la idea del nuevo gobierno de reimplantar el Impuesto de Primaria al campo afectará a un amplio espectro de productores en un momento en que el sector parece comenzar a tener "viento de frente" y ya no "de cola" como tuvo en los últimos años.

El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo puso a consideración del Legislativo establece que lo deberán pagar los propietarios de inmuebles rurales cuyos valores reales correspondientes a 2014 superen los $ 650.775, lo que equivale hoy a US$ 28.000. En los considerandos del proyecto se recuerda que en 1996 se excluyó a los inmuebles rurales del pago del Impuesto de Primaria, y se estableció que el Poder Ejecutivo transferiría de la recaudación del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) y del Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRA, hoy IRAE) igual importe a valores constantes al recaudado en 1994 por los inmuebles rurales. Se indica además que esa decisión de 1996 se tomó "en el marco de una reforma de carácter sustancial a la tributación del sector agropecuario (...) en atención a una determinada situación coyuntural de dicho sector".

"La aplicación del principio de igualdad ante las cargas públicas, impone que el impuesto de enseñanza primaria que han venido pagando desde su vigencia los propietarios de inmuebles urbanos y suburbanos, sea asumido también —tal como fue diseñado originalmente— por los propietarios de inmuebles rurales", se explica en la iniciativa.

El umbral para los inmuebles urbanos y suburbanos está fijado en US$ 5.608 y se propone más que quintuplicarlo para que "no incida en la ecuación económica de los emprendimientos de menor escala". El umbral quedó entonces, para los inmuebles rurales, fijado en $ 650.775 (unos US$ 28.000). Se puede estimar que lo pagarán los propietarios de predios de más de 300 hectáreas con un índice Coneat 100 (este indicador es una referencia para calcular la capacidad productiva de un predio).

El gobierno calcula que la recaudación del tributo rondará los US$ 18 millones y que lo pagarán los propietarios de alrededor de 14.000 establecimientos de los 44.781 que existen en el país. Que los productores agropecuarios paguen este impuesto fue una promesa electoral del presidente Tabaré Vázquez, que en la primera semana de su gobierno envió el proyecto de ley correspondiente.

El oficialismo consideraba injusto que los productores agropecuarios estuvieran exonerados. La estimación original de la recaudación rondaba los US$ 25 millones. Hoy la mayor parte de lo que recauda el impuesto (alrededor del 90%) proviene de los inmuebles urbanos y suburbanos. Su reimplantación fue la única modificación tributaria que el oficialismo anunció antes de las elecciones. Originalmente se barajó la posibilidad de que la extensión, a partir de la cual tributarían este impuesto los productores agropecuarios, serían 200 hectáreas.

Sin embargo, las gremiales rurales consideran que el impuesto afectará a pequeños y medianos productores. Carlos María Uriarte, presidente de la Federación Rural, considera que lo pagarán el 70%. En su opinión, la forma de asegurar que sean efectivamente los productores grandes los que aporten a Primaria sería a través de un alza del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Las gremiales consideran que desde 1996 siguieron aportando a Primaria en la medida en que se amplió la base de productos que pagan el Imeba.

Ricardo Reilly, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, se mostró crítico porque entiende que los productores nunca dejaron de aportar a Primaria a través de los impuestos.

"Nunca se dejó de pagar, si mucho o poco, es otra discusión", señaló. La gremial le va a pedir una entrevista al ministro de Economía, Danilo Astori, para plantear sus dudas y le enfatizará en que el producido del tributo debe ir mayoritariamente a las escuelas rurales.

"En su gran mayoría las escuelas rurales funcionan con los aportes de los productores", recordó. Pero la ARU considera que el impuesto, tal como está planteado, va en contra del espíritu de la reforma tributaria porque no va en el sentido de simplificar el sistema de impuestos y grava de forma "ciega" la tierra y no la renta obtenida.

"Los productores viven del resultado operativo que obtienen y no del precio de las hectárea ni del índice Coneat", sostuvo. En este sentido recordó que el índice Coneat 100 es un promedio y que en el predio puede haber partes bajas o inundables con un índice muy inferior. Y puso, como ejemplo, que no es lo mismo un índice Coneat 100 en las zonas pedregosas de basalto (fundamentalmente en el norte del país) que en la zona agrícola del litoral.

