Ante una eventual declaración de inconstitucionalidad, el Frente Amplio negocia con la oposición flexibilizar el artículo 425 del proyecto de Presupuesto que bloquea los juicios por medicamentos de alto costo.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) se mostró abierto al diálogo, pero dejó en claro que "ningún país habilita todos los medicamentos que se necesitan".

Dentro de la bancada oficialista se entiende que el artículo 425 puede ser inconstitucional, según lo advertido por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y el Colegio de Abogados. Ante el riesgo de que sea objetado por la Suprema Corte de Justicia, el Frente Amplio comenzó a negociar una modificación del articulado.

Fuentes de la bancada indicaron a El País que se buscan mecanismos para conciliar el hecho de que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) siga otorgando medicamentos de alto costo y que los jueces determinen quiénes son los que reciben o no tratamiento. Lo que se quiere conseguir es "una solución intermedia", que permita mantener la estabilidad financiera del sistema de salud, "para que no se desfinancie", comentó un legislador.

Una alternativa, puede ser incorporar dentro del artículo presupuestal el llamado "riesgo compartido" para que los medicamentos se financien entre las multinacionales y el MSP, tal como sucede en otros países. La oposición pidió retirar el artículo 425 del Presupuesto, pero el Frente se niega, aunque sí está dispuesto a flexibilizarlo.

El ministro de Salud, Jorge Basso, explicó ayer a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que el MSP ya viene negociando con la industria farmacéutica la posibilidad de firmar "acuerdos de riesgo compartido" para la incorporación de medicamentos de altísimo costo que cuentan con suficiente evidencia científica.

Basso se mostró "abierto al diálogo", aunque insistió en que "ningún país del mundo habilita todos los medicamentos que se necesitan, porque hay medicamentos de altísimo costo".

"Lo que aspiramos es a que esto que está vinculado a una serie de decretos se consolide con la defensa de un instrumento, que es la posibilidad de adquirir medicamentos de alto costo cuando exista evidencia que esté vinculada a resultados y que el sistema lo pueda sostener. Esto es un tema planetario, algunos países de primer mundo que han incorporado medicamentos sin esta metodología los han tenido que retirar, porque no lo pueden sostener", afirmó Basso. Pese a ello, el ministro dijo estar abierto al diálogo y dispuesto a "revisar la redacción" del articulado.

Según el ministro, la industria es la que debe "hacerse cargo" de financiar los tratamientos con medicamentos que todavía no fueron aprobados y están en investigación.

Existe una lista de medicamentos que los prestadores de salud están obligados a dar y otros, de alto costo, que deben ser brindados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) en caso que el paciente no pueda comprarlos.

El detalle está en que el FNR solo entrega aquellos fármacos que están dentro del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). Cuando no está en la lista, los pacientes no tienen otra alternativa que hacer juicio, primero al FNR y luego al MSP, que tiene a su cargo la modificación del Formulario y la gobernanza del Fondo.

Los abogados, algunos médicos y sobre todos los pacientes, sostienen que la medicina va a una velocidad y los cambios en el FTM —que se modifica una vez año— a otra. Desde el gobierno se señala que se pagan casi todos los medicamentos de alto costo para los que está probada su eficacia, y que solo se niegan algunos por razones económicas.

El tema de la supuesta "judicialización" ha llevado al MSP a llevar adelante distintas estrategias. En la anterior administración, cuando la ministra era la hoy presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, se hicieron "talleres" para jueces, los cuales fueron criticados por abogados de pacientes.

Antes de dejar el cargo, Muñiz firmó una ordenanza donde se daba la lista de algunos medicamentos que no iban a entrar al FTM, algo que no había pasado jamás —las listas al formulario son siempre positivas, no negativas. Esto hizo que más jueces, basándose en la ordenanza, fallaran a favor del MSP. Por úl-timo, ya en esta administra- ción, en el proyecto de ley de Presupuesto se propuso el ar- tículo 425.

En los últimos diez años, se demandó al Ministerio de Salud Pública MSP en 176 oportunidades, y en 138 al FNR por medicamentos de alto costo, según un informe elaborado para el Banco Mundial y Saluderecho al que accedió El País.

Semanas atrás se hizo conocido el caso de Agustín Cal, un niño de 10 años, a quien le diagnosticaron un tumor cerebral en 2012. Tras recibir radio y quimioterapia, este año le realizaron una intervención quirúrgica en EE.UU. y empezaron a aplicarle un tratamiento no experimentado. Para volver a Uruguay, la familia pedía que el MSP le pague la droga que necesita el niño. Se trata de Trastazumab. Los Cal perdieron el juicio en primera instancia que le hicieron al MSP y luego apelaron y le mandaron una carta el presidente. El mismo día que la Justicia falló a favor de Cal, Vázquez autorizó que le den el medicamento.

La semana pasada, los padres de Agustín Graña, un joven de 20 años también con un tumor cerebral, luego de perder en segunda instancia con el MSP, reclamaron al mandatario el medicamento Bevacizumab, que según los estudios clínicos que le fueron aplicados le estaría dando buenos resultados.

El diputado nacionalista Martín Lema presentó ayer, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, objeciones a los ar- tículos 425, 438 y 439 que tienen como objetivo frenar los juicios que condenan al Ministerio de Salud Pública (MSP) a entregar a pacientes, la mayoría de ellos enfermos de cáncer, fármacos caros que el Estado no brinda.

Lema opinó que estos artículos son "groseramente inconstitucionales, porque violan varias normas consagradas en la Constitución y lo único que hacen es seguir profundizando la injusticia en el acceso a medicamentos de alto costo".

"Le manifestamos al Ministerio de Salud Pública y al resto de los legisladores que lo único que intentan estos artículos es impedir la ola de sentencias que están en contra del Ministerio de Salud Pública", acotó.

Buscan un acuerdo para “riesgo compartido” entre los laboratorios y MSPVALERIA GIL / CARLOS TAPIA