El Servicio Trabajo Afirmativo es llevado adelante por la Coordinadora Nacional Afrodescendiente (red de organizaciones sociales y militantes independientes afrodescendientes), que da orientación para que las personas de la comunidad puedan acceder a cuotas en empleos públicos.

Además de la orientación y consulta, el servicio hace monitoreo de que la ley de cuotas (19.122) se cumpla. Y en esa tarea encontró irregularidades y datos que sorprendieron a sus integrantes. Observaron que no todos los llamados que se realizaron cumplen ni se amparan en la ley 19.122, la que dice que todos los llamados deben de contemplar la cuotificación para afrodescendientes.

"Del análisis de la totalidad de llamados del Estado, solo una cantidad mínima se ampara en la ley 19.122. El resto no cumple con la ley", señaló a El País Noelia Maciel, quien es parte de este servicio. Afirmó que cuando para un llamado el organismo responsable se ampara en la ley, la misma "es aplicada como un techo y no como una base mínima, como lo explicita la ley".

A su vez, cuando se hace uso de la ley, su aplicación es diferente entre un organismo y otro, sostienen desde el Servicio Trabajo Afirmativo, que hizo el monitoreo de dos llamados en curso (uno del BPS y otro de Ancap).

Una de las sorpresas que se llevaron los integrantes de este servicio es que de las 29.854 personas que se presentaron a un llamado realizado por el BPS, 12.784 se definieron como afrodescendientes.

Este llamado del BPS establece cupos para afros, es para cubrir tres puestos en el cargo de operadores de teleconsultas y no así para los cargos de operador de centrales telefónicas, que tiene una mayor jerarquía, indicaron. "Para este llamado el cupo para afros se establece de antemano y se hace un sorteo aparte, asegurando un techo para el acceso al puesto de hasta tres puestos para personas afrodescendientes de 36 vacantes a cubrir, lo que indica una mala interpretación de la ley", expresó Maciel.

Informó además que el llamado de Ancap es para ocho choferes, señala que hay cupo para afrodescendientes y que se realiza un ordenamiento de todos los inscriptos mediante sorteo ante un funcionario habilitado. De acuerdo con dicho orden, se convoca a los postulantes para que presenten la documentación que avale el cumplimiento de los requisitos excluyentes hasta completar 30 postulantes habilitados

Cuando los habilitados no superan el mínimo en la prueba de conocimientos, se convoca a los siguientes hasta completar otros 30, según el orden de prelación del sorteo, a efectos de realizar la prueba. Hubo tres convocatorias para completar 30 habilitados a dar prueba de conocimientos a la que solo llegó un afrodescendiente. De 1138 inscriptos a este llamado, 52 se autodefinieron afros.

"Según la convocatoria no se entiende cómo se respeta la cuotificación, dado que se presentan el total de inscriptos y los afros están sin ningún orden convocados cada tanto. Es confusa la aplicación de la cuotificación y diferente a como se realizó en BPS, donde se hizo un llamado específico para cubrir una cantidad determinada de cargos con personas afros", dijo Maciel. Añadió que "estas dos modalidades no garantizan que la cuotificación sea un piso y no un techo". Maciel dijo que en el Poder Ejecutivo hay desconocimiento y poco compromiso con la aplicación de la ley de cuotas. En el gobierno "siempre nos referenciaban al Instituto de la Mujer del Mides ( que tiene un Departamento de Mujeres Afrodescendientes), pero esto no es una competencia solo de los afros que están en el gobierno, es un gobierno que debe apropiarse del tema y tener la competencia para aplicar una norma", expresó.

Semanas atrás, los diputados nacionalistas Gloria Rodríguez y Pablo Abdala hicieron un pedido de informes para conocer datos oficiales sobre la aplicación de esta ley que prevé acciones afirmativas.

El artículo 4º de la ley 19.122 dice: "Los Poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatal, están obligados a destinar el 8% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año, para ser ocupados por personas afrodescendientes que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para acceder a ellos, previo llamado público". Y no se cumple.

El Servicio Trabajo Afirmativo promueve el acceso de las personas afrodescendientes a las oportunidades de empleo en la esfera pública.

Quienes deseen ser asesorados pueden comunicarse a través de la casilla de correo [email protected] y recibirán respuesta en un plazo máximo de una semana. El servicio prevé conexión telefónica a través de un número de cada una de las tres compañías de celulares en el país: 096 710 659, 095 099 280 y 092 617 191. Los interesados pueden dejar mensajes con sus consultas, que son respondidas en el transcurso de una semana.

Además, hay consultas en forma presencial los lunes de 17:00 a 19:00 en la Facultad de Humanidades. Por el momento el servicio funciona solo en Montevideo, pero cuando hay llamados en el interior los responsables se contactan con organizaciones locales para que difundan la información.

El servicio realiza talleres de orientación laboral a quienes lo soliciten. "Porque no solo es la ley, hace falta trabajar otros aspectos, por ejemplo cómo se postula, conocer los requisitos para hacerlo, cómo hacer un currículum, una carta de presentación y juntar los méritos. Hemos visto que un sector de la población afro requiere apoyo para acceder a las oportunidades y hacemos ese trabajo de nexo", dijo Noelia Maciel (foto).

Agregó que un tema que preocupa a las organizaciones afros es que aún no se conformó el Consejo Consultivo que establece la ley 19.122 y que "es un canal de participación ciudadana de la sociedad civil organizada afrodescendiente". "La mayor demanda en el momento es reducir la brecha racial que, a pesar de las políticas de redistribución progresista, ha aumentado", concluyó.

Denuncian que el Estado incumple con ley de cuotas en sus llamados