Eugenio Figueredo está en Cárcel Central desde el 24 de diciembre, extraditado desde Suiza y procesado por estafa y lavado de activos en el marco del caso de corrupción en la FIFA y la Conmebol.

Desde entonces espera que la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos decida sobre el pedido de prisión domiciliaria que presentó su defensa. Y tiene esperanza de que el acuerdo firmado la semana pasada con el fiscal Juan Gómez para entregarle a la Justicia bienes inmuebles por unos US$ 10 millones e información lo ayude.

Gómez, hoy fuera del caso y con nuevo destino en un juzgado penal, dijo a El País que el acuerdo con Figueredo "también tiene que ver con el aporte de datos que puedan revelar más hechos delictivos o que puedan ayudar a la justicia uruguaya a determinar si hay más culpables por el mis- mo caso".

El acuerdo se enmarca en lo que dice la ley 18.494, en su artículo 6°: "El Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, podrá acordar con una persona que haya incurrido en delitos que sean competencia de los Juzgados en Crimen Organizado, la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo".

Según la ley, se podrá estudiar bajar la pena si se brinda "la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o la resolución definitiva del caso o un significativo progreso de la investigación". También aplica el desprendimiento de bienes materiales que hayan sido adquiridos con dinero ilícito.

Figueredo, de 84 años, podría obtener una reducción de hasta un 50% de la pena máxima prevista, que es de 15 años para el delito que se le imputó.

Si bien los aportes de Figueredo "son valiosos para la Justicia uruguaya, necesariamente no se tiene que llevar a cabo el pedido de prisión domiciliaria" que hizo la defensa del exvicepresidente de la FIFA, dijeron a El País fuentes vinculadas al caso.

Desde diciembre del año pasado, la abogada de Figueredo, Karen Pintos, pide que la jueza y el fiscal autoricen la prisión domiciliaria. "Vamos a seguir batallando por el arresto domiciliario", dijo la abogada a El País cuando Figueredo fue procesado con prisión.

Pintos fundamenta su pedido en la edad del procesado y en que tiene "algunas enfermedades típicas de la edad". La ley uruguaya prevé la prisión domiciliaria a partir de los 70 años de edad.

"Figueredo seguirá en Cárcel Central, el acuerdo no tiene nada que ver con la prisión domiciliaria", aseguró a El País el fiscal Gómez.

El fiscal indicó que "es un beneficio (la prisión domiciliaria) que tienen las personas mayores a 70 años y cuando no están procesados por delitos de lesa humanidad, es el caso de Figueredo, pero por el momento el sistema judicial verá qué tratamiento se le da al tema".

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