SALUD

No se abrirá el corralito mutual para impedir estafas al Fonasa

Quien quiera cambiar de prestador de salud deberá solicitarlo a la Junasa.

La plana mayor del MSP anoche cuando se hizo el anuncio. Foto: Presidencia
La plana mayor del MSP anoche cuando se hizo el anuncio. Foto: Presidencia

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció anoche que el año próximo no se abrirá el corralito mutual con el propósito de eliminar la intermediación lucrativa que se produce para la captación de afiliados por parte de las mutualistas. Los usuarios que pretendan cambiar de prestador de salud deberán solicitarlo por carta a la Junta Nacional de Salud (Junasa) quien lo autorizará por motivos fundados, dijo el ministro del área, Jorge Basso.

El cambio de prestador de salud solo se habilitará por tres razones, explicó el ministro: motivos económicos, cambio de domicilio o disconformidad con la institución. El cambio podrá solicitarse en cualquier momento del año a partir del próximo 1° de enero.

"Tenemos conocimiento de que hay operadores realizando la intermediación lucrativa que están tratando de continuar con esa modalidad, lo cual nos lleva a tomar estas medidas y comunicarlas antes de febrero, para desestimular que las propias instituciones promuevan mecanismos de promoción y eviten gastos en ese sentido", sostuvo Basso.

El senador nacionalista Javier García criticó la decisión a través de su cuenta en Twitter, donde señalo que "tratar de atacar actos delictivos como la intermediación lucrativa en la salud quitando libertad a las personas no es el camino nunca".

Este año, se detectó una megaestafa contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por afiliaciones truchas al Banco de Previsión Social (BPS) y a mutualistas por alrededor de US$ 4 millones por la que fueron procesadas alrededor de 60 personas que estaban involucradas en las maniobras. 

Basso aseguró que la gran mayoría de las notas o denuncias que se han recibido en la Junasa han sido habilitadas para el cambio de institución. Actualmente, se reciben entre 300 y 400 notas mensuales, lo cual es un procedimiento habitual que contempla las contingencias hasta poder habilitar, con la tecnología, algún mecanismo que permita eliminar totalmente la intermediación lucrativa.

Por su parte, Arturo Echevarría, director de la Junasa, explicó que antes de anunciar estas medidas mantuvieron reuniones con los prestadores, quienes se mostraron conscientes de la existencia de estos hechos y argumentaron que las medidas que se aplicarán seguramente no sean cien por ciento efectivas.

Consultado acerca del grado de certeza de que la medida evite la intermediación lucrativa, Basso sostuvo que "nosotros le vamos a colocar una solicitud expresa al usuario en términos de garantizar que no exista esa parte económica. La idea es que eso tenga carácter de declaración jurada que se adjunte a la nota. Surgió la pregunta si eso asegura el 100%, bueno, en realidad hay pocas cosas en la vida que uno pueda asegurar al 100%".

Por otra parte, el ministro adelantó que el gobierno trabaja para que en el futuro el cambio de prestador pueda hacerse vía electrónica.

"Estamos convencidos de que debemos incorporar para que los usuarios puedan, cuando así lo deseen, cambiar de institución la tecnología. Evitar la intermediación de otros actores que de alguna manera puedan interferir en el proceso de toma de decisión y apuntamos a que (y estamos trabajando fuertemente con el Banco de Previsión Social BPS) a incorporar la tecnología suficiente para apostar que desde la casa, desde el propio domicilio las personas puedan (en su oportunidad), cuando tengan necesidad, deseos o manifiesten la voluntad de cambiar de institución poder realizarlo", sostuvo.

Afiliaciones truchas y empresas fantasmas

Investigaciones policiales y judiciales determinaron que el gerente comercial y tres supervisores del Círculo Católico participaron de un esquema de corrupción que realizaba afiliaciones “truchas” mediante empresas promotoras y testaferros.

En una de las firmas figuraba un cuidacoches como titular que percibía $ 100 por cada afiliación que realizaban sus “empleados”, expresa un documento judicial al que tuvo acceso en su momento El País.

Por cada afiliación, las mutualistas cobraban del Estado una cápita de $ 4.000. Por su parte, las empresas promotoras percibían $ 2.500.

Algunos trabajadores de estas empresas fueron procesados por un delito de intermediación lucrativa; pagaban a personas entre $ 500 y $ 1.200 para que se afiliaran.

Desde 2011, los estafadores recorrían asentamientos en busca de personas que por no tener un trabajo formal no hacían aportes al BPS y por lo tanto tampoco eran parte del Fonasa. Les ofrecían dinero por anotarlos como trabajadores de empresas fantasmas, crearon cerca de 100.

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