En una reciente encuesta realizada por PwC a 69 ejecutivos del sector energía en 32 países, podemos observar cómo la transformación que la industria experimentó en los últimos años ha cambiado radicalmente la estrategia de negocios.

Si bien existe una mayor complejidad para adaptarse a los nuevos tiempos, un 62% de los entrevistados expresa que hay más oportunidades en el sector que hace tan solo 3 años. Aspectos regulatorios, modificaciones en el consumo y el avance tecnológico, determinan la exploración y desarrollo de nuevas fuentes de generación de energía.

Nuestro país no ha estado ajeno a dicha realidad. Desde hace ya varios años se ha consolidado una política de Estado tendiente a diversificar la matriz energética, con el fin de expandir la capacidad de energía disponible y reducir los costos de producción, evitando la fuerte dependencia histórica del petróleo y de la energía hidroeléctrica.

La apuesta energética es diversa: parques eólicos, paneles solares, biomasa. Sin olvidarnos, del proceso de exploración de posibles fuentes de energía fósil impulsada a través de las Rondas I y II de ANCAP y de la planta regasificadora. A modo de ejemplo, la inversión eólica en el período 2010-2015 comprendió más de 20 parques por aproximadamente 7.000 millones de dólares (más del 3% de nuestro Producto Bruto Interno (PBI)), mientras que la generación de energía a través de biomasa constituyó el 36% de la energía total en 2014.

El desafío es sin dudas continuar en ese camino para consolidar una matriz energética eficiente y diversificada, con el propósito no solo de abastecer la demanda local sino de generar también fuentes adicionales de ingresos a través de la venta a países de la región. En dicho marco, las atractivas condiciones naturales de nuestro país han sido acompañadas con el otorgamiento de una serie de estímulos en materia impositiva. En efecto, al amparo de las facultades conferidas por la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, se han dictado decretos que promueven beneficios fiscales en materia de Impuesto a las Rentas (IRAE), Impuesto al Patrimonio (IP), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y tributos en la importación.

Respecto al primero de los impuestos citados, es importante considerar que los proyectos que incorporen inversiones destinadas a un uso más eficiente de la energía pueden obtener un mayor porcentaje y, en consecuencia, un mayor beneficio. Es así que, por ejemplo, la utilización de equipos de iluminación con tubos de tecnología LED, en el marco de un proyecto de inversión, genera puntos adicionales a los que se obtendrían sin su inclusión. Aspecto que debe ser evaluado por empresas de diversa índole al considerar la realización de inversiones: desde la remodelación de un local comercial, una oficina o la instalación de una planta industrial. Por su parte, el Decreto N° 354/09 otorga incentivos específicos para aquellos que inviertan en energías renovables, los cuales comprenden exonerar parte de las rentas obtenidas en base a escalas decrecientes –de 90% de la renta fiscal hasta 10% en cierto lapso– , sin perjuicio de que en algunos casos pueda ser más conveniente aplicar por el régimen del Decreto N° 2/12.

Las referidas disposiciones son algunas de las que encontramos dentro de un marco más amplio, que también comprende el fomento a la generación de energía solar térmica y un proyecto de ley - cuya sanción se prevé en estos días -, para promover la fabricación nacional de paneles solares para la generación de energía fotovoltaica.

Más aún, el Plan de Infraestructura para el quinquenio 2015-2019, anunciado hace pocos días por las Autoridades, indica que aproximadamente 4.230 millones de dólares serán invertidos en energía. En un contexto de enlentecimiento de la economía, este sector seguirá siendo seguramente un generador de empleo y de crecimiento para el país.

espacio pwcPablo Amaro
Asesoramiento Tributario y Legal, PwC Uruguay
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