"Esto es un aumento de la carga tributaria al agronegocio que está pasando un momento distinto al de los últimos diez años y que es el más dinamizador de toda la economía. El número de ventas de campos bajó muchísimo. Hay una pérdida de competitividad importante en el campo pero también en el conjunto de la economía. Han caído varios precios de los productos que se exportan. Y el productor ve que caen los ingresos pero no los costos", sostuvo.

"Lo más grave no es el Impuesto de Primaria sino que venga en un momento grave por el atraso cambiario y en que la previsión de crecimiento ya no es la misma", advirtió Reilly.

También el presidente de las Cooperativas Agrarias Federadas, Juan Daniel Vago, se mostró sorprendido porque desde el gobierno se señale que el impuesto será pagado por grandes terratenientes. "Esto afecta a casi todos los productores cuando el viento ya no está de cola sino de frente y los costos son altos", sostuvo. Vago coincide en que el país ha perdido competitividad y advirtió que se siguen perdiendo productores.

"Antes los problemas de competitividad los bancábamos con los precios altos que se obtenían, pero ya no. Y en los cultivos de invierno (trigo y cebada) hubo malos rendimientos, malos precios y mala calidad, por lo que se debieron destinar a forraje porque no cumplían con los estándares y se necesitará una muy buena producción de soja para compensar", advirtió. La gran demanda de carnes rojas en el mundo hace que el sector ganadero no se vea tan afectado por la situación.

Vázquez cuantificó el año pasado, en un evento organizado por el diario El País, que la presión tributaria en el agro pasó de US$ 150 a US$ 350 millones entre 2009 y 2013.

En 2014 el 60,7% de lo recaudado por el Impuesto de Primaria provino de Montevideo, el 16,5% de Maldonado, el 6,7% de Canelones, el 3% de Colonia, en tanto Salto aportó 2,1%. Porcentualmente, el departamento que menos aportó fue Florida con el 0,1%. En función de sus valores catastrales, los inmuebles urbanos aportan 0,15%, 0,20%, 0,25% o 0,30%. Los inmuebles con un valor de menos de $ 130.155 están exonerados del pago del tributo.

La Dirección de Estudios Agronómicos de la Asociación Rural del Uruguay sostuvo en un informe de febrero pasado que “en los últimos dos años las condiciones han cambiado, los precios de los ‘commodities’ que exporta Uruguay presentan caídas importantes”. Menciona que “los precios internacionales del maíz, soja y trigo se redujeron en promedio 37%, mientras que la leche en polvo lo hizo algo  más del 30%”. El informe agrega que “el incremento de productividad se ha estancado”.

La gremial reiteró su preocupación por la competitividad. “En la medida que las monedas de los países competidores de Uruguay en los mercados de alimentos se deprecien más que en nuestro país (en Uruguay se depreció 10% en los últimos doce meses, en Chile 12%, en Nueva Zelanda 13%, en Australia 16%, en Brasil 17%), se pierde competitividad. Más aun cuando algunos importantes compradores de la producción uruguaya se encuentran en dificultades como Rusia”, señala el estudio. “Brasil sigue presentando un fuerte estancamiento de su economía, y una inflación por encima de su rango meta. En la medida que se siga “disparando el dólar” en ese país, y el tipo de cambio en Uruguay lo haga en menor medida, la competitividad de Uruguay con su principal socio comercial estará en juego”, advierte.

Más del 75% de las exportaciones de bienes del país provienen del sector agroindustrial. Se vende fuera de fronteras aproximadamente el 98% de la producción local de arroz e igual porcentaje de la de soja.

El sector cárnico exporta alrededor del 75% de su producción, por lo que también depende mucho de la evolución del tipo de cambio. Otro ejemplo es el sector lácteo, que vende fuera de fronteras el 70% de su producción y tiene concentrado en tres mercados -Venezuela, Brasil y Rusia- el destino de las mismas. Las economías de los tres países atraviesan serias dificultades. Venezuela presenta problemas de desabastecimiento y la inflación más alta de América del Sur. En cuanto a la celulosa, se vuelca a los mercados externos más del 85% de la producción de Montes del Plata y UPM.

gremiales cuestionan que no se considere la renta para reimplantar el impuesto