Piden ley a raíz de la abogada trucha de Industria.

El Colegio de Abogados quiere que se apruebe por ley la colegiación obligatoria de la profesión como forma de control de los profesionales que la ejercen.

La demanda surge a partir de que salió a luz el caso de una abogada que se desempeñaba como responsable alterna del área de Transparencia Pasiva del Ministerio de Industria, Energía y Minería y fue retirada por la Policía de las instalaciones de esa repartición después que se comprobara que no posee título habilitante.

La falsa abogada había ingresado al ministerio en marzo de 2015 en un pase en comisión desde el Codicen. El 27 de ese mismo mes la ministra Carolina Cosse firmó una resolución en la que se nombró a Leticia Ferrari como una de las responsables de Transparencia Pasiva del Ministerio. La falsedad quedó al descubierto después que Ferrari tomara decisiones que despertaron sospechas de otros colegas de la cartera. El diputado blanco Pablo Abdala efectuó un pedido de informes para conocer qué decisiones tomó porque no tendrían validez.

Frente a este hecho, el Colegio de Abogados consideró que esas prácticas "ilegítimas de la profesión de abogado desprestigian la función pública" y que "corresponde instar a los organismos públicos que instrumenten controles efectivos que impidan el ejercicio ilegítimo de la profesión de abogado".

César Pérez, presidente del Colegio de Abogados dijo a El País que la colegiación "es algo que nos diferencia del resto del mundo porque somos los únicos que no tenemos la colegiación de la profesión, porque Paraguay, que era el que nos acompañaba, aprobó una ley recientemente en ese sentido. Es una necesidad que se requiere para garantizar la defensa de la gente y no para darle un privilegio a los abogados".

"Esta situación de abogados que no son abogados en este caso lesiona al Estado, pero también se puede ver una persona pública no estatal, una asociación gremial —que ha pasado que sufra una situación así— o cualquier particular, entonces la colegiación al robustecer los controles respecto de quiénes son abogados, evidentemente puede contribuir a mejorar el control", agregó.

El Colegio de Abogados del Uruguay es una asociación civil en donde la afiliación es voluntaria. Aproximadamente un 50% del total de abogados matriculados son socios, según dijo Pérez. Si hay una ley que establezca la colegiación obligatoria va a incluir el 100%.

"Esta señora no era socia porque lo hemos chequeado en nuestros registros. Además no podría asociarse porque para eso nosotros requerimos el número de matrícula", explicó el presidente del Colegio.

Hoy el control de la matrícula lo lleva la Suprema Corte de Justicia, pero según Pérez "no es corriente que un particular o incluso el Estado corrobore que la persona esté matriculada, entonces el control por los pares significa una mayor garantía para todas las partes".

EJERCICIO ILEGAL