En 2010, 51 municipales fueron sancionados por un paro; Tribunal dice que se puede limitar huelga.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó una demanda iniciada por Adeom contra la Intendencia de Montevideo (IMM) por sancionar a 51 funcionarios que realizaron un paro desacatando un decreto de esencialidad dictado en diciembre de 2010 por el entonces presidente José Mujica. El decreto se aprobó tras comprobarse un riesgo sanitario causado por 7.000 toneladas de basura acumulada en las calles. Dos días más tarde, militares salieron a las calles a recoger basura.

El fallo, que fue emitido el 17 de mayo de este año por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no puede ser apelado por Adeom, señala que el derecho de huelga puede ser limitado si se considera que este puede afectar otros derechos establecidos en la Constitución como la vida, la salud o la seguridad de los habitantes.

El Tribunal señaló que, frente a la declaración de esencialidad, el ejercicio del derecho de huelga cede ante el deber de los trabajadores de asistir al trabajo, y su incumplimiento "amerita" la imposición de la sanción correspondiente. Es decir, para los ministros del Tribunal la pena aplicada por la Intendencia para los funcionarios que desacataron la esencialidad "es ajustada" a Derecho.

El conflicto de la IMM con Adeom de diciembre de 2010 sacudió todas las estructuras del Frente Amplio y, en particular, del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Ana Olivera, dirigente comunista, había asumido apenas seis meses antes en la IMM. A principios de diciembre de 2010, el sindicato paró por cinco días en reclamo de un incremento salarial más recuperación, entre otras reivindicaciones.

En los primeros días de diciembre de ese año, se acumularon 7.000 toneladas de basura en la ciudad, según estimaciones de la propia IMM.

El lunes 6 de diciembre, la Mesa Política del Frente Amplio debió tratar el conflicto en la IMM por el evidente riesgo sanitario ante la acumulación de basurales en torno a los contenedores. Además, la imagen política de Olivera caía, en ese momento, en picada. Las quejas de los vecinos eran cotidianas. Cada día que pasaba, la cantidad de bolsas de basura crecía y crecía en todos los barrios.

El 8 de diciembre, el Gobierno decretó la esencialidad de los servicios de basura y de guardavidas. Un bañista falleció ahogado ese día en la playa La Mulata (Malvín).

En una conferencia de prensa, Olivera señaló: "En el marco del legítimo derecho de huelga, consagrado en la Constitución, está previsto que se declare servicio esencial a aquel que involucra las condiciones para asegurar la vida, la seguridad o la salud de las personas, en toda o en parte de la población. Así es que lo define el comité de Libertad Sindical de la OIT".

El reciente fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio la razón a la IMM, al señalar que no hubo vicios formales en el proceso de sanciones a los municipales que desacataron el decreto.

El pedido de decreto de esencialidad fue el primero solicitado por la izquierda en la historia de la IMM, con la paradoja que fue pedido al Gobierno por una dirigente comunista.

Desde Adeom se acusó al Frente Amplio de utilizar un decreto de 1968 emitido por el entonces presidente Jorge Pacheco Areco (Partido Colorado) y otro de 1978, de la dictadura militar.

Adeom resolvió un paro para el 10 de diciembre en desacato al decreto de esencialidad. Alrededor de 180 funcionarios fueron sumariados y 51 fueron sancionados.

Ante la acumulación de basura, el gobierno de Mujica adoptó otra medida radical que hizo rechinar los dientes a más de un izquierdista: llamó a las Fuerzas Armadas a limpiar Montevideo.

En dos días, los militares levantaron 850 toneladas de basura y eliminaron 76 basurales. Luego continuaron con las tareas de limpieza. Fueron aplaudidos por los montevideanos.

"Ha de verse que el procedimiento disciplinario se dictó conforme a Derecho teniendo todos los actores la oportunidad de producir sus descargos y articular su defensa contra la medida disciplinaria impuesta, por lo que no se observan vicios formales o adjetivos capaces de generar la nulidad de las sanciones impugnadas".

"Así pues, frente a la declaración de esencialidad, el ejercicio del derecho de huelga cede ante el deber funcional de asistencia al trabajo y su cumplimiento amerita la imposición de la sanción correspondiente".

"Las sanciones impugnadas (por Adeom) se ajustan legítimamente al régimen sancionatorio vigente al momento de producirse el no acatamiento a la declaración de esencialidad referida".

JUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS SINDICALESEDUARDO BARRENECHE